REPORTAJE

Narcos detenidos, ¿y ahora qué?

Los casos de narcotráfico se eternizan en los juzgados por la sobrecarga y los retrasos

Los asuntos se acumulan en engorrosos trámites judiciales ante la «falta de medios y procesos anticuados», denunciados desde hace años

Actualizado:

La actividad policial contra los narcotraficantes en el Campo de Gibraltar y en el resto de la provincia de Cádiz no descansa. Los graves incidentes sucedidos en las últimas semanas son tan solo la punta del iceberg de una problemática que lleva años dándose. No es nuevo. Ahora se cuentan o se graban escenas de película que corren de móvil a móvil o por las redes sociales de manera casi inmediata. Se comenta, se habla y se opina sin descanso. Sale en la televisión, sirviendo de contenido a programas de investigación, debates e informativos y todo se llena de reproches sobre la falta de medios o de otro tipo de políticas más completas que podrían ayudar a poner freno a una situación que se ha ido de las manos.

Pero tanto las fuerzas policiales que trabajan en la zona, como los colectivos antidroga y la Fiscalía llevan años avisando de que si a los que se dedican a traficar no se les ponía coto de alguna manera, la situación iba a reventar. La muerte esta semana de un niño de nueve años arrollado por una semirrígida que supuestamente se dedicaba a surtir gasoil a otras lanchas, empujó el jueves a miles de vecinos a manifestarse y lanzar un rotundo 'basta ya'. Si recuerdan, esto mismo ocurrió cuando falleció en una persecución a unos contrabandistas el policía local linense Víctor Sánchez. De ese trágico suceso hace ya casi un año y la situación no ha cambiado mucho.

Por un lado, los narcos o traficantes al uso no tienen intención de dejar de delinquir. Por otro, los agentes tratan de poner orden constantemente. Algunos caen, otros escapan. Pero, ¿a partir de ahí que ocurre?, ¿una vez engrilletados los que son detenidos, pagan por lo que han hecho y el peligro y riesgo que se han causado tanto a ellos mismos como a quienes velan por la ley? Estos arrestos, las investigaciones que se han realizado, pasan a los juzgados y ahí es donde se decide el futuro de estas personas. Si vuelven de nuevo a la calle, o si hay pruebas suficientes para que pasen un tiempo alejados de ella.

Y aquí es donde al parecer se complica todo. «Es un auténtico cuello de botella», dicen. Los juzgados, sobre todo aquellos de las zonas más calientes (Algeciras, La Línea, Sanlúcar, Barbate, Cádiz...) están saturados de casos relacionados con el narcotráfico. Siguen llegando asuntos, pero éstos se ponen encima de otros que están atascados o paralizados sin resolverse, pendientes de gestiones y más gestiones.

Los profesionales de la justicia, con fiscales y jueces a la cabeza, están pidiendo reiteradamente más medios para poder atender con una mayor celeridad y eficacia a la ciudadanía en estos y otros asuntos, pero estos retrasos también se producen por la propia maquinaria burocrática con la que se tienen que resolver cientos de causas para garantizar todas las garantías legales exigidas.

Asuntos de hace diez años

Unos y otros condicionantes provocan que los casos se eternicen y se retrasen tanto las instrucciones como las vistas que tienen que procesar a los investigados. Según indican las fuentes consultadas, en Barbate por ejemplo hay asuntos pendientes desde el año 2007, cuando se produjeron los hechos. Más de diez años después, ni se ha celebrado el juicio ni tan siquiera la Fiscalía ha podido presentar aún su escrito de acusación. Pero no solo ocurre en Barbate sino en otras sedes donde los acusados no llegan a sentarse en el banquillo hasta pasados varios años. Este mismo lunes la Audiencia Provincial de Cádiz acogerá un juicio contra una supuesta banda de narcos cuya detención se produjo en una importante operación desarrollada por la Guardia Civil en 2014, hace cuatro años.

La maraña de causas que complican la agilidad de estos entramados judiciales es compleja. Uno de estos motivos es puramente formal. A los acusados hay que notificarles uno a uno y en persona el auto de procedimiento abreviado (una de las fases iniciales para la celebración de la vista). Y para eso hay obviamente que encontrarlos. «Se las saben todas. Muchas veces dan domicilios de familiares y les dicen que no digan ni cojan nada», explican las mismas fuentes. Cuando esto ocurre y no se puede cumplir con este trámite se tiene que dar aviso a la Policía Nacional para que les encuentren o enviar exhortos a otros juzgados si es que se han desplazado en ese tiempo a vivir a otra ciudad. En el primer caso se ordena la busca y captura y si siguen empeñados en no aparecer se les declara en rebeldía y se les separa de la causa hasta que se le pueda juzgar. Todo este ir y venir lleva su tiempo ya que son cientos los nombres que se encuentran en esta situación, papeleos y envíos que hay que hacer cuando el reloj ya está marchando.

