El coste de la privatización sanitaria

Dos clínicas sanitarias pueden cerrar por problemas financieros en Cádiz». La noticia la publicaba el diario ABC el 2 de octubre de 1991. Apenas un día antes de que los trabajadores de Pascual acusaran directamente al SAS de poner «en peligro permanente» sus empleos. El conflicto engordó durante aquel año la sección de Andalucía del periódico centenario mientras se negociaba en los despachos otra renovación del concierto. Hoy lo cuentan otros periodistas en nuevos medios de comunicación sin que se haya cambiado una coma del guión y asombra ver con qué fidelidad se reproduce cada episodio y la vigencia que cobran titulares publicados hace más de 25 años. Los mismos que dura esa dependencia excesiva que arrastra la sanidad gaditana de una única compañía privada.

La relación entre el grupo empresarial y el sistema público se consolidó durante la primera gran reforma sanitaria de los ochenta, cuando un jovencísimo Gobierno andaluz asumía las competencias y absorbía los antiguos hospitales de las diputaciones. Las carencias de infraestructuras y la necesidad de crear una red capaz de atender a toda la población hizo necesario recurrir más al apoyo de las clínicas privadas. Ya para entonces el modesto centro de Traumatología que fundara el doctor José Manuel Pascual en Cádiz había quedado en manos de su hijo, que colgó pronto la bata para centrarse en la gestión que todavía hoy maneja.

La manera de perpetuar esa relación era hacerse imprescindible y José Manuel Pascual lo vio claro. En la primavera de 1986 adquiría también el hospital de Frontela, en El Puerto, al que cambiaría el hombre por Clínica Santa María. Poco después este edificio sanitario se añadía a la red de conciertos para dar atención a los vecinos de la localidad que había iniciado su expansión al calor del turismo y el siempre rentable negocio bodeguero.

Ya en los noventa la Junta hacía bandera de lo público con el modelo de las ciudades sanitarias y reducía los conciertos en todas las provincias excepto en Cádiz. Su complicada distribución territorial y la condición de periferia dificultaba la implantación del modelo. Buscar una fórmula que funcionara resultaba más difícil y sobre todo mucho más caro que seguir delegando en el empresario. Fue ahí donde comenzó esta historia de desencuentros que siempre han tenido en el centro a la plantilla y a los pacientes.

Aquel primer conflicto de 1991 con el que arranca este reportaje tuvo retrasos en el pago de los salarios, manifestaciones ante la sede del SAS en Sevilla y hasta una amenaza de expropiación de los centros. La compañía aspiraba entonces a cerrar el acuerdo por 3.500 millones de pesetas al año –lo que serían 21 millones de euros– por San Rafael y Santa María de El Puerto. En frente tenía a José Antonio Griñán que apuraba sus últimos meses al frente de la Consejería de Salud.

Apenas unas semanas después se firmaba el contrato por 500 millones menos de lo que el empresario pedía y la obligación de revisarlo año tras año. Ya para entonces el número de pacientes que se iba derivando a la privada iba en aumento, lo que daba a Pascual alas para seguir negociando al alza.

Pronto las manifestaciones de la plantilla volvían a las puertas del Servicio Andaluz de Salud. «Trabajadores de clínicas de Cádiz y Huelva se concentran por el impago de 2.000 millones», recogía ABC el 21 de julio de 1992. Los retrasos el en abono de los servicios también fueron noticia con el único fin de que el acuerdo se firmaran por periodos más largos. En octubre de ese año y con la capital andaluza en todos los medios de comunicación del mundo por la celebración de la exposición universal, la Junta firmaba el primer concierto para los cuatro siguientes.

En vista de los buenos resultados, Pascual inició un ambicioso plan de expansión que tuvo como objetivo siguiente Málaga. La compra del viejo hospital militar fue el punto de partida. El centro recibía enfermos de la sanidad pública desde que abrió sus puertas bajo la gestión de su nuevo propietario. Ya entonces estaba al frente de Salud José Luis García Arboleya, al que le llovieron las denuncias de varios grupos políticos por supuestos tratos de favor al grupo sanitario gaditano.

