En la imagen de archivo, la plataforma STOP Desahucio en un lanzamiento en Chiclana
En la imagen de archivo, la plataforma STOP Desahucio en un lanzamiento en Chiclana - A. V.
VIVIENDA

Los desahucios por impago del alquiler se imponen en Cádiz a los hipotecarios

Por segundo año consecutivo se invierte la tendencia con 1.427 ejecuciones en 2018, de las que 801 fueron por arrendamiento

CÁDIZActualizado:

El drama de los desahucios ha cambiado su guión. Mientras que en los tiempos de la crisis los desalojos de viviendas los ordenaba el juzgado por el impago de las hipotecas ahora los afectados son los inquilinos por no poder abonar el alquiler. Por segundo año consecutivo, los juzgados gaditanos han aprobado más desahucios por impago del alquiler que de la hipoteca. Los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desvelan este cambio de ciclo a nivel nacional y también a escala provincial. Así, el numero de lanzamientos ejecutados el año pasado en Cádiz asciende a 1.427, de los que 801 son por impago del arrendamiento. Este dato revela un ligero incremento de las ejecuciones con respecto a 2017, que se contabilizaron 1.397.

Los desahucios en la provincia tuvieron su pico más alto en 2014 con un récord de 1.519 lanzamientos. No obstante, muchas de las actuaciones que sobrevienen ahora obedecen a procesos iniciados hace más de un año. De hecho, el responsable de la plataforma STOP Desahucios de Chiclana, Juan José Sánchez, reconoció ayer a LA VOZ que la actividad del movimiento social se ha reducido en cierto modo, «ya que las leyes han cambiado y ahora son los propios jueces los que frenan algunas actuaciones». Sin embargo, Sánchez destaca que los desahucios por impago del alquiler se han «desbordado». Según los datos que maneja la asociación, las ejecuciones hipotecarias en la provincia suponen el 30% del total frente al 70% que representan los lanzamientos por impago del alquiler.

La plataforma antidesahucios reconoce, pese a todo, un descenso de su actividad con respecto a los años de la crisis

Ha sido la justicia europea la que en dos ocasiones ha enmendado la plana a la justicia española en el asunto de los desahucios hipotecarios. Así, en marzo de 2013 fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) el que dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria al no garantizar a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La institución comunitaria consideró entonces que el régimen procesal español menoscababa la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos. La legislación europea se opuso a que una normativa nacional, como la española, impedía al juez competente adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución de una hipoteca, «cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final».

Un antes y un después

Este fallo judicial del Alto Tribunal europeo marcó un antes y un después en la ejecución de los desahucios. Los jueces empezaron a revisar con más detenimiento los expedientes y a frenar algunos de ellos

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo respondía así a una cuestión presentada por el juzgado Mercantil de Barcelona, que debía dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra Catalunya Caixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba desde enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicitó que se declara nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria fuera considerado también nulo.

El segundo varapalo de la justicia europea a la española tuvo lugar en enero de 2017, cuando Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio potestad a los jueces españoles para anular las cláusulas de vencimiento anticipado de las hipotecas, que llevaron a miles de familias a la calle. Estas cláusulas, integradas en la inmensa mayoría de los préstamos por vivienda registrados en nuestro país, establecen que si un usuario no paga una cuota, el banco puede imponer unilateralmente el término del contrato hipotecario, exigiendo la devolución de todo el capital prestado antes del plazo acordado. Si no se lleva a cabo el pago, procede ejecutar el desahucio.

Las advertencias europeas han servido en cierto modo para contener la avalancha de expedientes que llegaban a los juzgados. Si en 2008 la cifra de solicitudes de lanzamiento era de 614, en 2015, el año de más expedientes tramitados, el número ascendía a 2.359. Precisamente, el 30 de noviembre de 2015, el alcalde de Cádiz, José María González, y el decano de los jueces de Cádiz, Pablo López, firmaron el denominado protocolo anidesahucios que, lejos de ser una barrera a las decisiones de los juzgados, ha servido de herramienta a las administraciones públicas para reaccionar con antelación ante un desalojo. Este documento permite a los servicios sociales ganar tiempo en la búsqueda de alternativas para las familias afectadas. Sin embargo, el protocolo no ha logrado erradicar, en absoluto, el procedimiento abierto.

Cambio de ciclo

La radiografía nacional se resume de la siguiente forma: suben los desahucios por impago del alquiler y bajan los relacionados con la hipoteca. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 4,5% en el 2018, mientras que los derivados de las ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,2%, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En general, el número de desahucios practicados en el 2018 fue de 59.671, lo que supone un descenso del 1,8%, según el estudio los ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ que ha publicado la Sección de Estadística del CGPJ.

Del total de lanzamientos, 37.285 fueron consecuencia de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), cantidad que representaba el 62,5% del total; mientras que otros 18,945 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 3.441 restantes obedecieron a otras causas.

El récord de desalojos en la provincia tuvo lugar en 2014 con 1.519 lanzamientos

Por regiones, Catalunya, con 13.941 desahucios, el 23,4% del total nacional, fue, con diferencia, la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el 2018, seguida por Andalucía (9.795) y Comunidad Valenciana (8.083).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos, en primer lugar aparece también Catalunya, con 8.877 procesos, seguida de Madrid (5.157) y Andalucía (5.093).

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 4.082; seguida por Catalunya, con 3.778, y Comunidad Valenciana, con 3.344.

En el cuarto trimestre de 2018, el número de desahucios se situó en 15.065, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al mismo periodo de 2017.

Entre octubre y diciembre, los lanzamientos derivados del impago del alquiler, que crecieron por sexto trimestre consecutivo, aumentaron un 3,9%. Por el contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarios han disminuido un 15,7%, con lo que ya son 14 los trimestres consecutivos en los que se produce una descenso.

Del total de lanzamientos, el 9.557 fueron consecuencia de los procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (cantidad que representa el 60% del total), mientras que otros 4.498 (29,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.010 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que «este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos».

Además, asegura que el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común «no supone que este lo haya ejecutado». Los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el cuarto trimestre de 2018 fue de 19.192, un 7,9% más interanual. De ellos, 11.487 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 1,6%.

Por último, los datos relativos a las ejecuciones hipotecarias presentadas muestran que estas sumaron un total de 7.049, lo que supone un incremento del 10% con respecto al mismo trimestre de 2017.