PLAN BAHÍA COMPETITIVA
La jueza investiga si las subvenciones acabaron en cuentas de Luxemburgo
El cerebro de la trama, el empresario gallego Dávila Ouviña, dice que enterró las ayudass del Plan Reindus en un proyecto fallido
Los principales cerebros de la trama 'Bahía Competitiva' prestaron declaración este martes ante la titular del juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, que trata de arrojar algo de luz al fraude millonario detectado en Cádiz durante la primavera de 2011 en la concesión de ayudas públicas . El primero en entrar en los juzgados de San José fue el supuesto muñidor de la red y especialista en cazar subvenciones, el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, que logró ayudas del Ministerio de Industria por más de 14 millones de euros entre los años 2009 y 2010 para empresas que nunca montó en la Bahía de Cádiz.
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Ouviña fue detenido en la localidad coruñesa de A Pobra en noviembre de 2011, donde prestó declaración en su momento ante la Policía y el titular del juzgado de Primera Instancia de Ribeira, que dictó orden de prisión. El empresario abandonó la cárcel cinco meses después tras pagar una fianza. El juzgado gallego se inhibió más tarde en favor del juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, donde ayer prestó declaración por segunda vez. Dávila Ouviña reconoció sin tapujos haber solicitado entre 2009 y 2010 un paquete de ayudas públicas con cargo al Plan Reindus del Ministerio de Industria para poner en marcha en la Bahía de Cádiz tres grandes proyectos vinculados a las energías renovables, entre ellos una fotovoltaica. En esos dos años recibió unos 14 millones de euros en subvenciones, sin embargo, la inversión anunciada nunca se llevó a cabo y el dinero se volatilizó. El fiscal Anticorrupción Manuel Luis Arjona trató sin éxito de que Ouviña recordara el destino final de esas subvenciones, sin embargo, el empresario aclaró que se limitó a invertir el dinero en un proyecto empresarial fallido. En este sentido insistió en que no se quedó con un solo euro .
Ouviña niega ante la juez que se llevara un euro de las ayudas públicas para reindustrializar la Bahía
La versión que facilitó ayer Dávila Ouviña en el juzgado choca con los movimientos que se detectaron en varias de sus cuentas antes de que saltara el escándalo.Precisamente el lunes fueron llamados a declarar en calidad de testigos dos interventores bancarios donde Ouviña tenía cuenta. Los agentes de la Udyco de Sevilla que llevaron la investigación comprobaron, según consta en sus diligencias, que en esos años se movieron de las cuentas de Ouviña unos 10,6 millones de euros. Los agentes aclaran que «el rastro del dinero se pierde en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales , mientras que otras cantidades se esfuman en fondos de inversión y el resto fluye de una cuenta a otra». El empresario insistió ayer en que este movimiento económico era fruto de la actividad de sus empresas.
Desvío a paraísos fiscales
En esta compleja partida aparece una figura clave en el puzzle. Se trata de Joaquín Arespacochaga, inspector de Hacienda en excedencia y miembro de una conocida familia de Madrid. La justicia trata de aclarar su vinculación con Dávila Ouviña pero todo apunta a que su misión fue, presuntamente, la de tejer una red de sociedades mercantiles para desviar a paraísos fiscales el dinero público obtenido de las subvenciones. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron los agentes de la Udyco y todo ello gracias al uso de sociedades ‘offshore’, cuentas en Suiza, intermediarios y notarios complacientes, un sistema que había podido estudiar desde el otro lado, durante su etapa en el cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado. No se descarta que buena parte de los fondos defraudados del Plan Bahía Competitiva fueran colocados en Luxemburgo.
Par ello era necesario también contar con un notario que firmara las escrituras de constitución de las sociedades opacas llamadas a blanquear el dinero en paraísos fiscales. De esta forma, el juzgado gaditano, a través de la Fiscalía Anticorrupción, ha llamado a declarar al notario madrileño Juan Díaz, que dará su versión este miércoles en el juzgado.
El cerebro financiero pudo colocar el dinero en Luxemburgo gracias a un entramado societario
La investigación sostiene que el notario dio el visto bueno a las operaciones mercantiles mediante las cuales se enmascaró el desvío ilícito de dinero . En su despacho se habrían firmado operaciones fraudulentas de ampliación de capital y transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura compleja de ingeniería financiera.
Las empresas que solicitaban las ayudas públicas eran vendidas a sociedades con sede en Luxemburgo que, semanas después, solicitaban ampliaciones de capital. De tal manera que los especialistas en blanqueo de la Policía Nacional se encontraron con un entramado societario de centenares de empresas, erradicadas en paraísos fiscales y donde ha sido imposible encontrar el rastro de parte de los fondos defraudados.
A los tres cerebros de la trama ( el conseguidor de las subvenciones, Dávila Ouviña, el financiero, Joaquín Arespacochaga, y el notario, Juan Díaz Herrera) hay que sumar la participación en la red de altos cargos de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz . Los políticos pudieron caer en una trampa bien por error, interés o incluso por ignorancia. No hay que olvidar que la inversión de Ouviña en Cádiz se anunció dos años después del cierre de Delphi. De lo que se trataba entonces era de captar inversores privados a toda costa que favorecieran el empleo en la Bahía. La picaresca hizo el resto. Los responsables públicos incentivaron la llegada de inversión a golpe de ayudas públicas y no activaron los mecanismos para su control . Entre 2009 y 2010, Ouviña concibió «un plan megalomaníaco para la instalación unas 10 sociedades en la localidad de Alcalá de los Gazules, lo que obligaba a la construcción de un polígono industrial». Los políticos vieron esta iniciativa con muy buenos ojos y dieron luz verde sin advertir de que Ouviña vendía humo. Está claro que el empresario gallego no actuó solo.
En total serán once personas vinculadas a la trama 'Bahía Competitiva' las que pasen por el juzgado estos días. El caso se encuentra en su última fase de instrucción tras seis años de investigaciones. De momento, el dinero defraudado no ha aparecido.
La jueza toma declaración al notario que, presuntamente, facilitó la creación de las sociedades
El 'Caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir el Ministerio de Industria un justificante y denunciar la Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la Udyco detuvieron en la localidad de A Pobra, en la costa coruñesa, a Dávila Ouviña . En verano de ese año, el BOE hizo pública la resolución del Ministerio de Industria por la cual se ordenaba el reintegro de 14,5 millones de euros concedidos a tres empresas en el marco del Plan Reindus para la creación de actividad empresarial y empleo en la Bahía de Cádiz.
Las tres sociedades que solicitaron ese paquete de ayudas públicas venían del brazo de Ouviña, que no tuvo éxito con la administración gallega y que, sin embargo, logró convencer a los responsables de canalizar esas subvenciones en Cádiz. Le otorgaron ese dinero en las convocatorias de 2009 y 2010 y también para que once empresas suyas volvieran a probar suerte al año siguiente. Todo apunta a que Ouviña era el conseguidor de las ayudas fraudulentas y detrás de él actuaba una red para colocar el dinero fuera del control del fisco.
