TRIBUNALES

Los investigados del 'caso Obra Nueva' se enfrentan a penas de hasta dos años de cárcel

La Fiscalía acusa a los implicados de formar parte de una trama que intentaba 'salvar' viviendas ilegales en Chiclana por prescripción emitiendo certificados falsos

Además, ofrecían supuestamente a los compradores financiación para construirlas «sin problemas» ya que la prueba de su existencia ya se había resuelto con las escrituras amañadas

M. Almagro

La Fiscalía de Cádiz ha emitido acusación sobre uno de los mayores escándalos que se dieron en el orden urbanístico de la provincia, o más bien, en su desorden. Se trata del conocido como 'caso Obra Nueva' que destapó en 2007 una presunta trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable en Chiclana, sobre las que los imputados realizaban escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas que en realidad no existían con el supuesto objetivo de que estas viviendas ilegales pudieran eludir el ser demolidas o sus propietarios sancionados. Entre estos investigados se encuentra algún arquitecto, varios aparejadores, tasadores y empleados de banca .

El Ministerio Público acusa finalmente a cuarenta personas como supuestos autores de los delitos de falsedad en documento oficial y falsedad en documentos privados, en el caso de 17 de estos investigados. El juicio que se celebrará próximamente con la participación de hasta 45 testigos no tiene de momento fecha.

Como recuerda la Fiscalía los hechos se remontan a los años 2006 y 2007. Los acusados reseñados adquirieron fincas en suelo rural de Chiclana sobre las que se procedía al otorgamiento de escrituras públicas que declaraban la existencia de obras nuevas, que en realidad no existían. Para ello contaban con la participación de arquitectos y arquitectos técnicos que emitían los pertinentes certificados falsos donde hacían constar que las fincas transmitidas contaban con edificaciones y que éstas tenían más de cinco años de antigüedad. El objetivo era que, por el transcurso de los plazos de prescripción , no pudiera desarrollarse contra estas viviendas ilegales actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad como por ejemplo órdenes de derribo.

A continuación, los acusados procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y, en ocasiones, vendían las parcelas resultantes.

En la medida en que en algunos de estos terrenos no había edificaciones, se ofrecía a los acusados compradores financiación para construirlas «sin problemas» ya que la prueba de su existencia ya se había resuelto con las escrituras y su inscripción en el registro de la propiedad.

Según la investigación, este último trámite lo lograban a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes, logrando así la constitución de dichas hipotecas, cuando en realidad lo que estaban obteniendo era el dinero necesario para su edificación. Todo ello, como indica la acusación, se hacía, con pleno conocimiento y en connivencia por parte de los adquirentes investigados y con perjuicio económico de las entidades bancarias concesionarias del préstamo hipotecario.

Datos falseados

La investigación, que realizó el Equipo Contra la Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, se puso en marcha en mayo de 2007, después de que un particular presentara una denuncia ante el Ministerio Público. Al parecer, este vecino había dado un poder notarial a un corredor inmobiliario para que le vendiera una de esas fincas. Sin embargo, al tiempo se dio cuenta que habían falsificado sus datos y los habían usado para vender otras casas ubicadas en otra parcela segregada mientras que en sus terrenos no se había construido nada.

La Fiscalía solicita para los investigados penas que van desde los 2 años y 3 meses de prisión a los 6 meses . Hay que tener en cuenta que el tiempo transcurrido desde que se abrió el procedimiento, 13 años, obligará seguramente a atenuar las penas ya que concurre la atenuante de dilaciones indebid as.

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