Informe de la ONG Apdha

Un millar de inmigrantes perdieron la vida en 2018 en la frontera sur de España

La cifra de muertes es cuatro veces mayor a la de 2017 y un dato «horrible» solo visto durante la denominada crisis de los cayucos en 2006

Más de 64.000 personas lograron llegar a costas españolas, aunque nuestro país sigue siendo solo lugar de paso

CádizActualizado:

La radiografía de la inmigración a lo largo de 2018 en la Frontera Sur arroja un panorama desolador. Más de 64.000 personas lograron alcanzar suelo español en busca del sueño europeo, más del doble del año anterior, pero la suerte no fue igual para todos. Unas 1.064 personas perdieron la vida o desaparecieron en ese intento, cuatro veces más que las cifras registradas en 2017 y un dato «horrible» solo visto durante la denominada crisis de los cayucos en 2006. «Se trata de una situación desgarradora e intolerable para cualquier sociedad democrática», denunció la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que criticó que el gobierno socialista mantenga las políticas «criminales».

La organización dio a conocer su informe Frontera Sur, en el que constatan que la inmigración irregular ya ha costado más vidas que, por ejemplo, las causadas por la banda terrorista ETA durante décadas, indicó uno de los autores del informe, Rafael Lara, que se preguntó que «cómo es posible que nadie diga nada, ni nadie actúe, ni haya condolencias ni una investigación para ver cómo se puede evitar». Para la entidad, este «altísimo coste» en vidas humanas es «intolerable» en democracia. La asociación ha podido certificar 499 muertes durante 2018, a las que se suman 565 desapariciones. Todas ellas ocurridas entre las costas andaluzas, Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y el Levante español. Una cifra similar a la suma de los últimos cinco años, explicaron.

 Sin embargo, pese al incremento de llegadas por nuestro país, la cantidad total de personas que han accedido de manera irregular a territorio europeo ha descendido significativamente desde el 2015. A esto se suma que los datos del instituto de Estadística confirman que el grueso de quienes llegan no se queda en España, que sigue siendo un país de tránsito.

Según los datos de Apdha, la grave crisis «social, económica y política» que vive Marruecos, unido al cierre de las rutas del Este y centro del Mediterráneo por «los vergonzosos acuerdos de la UE con Libia y Turquía» son las principales causas de este aumento de las llegadas a territorio español. El grueso de esas llegadas, 57.537, se produjo por vía marítima, especialmente por la costa andaluza. Unas cifras que, sin embargo, reflexionaron los responsables de la asociación, no avalan los discursos alarmistas de algunos partidos políticos, que llegan a hablar de «avalancha» o «invasión» para justificar actitudes «xenófobas» en busca de «réditos electorales». «Un país de 46 millones de habitantes puede gestionar perfectamente la llegada de 64.120 personas sin dificultad alguna, cantidad que no completa, por ejemplo, el aforo del Estadio Santiago Bernabéu», resaltaron desde la entidad, «es una cifra perfectamente gestionable que en nada se parece a una invasión. Tenemos una invasión del 0,1%», ironizaron a continuación.

Países subsaharianos

 El informe constata también que, al igual que en años anteriores, la mayoría de los inmigrantes que llegan de manera irregular proceden de países subsaharianos, debido precisamente al cierre de la ruta oriental, aunque la marroquí sigue siendo la nacionalidad con mayor presencia, el 21% de las llegadas. Destaca también el importante descenso de las llegadas de personas sirias, que ya solo representan el 2,4% del total, y de las de origen argelino, que si en 2017 fueron la segunda nacionalidad en este año se sitúan en quinta posición.

La asociación criticó que, pese a los avisos desde diversos organismos internacionales y la tendencia al alza en las llegadas, la gestión del Ejecutivo socialista es «aún más inmoral» porque no se han puesto los medios para evitar lo que consideran un trato «indigno» y ha quedado en evidencia «la falta de un sistema de acogida y la improvisación de un aparato volcado en la detención y expulsión», resaltó Carlos Arce, coordinador del área de Migraciones. Así, Apdha denunció que el «caos, la falta de recursos y la improvisación han provocado gravísimas violaciones de derechos humanos en nuestra frontera sur», especialmente sangrantes en casos de menores, a los que se ha visto «atados con bridas o durmiendo en cubiertas de barcos» o de los que se ha solicitado «la repatriación sin garantías, incumpliendo la debida protección a la infancia».

En este sentido, Lara reprochó que el Gobierno de Pedro Sánchez «continúa la política criminal que provoca miles de muertos en toda la UE», cuya «falta de respeto a los derechos humanos» se ha materializado en el control y la limitación de Salvamento Marítimo, la expulsión de personas en situación irregular, las devoluciones en caliente o el bloqueo de los barcos de las oenegés Open Arms y Aita Mari. «Representan otra vuelta de tuerca de las mismas políticas inhumanas que vienen practicando los sucesivos Gobiernos españoles y la propia UE», señaló.