Un bar emite un partido de la liga en abierto a sus clientes.
Un bar emite un partido de la liga en abierto a sus clientes. - EFE
SUCESOS

Pillados una decena de bares en Cádiz que emitían fútbol 'pirata'

La Policía Nacional ha intervenido más de 800 aparatos ilegales de establecimientos de toda España que ofrecían los partidos de la Liga sin tener licencia

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Ofrecían lo mismo que en otros bares pero a diferencia de los negocios de al lado, a ellos no les costaba ni un euro hacerlo. No pagaban los derechos ni las licencias obligadas por llenar sus establecimientos emitiendo en sus pantallas el fútbol en abierto como uno de sus mayores atractivos. Aprovechaban los partidos para hacer caja pero no abonaban nada a la Liga ni a las compañías que lo retransmitían. Hasta que han sido denunciados y pillados.

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha requisado más de ochocientos descodificadores ilegales utilizados por establecimientos públicos para la emisión fraudulenta de partidos de fútbol de la Liga en el marco de una investigación nacional, denominada 'operación Themis', en la que se han inspeccionado más de dos mil locales de toda España.

Según ha podido saber este periódico, en la provincia de Cádiz se han cazado a una decena de negocios que emitían el fútbol de esta manera 'pirata' de las 35 inspecciones que han realizado agentes de la Brigada Judicial de diferentes comisarías de la provincia. Jerez, La Línea, San Fernando y El Puerto han sido las localidades donde se han detectado establecimientos que cometían estas irregularidades. Otros negocios de Cádiz capital, San Fernando o Sanlúcar, entre otras, fueron supervisadas pero no actuaban de manera ilícita. A los propietarios de los negocios que han sido denunciados se les ha citado para declarar como investigados no detenidos.

La investigación se inició a finales de noviembre de 2018 cuando representantes legales de La Liga denunciaron a los titulares de diversos establecimientos públicos de diferentes puntos de España por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Los responsables de los comercios ponían presuntamente a disposición de sus clientes contenido protegido por la normativa de propiedad intelectual sin autorización, con lo que ocasionaban importantes perjuicios económicos a los titulares legítimos. Además, esta actividad ilícita no sólo afectaría negativamente a La Liga, sus clubes y los teleoperadores, sino también a los dueños de otros negocios que sí pagan las correspondientes tarifas por emitir esos contenidos en sus respectivos locales.

Según explica la Policía en un comunicado, cuando La Liga tuvo conocimiento de la actividad ilícita descrita, y con el objetivo de comprobar su veracidad, realizó las correspondientes inspecciones en los establecimientos infractores. Una vez confirmada formalizó la denuncia ante la Policía Nacional.

'In fraganti'

La Unidad Central de Ciberdelincuencia coordinó el operativo a nivel nacional para realizar las inspecciones necesarias durante la emisión de los partidos de cara a verificar los hechos denunciados y, en caso positivo, proceder a la desconexión de los dispositivos utilizados y la intervención del descodificador ilegal en su caso, así como a la citación del responsable del establecimiento para su toma de declaración en dependencias policiales.

Los agentes comprobaron que aproximadamente un 60 por ciento de los establecimientos inspeccionados se encontraba realizando esta actividad ilícita a través de diversas modalidades. La más común es la utilización de un descodificador «vitaminado», al que ilegalmente se le había alterado el ‘firmware’ para poder descodificar la señal privada y acceder a su visionado.

En la actualidad se continúa investigando para el esclarecimiento de estos hechos delictivos a través de los testimonios de los infractores y del análisis de los más de 800 dispositivos descodificadores intervenidos.

Los delitos que se atribuyen presuntamente a los responsables de los establecimientos que pudieran haber resultado intervenidos se encuentran tipificados en los artículos 270.1 como un acto de comunicación pública de contenido protegido y 286.4 del código penal (delito de defraudación al uso de las telecomunicaciones) y llevan implícitas penas de hasta 4 años de prisión.