Una carga de fardos de hachís decomisadas en Conil de la Frontera en otro operativo anterior.
Una carga de fardos de hachís decomisadas en Conil de la Frontera en otro operativo anterior.
TRIBUNALES | NARCOTRÁFICO

Penas de hasta cuatro años para unos narcos que usaban el puerto de Conil para alijar

Los hechos juzgados se remontan a hace seis años cuando los acusados fueron sorprendidos descargando fardos

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La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a una banda de narcotraficantes dedicados a alijar hachís desde las costas de Marruecos a las de Cádiz a penas que van desde los cuatro años y medio hasta el año de prisión por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

El Ministerio Fiscal solicitaba para ellos penas algo más elevadas pero finalmente los procesados aceptaron los hechos y llegaron a un acuerdo de conformidad para su condena, cuya sentencia ya es firme.

La Sección Primera considera por tanto como hechos probados que fruto de diversas investigaciones policiales se constató que uno de los acusados concertó con un marroquí de identidad desconocida el transporte de desde las costas marroquíes de una cantidad indeterminada de fardos.

Según acordaron, el plan previsto era que la carga tenía que ir escondida en botellas de oxígeno para buceo a fin de que no pudieran ser localizadas fácilmente en un posible control de las patrullas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

De esta manera, el procesado buscó a diferentes personas para que desarrollaran las labores de piloto y tripulante de las embarcaciones, habiendo sido identificados dos de ellos. Como destaca el fallo, estos investigados aceptaron participar en el alijo que les propuso el principal implicado a sabiendas de lo que hacían.

Contacto con el marroquí

Los tres acusados decidieron entonces un día de abril de 2012 para transportar la droga oculta en las botellas de oxígeno y tripularon una de las lanchas desde Tánger a la costa gaditana. Pero cuando se encontraban cerca de la playa de El Chinará, en Algeciras, fueron sorprendidos por una patrulla del Servicio Marítimo. Cuando se vieron interceptados, tiraron las botellas por la borda sin que posteriormente se pudieran recuperar.

Pese a este fracaso, el mismo acusado que había diseñado el primer plan, llevaba meses preparando un segundo alijo. En esta ocasión participó él mismo junto a otras cinco personas. Cada uno de ellos asumió una función diferente. Uno de ellos se hizo cargo de buscar y preparar la embarcación, que tendría un doble fondo para ocultar la droga. Otro, se encargó de alquilar una rampa en el puerto de Conil para amarrar la embarcación y además buscar un lugar para ocultarla una vez llegara cargada de hachís. De esta forma, llegó a firmar hasta tres contratos diferentes de alquiles de fincas de zonas rurales de Conil.

Una vez listos todos los preparativos, decidieron poner en marcha el plan el 8 de abril de 2012. La embarcación salió como se había previsto desde el puerto de Conil y cargaron los fardos en alta mar. Una vez de regreso, descargaron la droga en un todoterreno para llevarla a la finca que iban a utilizar de ‘guardería’. Sin embargo, agentes de la Guardia Civil que les seguían la pista los sorprendieron en uno de los viajes que realizaron.

Posteriormente se registró la finca y allí encontraron 281 paquetes de hachís, además de otros 90 fardos que iban en el coche. Además también se encontraron otras pruebas evidentes como libretas con anotaciones de cantidades de dinero y personas y sobre gastos donde se podían leer las palabras ‘garrafas’ o ‘recargas’. La droga incautada podría haber alcanzado en el mercado un valor de casi dos millones de euros.

Contra esta sentencia no cabe recurso ya que los procesados al llegar a un acuerdo de conformidad aceptaron su autoría sobre dichos hechos.

Este tipo de acuerdos pactados con la Fiscalía que evitan la celebración del juicio son muy habituales en casos referidos a delitos contra la salud pública. En este caso en concreto, los hechos se remontan a hace siete años por lo que las dilaciones en el procedimiento terminan beneficiando a los encartados. Además el hecho de que en la primera intervención no se pudiera recuperar la droga también ha podido ser determinante.