Andres Beffa (derecha) entra en los juzgados cuando acudió en marzo acompañado de su abogado. Atrás, el director técnico.
Andres Beffa (derecha) entra en los juzgados cuando acudió en marzo acompañado de su abogado. Atrás, el director técnico. - ANTONIO VÁZQUEZ
PROVINCIA

Los máximos responsables por el presunto fraude millonario de bomberos en Cádiz, ante la jueza

El expresidente del Consorcio y el exgerente declaran en el juzgado sobre su supuesta implicación en esta compleja trama y mantienen su inocencia

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El expresidente y el exgerente del Consorcio de Bomberos, Andrés Beffa y Javier Otalora, han pasado este jueves por los juzgados de San José. La titular de instrucción del número 3 de la capital gaditana les ha tomado declaración como investigados por el presunto fraude cometido en el ente provincial que, de confirmarse, habría supuesto a las arcas públicas la pérdida de más de ocho millones de euros, según determina la Unidad de Delitos Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz que lleva el caso.

Ya en marzo del pasado año, tanto Beffa como Otalora y otros implicados fueron llamados al juzgado pero en aquella fecha se acogieron a su derecho a no declarar. Ahora se han presentado de manera voluntaria. Según ha explicado su abogado, Felipe Meléndez, "es un caso muy complejo de explicar en unas declaraciones" por lo que han preferido tomarse un tiempo para poder presentar unos escritos con los que han ido respondiendo una a una todas las acusaciones que se les imputan. Los investigados han mantenido ante las preguntas, solo de su letrado, su inocencia en los hechos.

Ya el pasado martes la jueza tomaba declaración al director técnico y al exdirector de servicios estratégicos y este jueves hacían lo propio el expresidente, el exgerente y el jefe de formación del Consorcio.

En el marco de la ‘operación Flama’, como se bautizó esta presunta trama, hay catorce investigados. Doce de ellos fueron detenidos como supuestos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios, una ristra de acusaciones cuyo perjuicio económico pudo ser de unos ocho millones de euros.

La investigación de este caso comenzó cuando el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) denunció en mayo de 2013 ante la Fiscalía Provincial estas supuestas irregularidades que se vendrían cometiendo desde años atras. Se habían percatado de la contratación por parte de los directivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz (CBPC), de un plan de previsión social por el que se garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del consorcio un salario creciente hasta los 65 años. Según denunciaron había «una diferencia abismal» entre unos beneficiarios y otros de la póliza. Los presidentes del Consorcio no se beneficiarían de esta póliza, aunque sí otros directivos.

Posteriormente en una ampliación de la denuncia, también se aireaban unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del CBPC a través de una sociedad afincada en Madrid llamada Formatekno. Y se ponía además la lupa en un sospechoso acuerdo regulador de las relaciones de los empleados, justo elaborado tres años antes, del año 2010, que podría haberles dado presuntamente ‘carta blanca’ para cometer estas conductas ilícitas.

El escándalo saltó a la luz pública hace justo un año después de que transcendiera la investigación que estaba desarrollando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz y que acusaba a varios antiguos y actuales directivos de la entidad en uno de los casos que, de confirmarse las acusaciones, ha podido costar mucho dinero a las arcas públicas de la provincia.