Con cuatro centros ya concertados –San Rafael y Santa María, en Cádiz; Blanca Paloma, en Huelva y Doctor Pascual, en Málaga–, la compañía pone sus ojos en la sierra gaditana, donde sus más de 110.000 habitantes estaban obligados a desplazarse hasta Jerez para ser atendidos. En las mismas estaban los vecinos de los municipios de la Costa Noroeste, que arrastraban además la avalancha de visitantes que cada verano disfrutaban de sus playas. Aquello colapsaba por complejo el centro público jerezano que reclamaba apoyo.

A la necesidad de construir ambos centros, que se su momento tuvieron compromisos públicos, dio respuesta el avispado empresario, que levantó dos nuevos edificios sanitarios. En diciembre de 1994 la empresa privada hacía el anuncio de la construcción de la clínica Virgen de la Montaña, en Villamartín y Virgen del Camino, en Sanlúcar.

Año y medio después se firmaban los conciertos para ingresos, intervenciones quirúrgicas y consultas externas. Llama la atención que el SAS siguiera conveniando con la misma empresa que se retrasaba en el pago de las nóminas de sus trabajadores y reclamaba a través de los medios de comunicación el pago de la deuda pendiente. De aquello seguían dando cuenta las páginas de las sección de Andalucía de ABC, así como de anuncios apresurados de los responsables públicos que se ofrecían a comprar los nuevos edificios de Pascual «por lo que cuentes». En esos términos se llegó a expresar el consejero García Arboleya durante la negociación del contrato que finalmente volvía a favorecer al empresario.

La expansión de Pascual sólo encontró freno cuando quiso establecerse en Córdoba. En junio de 1999 se aventuró a construir el Hospital Virgen de las Viñas para el que esperaba la misma respuesta de la administración andaluza. Sin embargo, ya con Francisco Vallejo como consejero de Salud, la respuesta fue muy distinta, levantó un edificio justo enfrente, que es hoy el Hospital Comarcal de Montilla, íntegramente de gestión pública.

Aquello que parecía que iba a transformar la situación sólo valió para la localidad cordobesa, pues quince años después el grupo mantuvo los conciertos con el mismo sistema ventajoso que se ha negado a otras compañías sanitarias. Y no sólo ha ido aumentando el precio que la Junta abona a esta empresa, sino que se han ampliado los servicios contratados, como el de Oncología en Villamartín mientras se retrasaba una y otra vez la remodelación del edificio de Radioterapia de Jerez que aún sigue pendiente.

En este tiempo ni el escándalo de las faldas ni la crisis económica variaron las condiciones hasta que en 2014 entrara en vigor una nueva norma de conciertos que activó de nuevo el conflicto. Los trabajadores volvieron a las puertas de los servicios centrales de la sanidad pública y ahora anuncian nuevos impagos en sus nóminas de los que culpan directamente a la Junta.

Privatización

Esta relación de dependencia ha llevado a los centros del grupo Pascual a asumir el 35% de las operaciones que se realizan en la provincia. En el último año que tuvo vigencia el concierto recibieron a más de 150.000 pacientes, especialmente los que no tienen otro recurso que pueda ser una competencia. «Es un modelo de privatización en toda regla», señala el doctor Bernardo Santos, jefe de servicio en el Hospital sevillano Virgen de Valme. Este especialista pertenece a la Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública y es el que más de cerca ha seguido estos acuerdos. Destaca la «falta de transparencia» con la que siempre se han negociado y la adhesión a la red pública de una manera tan notoria. Explica el doctor Santos que «se les han ido dando atribuciones hasta el punto de que pueden hacer recetas con el sistema Diraya». Eso supone que «médicos de una empresa privada sin ninguna vinculación con el SAS determinan el gasto a través de la prescripción de medicamentos».

Para revertir esa situación hay fórmulas, indica este facultativo como la construcción de centros públicos o la compra o expropiación, pero reconoce que «no ha habido voluntad para ello, porque es mucho más cómodo y, sobre todo, más barato mantener la gestión en manos privadas».