REPORTAJE

Humo negro en Bomberos de Cádiz

El supuesto fraude millonario en el Consorcio,que pudo costar a las arcas públicas unos ocho millones de euros, sigue resolviéndose ante la justicia

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Será la justicia la que decida si los supuestos implicados en el escándalo del presunto fraude cometido en el Consorcio de Bomberos de Cádiz, o más bien, a través de él, dejan de ser o no supuestos y presuntos. Es decir, si los catorce investigados, entre los que se encuentran importantes exresponsables y también algún actual directivo de este ente público, se aprovecharon de sus altos cargos en beneficio propio. Como para hacerse a medida un seguro privado y solucionarse la vida en su jubilación, o si saltándose todos los procedimientos legales oportunos, dieron a dedo a una empresa externa funciones de formación. Será, por tanto, la jueza instructora la que, según las pruebas aportadas y los testimonios que le expongan, decida sobre la autoría real de esta maraña llena de estrategias con diferentes fines, engorrosa y complicadísima, que ha provocado que las pesquisas para resolverla se hayan dilatado durante cuatro años.

Hasta que ha llegado al juzgado. Esta semana terminaba la toma de declaraciones a todos los imputados. El jueves lo hacían los máximos responsables del Consorcio en la fecha de los hechos. El expresidente Andrés Beffa y el anterior gerente Javier Otalora defendían ante las preguntas, solo de su abogado, su inocencia en esta causa. Ambos exdirectivos fueron llamados a comparecer en marzo del año pasado pero entonces prefirieron esperar para dar sus explicaciones y ha sido ahora cuando se han presentado voluntarios a exponer su versión ante la jueza. También se le tomaba declaración al director de formación, y el martes, a otros dos supuestos implicados: el director técnico y el exdirector de servicios estratégicos. Con estas citaciones ya se ha concluido esa fase de instrucción. Aunque todavía queda por delante mucho trabajo que hacer.

Toda esta investigación se enmarca dentro de la llamada 'operación Flama' que ha sido comandada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz que ya ha entregado al juzgado que instruye el caso todos los informes de este delicado asunto. Según ya se informó, hay catorce supuestos implicados. Doce de ellos fueron detenidos como presuntos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios, una ristra de acusaciones que, según han comentado algunas fuentes a este periódico, podrían ser solo la punta del icerberg de una trama que, de confirmarse todo lo apuntado por la Policía, se convertiría en uno de los mayores escándalos de corrupción económica de los últimos años acontecidos en la provincia.

Un «agujero» a las arcas públicas

De momento lo que ha transcendido y que está por demostrar judicialmente es que este presunto fraude pudo hacer un agujero en las arcas del Consorcio, es decir, en el presupuesto público de un servicio tan importante para la ciudadanía como es Bomberos, de casi ocho millones de euros.

La investigación arrancó en 2013. Entonces, ante las sospechas de lo que creían que podía estar pasando el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial. Según expusieron se habían percatado de la existencia de un seguro privado contratado por los directivos del que nadie les había informado. Se trataba de una póliza de jubilación anticipada para los funcionarios operativos. Entre otras cosas les sorprendió que había una diferencia «abismal» entre unos beneficiarios del seguro y otros. Les extrañó también el silencio que se había guardado al respecto si, según les habían dicho después, era un plan para todos.

Además, en una ampliación de la denuncia posterior se señalaron como dudosos unos cursos de formación que también se contrataron con una empresa externa y un acuerdo regulador que se había firmado poco tiempo antes y que, como denunciaron, pudo dar 'carta blanca' a los presuntos implicados para toda esta toma de decisiones. Este convenio, con una duración de diez años, se firmó en 2010 y llevó incluso a los bomberos a manifestarse en la calle contra él justo el mismo día que se rubricó. Denunciaron que todo se había perpetrado tras romper de forma unilateral la plataforma sindical y haciendo un referéndum que, según aseguraron, había sido irregular porque, entre otras cosas, votaron contratados laborales en un convenio que era de funcionarios.

Tras pasar por Fiscalía, la UDEF de Cádiz se puso manos a la obra para dilucidar si detrás de todas esas sospechas podía haber ciertamente conductas delictivas. Después de laboriosas gestiones concluyeron que entre los años 2008 y 2014 principalmente sí pudo existir una trama de corrupción. Toda esta información y las pruebas recabadas son las que llevaron al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gaditana quien dirige el caso desde 2014.