Notificarles los autos, que tiene que ser en persona, es otra traba más. Pueden pasar meses para encontrar sus domicilios

Otra de las cuestiones que complican los juicios a narcos es que hablamos de organizaciones criminales que se enriquecen de manera fraudulenta con el tráfico ilícito de droga. Es decir, la mayoría de las veces no solo se les juzga por un delito contra la salud pública, sino que también se tiene que intentar probar que son un grupo jerarquizado (pertenencia a grupo criminal) donde cada uno tiene una función (punto, guarda, piloto, cargador, proveedor, cabecilla...) y además que han ganado dinero y han invertido en bienes sin declararlo.

Las investigaciones por blanqueo son muy costosas ya que hay que hacer un minucioso estudio patrimonial no solo de los encartados sino también de familiares y gente de confianza a las que en multitud de ocasiones utilizan de testaferros. Cómo compraron ese chalet, los coches, los locales... un largo etcétera en el que también hay que indagar. Es un trabajo puntilloso y lento que necesita de recursos. De tiempo y de gente que lo haga. Los investigadores de delitos económicos y fiscales de Policía Nacional y Guardia Civil también se encuentran saturados. Según denuncian, sus equipos especializados no son suficientes amplios para realizar esta laboriosa tarea que también va en aumento tan rápido como quisieran. «Ellos (los narcos) sí tienen gente a su servicio que les dice cómo tienen que hacerlo y disponen del tiempo que quieren».

No solo queda en un alijo sino que hay que indagar en sus patrimonios para saber si han blanqueado

Debido a este otro 'lastre', en muchas de estas causas (que se suelen declarar complejas para ampliar plazos) se separa en dos el procedimiento. Por un lado, se les juzga por salud pública y por otro, de blanqueo de capitales. Pero en algunos casos dicha división es imposible porque los hechos están demasiados relacionados entre sí. No se puede explicar una cosa sin la otra.

En el aspecto más estructural también la falta o los traslados de funcionarios de uno a otro juzgado es otro escollo. Los trabajos formales que realizan son imprescindibles para que los procedimientos sigan su curso en un tiempo prudencial. A la mínima incidencia o baja, el ritmo vuelve a pararse. En el caso de los fiscales, parte fundamental del proceso, cada vez llevan más asuntos y además deben de controlar los plazos o, por ejemplo entre otras obligaciones, responder a constantes recursos o informes de puesta en libertad que piden los abogados, lo que les hace estar continuamente pendientes de estas cuestiones ‘técnicas’, a la vez que intentan avanzar a duras penas en estos y otros procedimientos que tienen sobre la mesa.

Ante esta situación hace años se solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se crearan unos juzgados especializados en narcotráfico. De momento esta solicitud no se admitió y es más, en municipios asolados por esta problemática los juzgados son mixtos, es decir, que no solo atienden temas de tráfico de drogas y otros penales sino también causas de diversas disciplinas. Sin embargo hay quien no tiene ninguna esperanza de que la creación de que dichos juzgados específicos sea la solución tras la alternativa que se dio en este sentido a las cláusulas suelo. «Si los van crear para saturarlos como ése mejor que no los hagan», matiza una profesional del área.

Las dilaciones reducen las condenas. «A veces en un año o dos se ven otra vez en la calle y creen que les ha salido a cuenta»

Los efectos

Las consecuencias de estos retrasos en investigaciones y procedimientos son muchas como por ejemplo que los testigos no recuerden del todo los hechos al ser preguntados, o que los agentes actuantes también tengan que esforzarse en atar detalles de asuntos que trabajaron años atrás. Pero una de las más directas es la reducción de las condenas por dilaciones, un atenuante que se aplica a menudo y que disminuye las penas a los procesados por el tiempo que han estado esperando a que se celebre el juicio. Depende del retraso se les baja en uno o dos grados. Se ha dado la circunstancia de que esta rebaja por un delito de salud pública les ha librado de prisión por no exceder el máximo de dos años. Muchos llegan a un acuerdo de conformidad aceptando su culpa ante el fiscal quien, a la vista de todas estas circunstancias, intenta asegurar la condena.

«Esto les hace tener la sensación de que hagan lo que hagan no les va a pasar nada», cuenta otra fuente judicial acostumbrada a vérselas con narcos. «Al año salen de prisión y vuelven a lo mismo porque les ha salido a cuenta». Solo hay que revisar las últimas detenciones y afrontar que la realidad es esa. La mayoría de los investigados por este tipo de delitos y por haber agredido a agentes tienen un amplio historial de antecedentes. Están encerrados en ese círculo vicioso del que es complicado que salgan algún día.