EDUCACIÓN

La lucha entre la concertada y la pública marca el nuevo periodo de matrícula en Cádiz

Ambos colectivos de padres se sienten discriminados por la Junta de Andalucía y le reclaman más recursos

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El curso escolar no comienza en septiembre, sino en el mes de marzo con el inicio del proceso de matriculación. Así, desde 1 de marzo los colegios han aceptado las solicitudes de los padres que quieren que sus hijos se incorporen al sistema escolar con tres años. Y un año más, vuelve la polémica sobre la escolarización en centros concertados y públicos, en especial por los agravios que los padres de ambos colectivos creen que se cometen hacia ellos. La reducción de la natalidad y el hecho de que sobren plazas en muchos colegios, lejos de ser la panacea, ha traído nuevos problemas.

Aún no hay cifras en lo que se refiere a las matriculaciones en centros sostenidos con fondos públicos en la provincia de Cádiz, pero en las primeras aproximaciones se ha notado que se confirma la tendencia a la baja registrada en los últimos años. El año pasado, comenzaron el curso en la provincia 272.070 alumnos, sentados frente a 14.183 profesores. En el caso de la capital, se produjo la circunstancia de que sobraban 275 plazas en Infantil, lo que condujo a un amplio debate sobre qué hacer con los colegios en los que apenas se habían registrado peticiones. Cuatro en especial, la Institución, Andalucía, Gadir y Adolfo de Castro están en una situación más que delicada. El año pasado la Institución y Adolfo de Castro sólo tuvieron una petición en Infantil, cifra que asciende a tres y cuatro en el caso de Andalucía y Gadir. Se da la circunstancia de que los cuatro centros son públicos.

En el lado opuesto se situaron, el pasado curso, también en la capital, San Felipe Neri, Amor de Dios, Salesianos, María Milagrosa-La Palma y Reyes Católicos, que fueron los únicos en los que la demanda superó a la oferta. De los cinco, cuatro son concertados y sólo el Reyes Católicos es público.

La pública, en pie de guerra

Antes de que se haya configurado de forma oficial el mapa educativo del próximo curso, la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Escuela Pública de Cádiz (Flampa-Gades) ha denunciado un trato de favor hacia la concertada «de partida» ya que en la capital se ofertan más plazas en centros de titularidad ajena a la administración que en públicos.

Así, el colectivo subraya que los centros públicos van a ofrecer 500 plazas mientras que los concertados tendrán 251. A tenor de estas cifras, sospechan que se estaría previendo el el cierre de plazas en la pública «antes incluso de conocer la demanda que tendrán estos colegios». En la misma línea de denuncia se situó la delegada de Enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, que no dudó en tildar de «escandaloso que se plantee el cierre de líneas de centros públicos antes de que concluya dicho proceso».

Frente a estas declaraciones, desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía (que, recordemos, está gestionada por Ciudadanos) señalan que es osado hablar de cierre de unidades cuando aún no se sabe con exactitud qué colegios son los más demandados y que no hay ninguna decisión tomada a la espera de ver el total de solicitudes. Lo que sí confirman es que no habrá nuevos conciertos con la educación privada en Educación Infantil de segundo ciclo (de 3 a 6 años).

«Es escandaloso que se plantee el cierre de aulas en la pública con el proceso abierto», se quejan en el Ayuntamiento de Cádiz

Desde la Delegación, no obstante, sí han indicado que este año, en la provincia de Cádiz, habrá nueve centros que se adherirán al ‘Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer Ciclo de Infantil en Andalucía’, por la que la Junta promueve la escolarización de niños de hasta 3 años. De los nuevos centros concertados, tres estarán en Jerez y uno en Chiclana, Guadacorte (Los Barrios), Bornos, Jédula (Arcos), Sanlúcar y Conil.

Para saber con exactitud qué colegios han sido los más demandados habrá que esperar al 10 de abril, cuando los centros deben indicar qué niños han sido admitidos y los puntos que han obtenido. El 11 comenzará el periodo de alegaciones y el 13 de mayo se celebrará un sorteo para dirimir los empates si los hubiera. El 21 de mayo se publicará el destino de los niños que se hayan quedado fuera de la primera opción, si bien en la Junta indicaron el año pasado que el porcentaje de pequeños aceptados en el centro que sus padres marcaron como primera opción era superior al 90%.

Las quejas de la concertada

Por lo general, los centros de la educación concertada huyen de la polémica y prefieren mantenerse en un discreto segundo plano. Son los padres que han apostado por la educación concertada los que expresan las quejas y las demandas de este colectivo. María Luisa Lucena es la representante de Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos) en Andalucía y su vicepresidenta 1ª a nivel nacional. De entrada, niega la posición de privilegio que le atribuyen a la concertada en la provincia de Cádiz. «El gasto de la administración por estudiante en la concertada es la mitad que en la pública, eso supone que en muchos casos tenemos instalaciones antiguas, colegios que no pueden hacer reformas por falta de fondos». «Frente al discurso fácil y los tópicos, lo cierto es que la concertada es la hermana pobre de los colegios sostenidos con fondos públicos», afirma Lucena.

«Los colegios concertados seguimos siendo el hermano pobre de la educación», sostienen desde Concapa

La representante de los padres de la concertada se muestra cauta a la hora de valorar las declaraciones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, que ha pedido en varias ocasiones a los padres que apuesten por la educación pública en detrimento de la concertada: «Creo que los políticos deberían de omitir ese tipo de valoraciones y dejar a los padres elegir en libertad». Eso sí, denuncia la «discriminación» que sufren estos colegios en la ciudad, «que quedan excluidos de muchas actividades que realizan la administración local».

En lo que se refiere al debate sobre las unidades de Infantil que podrían cerrarse en los colegios públicos, Lucena llama a «hacer una reflexión de por qué los padres no quieren matricular a sus hijos en determinados colegios, la administración debe ser autocrítica». En ese aspecto, subraya que «no tiene sentido destinar tantos recursos a mantener aulas vacías cuando, como recoge el informe PISA, hay tantas carencias en nuestro sistema educativo». La representante de Concapa incide en que hay un compromiso de equiparación de la educación pública y la concertada con el actual gobierno «y estaremos muy atentos para que se cumpla este compromiso en estos años».