La investigación policial se centró en descubrir cómo y quiénes habían cometido estos supuestos delitos. Según la Policía, los hilos los manejaron las personas que entonces dirigían el CBPC–algunos continúan en sus cargos–. Además pusieron también su lupa en ese acuerdo regulador que, entienden, fue el «origen de todo». Gracias a él por ejemplo se contrató el cuestionado seguro llamado Plan de Previsión Social, que básicamente, garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del Consorcio una renta salarial creciente hasta su 65 cumpleaños. Los investigados han declarado que todo se hizo conforme a la ley y que no hubo ninguna irregularidad en su tramitación.

El seguro se contrató con la empresa Aviva. Según sostienen los investigadores, esta póliza garantizaba una pensión complementaria a la pensión ya fijada de la Seguridad Social que recibiría el personal en caso de que pasaran a segunda actividad desde los 60 años hasta la jubilación efectiva de los 65. Es decir, a través de dicho seguro privado (abonado con dinero público) se aseguraban el seguir percibiendo la totalidad de sus nóminas durante esos años. Como si siguieran en activo.

Como indican fuentes de la investigación, las partidas presupuestarias que se destinaron para sufragar esta póliza ascendió a un importe superior a los siete millones de euros que se realizó en varios pagos. El más cuantioso se hizo en el año 2010 –el mismo año de la firma del acuerdo regulador–, con una primera prima de más de cinco millones, el resto se abonó en dos pagos en 2011. A partir de ese año ya no se realizaron más abonos.

Sin concurso ni informe técnico

La forma que tuvieron de contratar ese seguro también es otra de las cuestiones que están siendo juzgadas. Al tratarse de un órgano institucional se supone que tuvo que haber salido a concurso, porque, por un lado, era un ente público y por otro, el montante económico era muy elevado y por ley tiene que pasar por ese trámite. Sin embargo, la investigación mantiene que se contrató directamente con la empresa elegida sin hacer un proceso de licitación, incumpliendo así los principios de publicidad y concurrencia que deben primar siempre en estos casos.

Además, siempre según los indicios que se manejan, dicha adjudicación no se sometió a ningún informe técnico para ver su viabilidad. El seguro se contrató y los beneficiarios empezaron a cobrarlo. La Policía detectó varios de estos pagos privados. Uno de ellos de unos 300.000 euros que ya excedía la suma de lo que ese beneficiario había obtenido por todos sus años de ejercicio. En 2016 la jueza emitió una providencia para que la aseguradora dejara de pagar estas pólizas mientras que el asunto no se resuelva judicialmente. El pasado agosto volvía a emitir una nueva providencia al detectarse que uno de los supuestos beneficiarios seguía cobrándola.

Por otra parte, la Intervención del Estado hizo un informe sobre la contratación de esta póliza. En un segundo escrito remitido al juzgado tras analizar la documentación que les ha sido entregada concluye que el proceso se realizó «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento exigido por la ley, obviando cualquier tipo de publicidad en diarios y boletines oficiales».

Los cursos, «a una empresa amiga»

Otra de las maniobras investigadas además del seguro privado es la contratación con una empresa externa, Formatekno, con sede en Madrid. Fue la seleccionada por los entonces responsables del Consorcio para dar formación on line al personal del CBPC. Según determinó la UDEF, esta empresa se creó tan solo un mes antes de la fecha de inicio de los cursos por lo que se sospecha que se fundó ‘ad hoc’ sin que además diera nunca ese servicio y se haya detectado también el pago de una elevada cantidad de dinero. Tampoco para la contratación de dicha empresa se siguieron los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Además la UDEF encontró irregularidades en el área de formación, en diferentes convenios suscritos con el sindicato mayoritario, CCOO, y también en la justificación de la subvención recibida por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que se destinaron a financiar los cursos de formación investigados.

Pero dentro de esta investigación tan ramificada también se han analizado diferentes facturas «de difícil justificación» que apuntan que exresponsables del CPBC cargaron presuntamente gastos personales a costa del ente público, tales como comidas, eventos y viajes contratados en una agencia local.

En noviembre de 2017 se puso en marcha el operativo policial para detener a los supuestos involucrados. Entre los cargos del Consorcio implicados se encuentran el expresidente durante cuatro legislaturas, Andrés Beffa, –designado en su cargo por el PSOE–; y quien a su lado ejerció como director gerente, Francisco Javier Otalora. A ellos se unen el jefe de formación, el interventor, el tesorero, la secretaria general accidental, el exjefe de servicios estratégicos, un director técnico, otro técnico de administración, un funcionario colaborador en asuntos de formación.

Pero, como decíamos, hasta aquí llegó la investigación policial. Ahora será la justicia la que tenga que determinar con todas las pruebas y los testimonios que se recaben si estos implicados tienen o no responsabilidad en los hechos que se les imputan.