REPORTAJE / MAPA DEL NARCOTRÁFICO

Fiscal jefe antidroga de Cádiz: «Hace falta una reacción de la justicia»

El colapso en los juzgados por asuntos de narcotráfico es «crítica», lo que eterniza las causas y traba las investigaciones

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Los políticos que han hablado sobre narcotráfico, sobre todo en el último año, han utilizado normalmente una misma expresión:«acción conjunta». Se referían supuestamente a que la batalla contra el tráfico de drogas en la costa gaditana no solo puede batirse desde el terreno policial sino que también es necesario que haya un buen soporte judicial. Entonces, estos responsables hablaron de «un plan de acción», de «líneas maestras», «de combatir seriamente el blanqueo», etc, etc, etc. Pero unos meses después, la situación de los juzgados sigue siendo la misma. O peor. Las macrooperaciones policiales de las últimas semanas que han desarticulado varias de estas organizaciones y llevado a prisión a algunos de sus cabecillas han saturado todavía más juzgados que están ya de por sí colapsados. Decenas de detenidos que después de engrilletados tienen que ser atendidos por la ley. Plazos que se agotan y que hay que cumplir y procedimientos que no avanzan.

La fiscal jefe antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, lo viene denunciando desde hace años y lo sigue haciendo. «Hace falta una reacción de la justicia. Las medidas tienen que ser de todos. Esta lucha no tiene fin pero si de verdad se quiere acabar con esto o al menos ser efectivos nos tienen que dar más medios». La Fiscalía sigue esperando los refuerzos que supuestamente les iban a llegar, incluso los nuevos juzgados prometidos. En Algeciras por ejemplo, donde se acumulan más y más casos, unos encima de otros, hay solo dos fiscales para resolver. Y solo una, la fiscal delegada, se puede dedicar a ello en exclusiva. Y además estos asuntos se complican cada vez más. A un delito contra la salud pública se suma el blanqueo, o la posesión de armas, o el cohecho, la falsedad documental, organización criminal...

Investigaciones paradas

Y esta saturación tiene sus consecuencias. Son muchas y peligrosas. Una de las más graves y que ya ha sido denunciada en este periódico en más de una ocasión es que el retraso en la celebración de estos juicios obliga a menudo a poner en libertad a detenidos que están en provisional y cuyo plazo máximo de prisión se extingue.

Otro de los efectos es que las condenas terminan siendo mínimas. Los atrasos provocan que se tengan que aplicar los atenuantes por dilaciones indebidas según marca la norma y la penas se reducen considerablemente. «Eso crea una sensación de impunidad enorme. Al final les sale muy barato», lamenta otra fuente judicial.

Y otra de las consecuencias es la que afecta directamente a las investigaciones que quieren sacar adelante los agentes especializados en estos asuntos. En este ‘totum revolutum’ se les complica todavía más el poder conseguir los permisos de jueces y fiscales para poder realizar intervenciones telefónicas a los sospechosos, balizamientos de vehículos, y demás prácticas que son fundamentales para poder demostrar a lo que se dedican los supuestos delincuentes. En definitiva, un círculo vicioso que sin medios «no terminará nunca» de girar.

MÁS INFORMACIÓN: EL CAMBIANTE MAPA DEL NARCOTRÁFICO EN CÁDIZ