TRIBUNALES
El caso de los funcionarios acusados de extorsionar a presos en Jerez y El Puerto, archivado
El juez cree que no hay indicios que demuestren que estos dos investigados exigían a los reclusos dinero y otros favores a cambio de facilitarles el tercer grado
También se acusó a uno de ellos de abusar de alguna interna que quería optar a mejoras en sus condiciones penitenciarias
El caso levantó una gran polvareda. No era para menos. Se había detenido a dos funcionarios de prisiones por supuestamente exigir pagos de miles de euros a una veintena de reclusos y otros tipos de favores a cambio de ayudarles a conseguir el tercer grado o mejores condiciones en su internamiento. Se habló de sobornos, de falsificación de analíticas e informes de comportamiento, de pago a los investigados con coches de lujo o trabajo para sus familiares, e incluso de sesiones de hipnosis y posibles abusos a alguna interna. Sin embargo, más de dos años después de que esta investigación llegara al juzgado, este periódico ha podido saber que el caso se ha archivado . La Fiscalía Anticorrupción y la autoridad judicial consideran que no hay indicios suficientes que sujeten el presunto delito de cohecho continuado del que se les acusaba.
El funcionario que estaba más señalado trabajaba como educador en el Centro de Inserción Social (CIS) Alfredo Jorge Suar Muro de Jerez, mientras que el otro implicado realizaba su labor en la prisión de Puerto III.
La investigación comenzó cuando la pareja de un recluso denunció que había sido contactada en la puerta de los juzgados por otra persona que le dijo que el investigado podía ayudar a su conocido a conseguir el tercer grado. Esta mujer llegó incluso a hablar por teléfono con el supuesto funcionario. Sin embargo, según declaró ella misma posteriormente, alguien se había hecho pasar por el trabajador del CIS ya que tras irlo a ver no reconoció que fuera la voz del intermediario con el que había conversado con anterioridad. Además, el intermediario que le habló del funcionario dijo que tenía grabaciones que demostraban esta acusación pero sin embargo la investigación demostró que no se habían producido dichas llamadas.
Otro de los supuestos indicios que se manejaban era las numerosas llamadas que había entre el funcionario investigado y los internos del CIS a los que se supone que beneficiaba. Pues bien, el trabajador justificó en su declaración dichas llamadas como propias y habituales en su labor en un centro de régimen abierto donde los reclusos desarrollan actividades fuera del CIS. La Fiscalía recuerda como el régimen penitenciario contempla la necesidad de que el educador mantenga una relación algo más personal con los internos para ayudarles en las distintas tareas que hacen en su vida diaria, intercediendo por ellos y presentando e informando ante la dirección de los diferentes empleos que puedan tener sus solicitudes y pretensiones.
En cuanto a los testigos que declararon haber sido víctimas de estas extorsiones y chantajes, también hay ciertas dudas en los testimonios que ofrecieron. Algunos de ellos aseguraron que ante la negativa de darle dinero al principal implicado o no ceder a supuestos favores sexuales, este les había perjudicado para empeorarles el grado o revocarles permisos de salida. Sin embargo, en los informes presentados por el CIS en el juzgado, consta que estos mismos internos habían dado positivo en diferentes analíticas, lo que había motivado que sus condiciones penitenciarias empeoraran o no mejoraran. En todos los informes se asegura que todo se hizo de acuerdo al procedimiento penitenciario.
El coche del 'Cagalera'
Uno de los indicios que también se presentaron en este caso para imputar al principal investigado es la adquisición de un BMW que había sido supuestamente regalado por la familia de Juan El Cagalera, el conocido narcotraficante de Sanlúcar que se encuentra en prisión, para que se le favoreciera. Pues bien, según como obra en la documental existente, dicho coche había sido comprado por el investigado y su mujer tras la venta de otro vehículo que tenían. Y así consta en los movimientos de cuentas que hicieron. Además, según aporta Anticorrupción, el testigo que declaró en dicho momento por ese supuesto soborno, justamente el hijo del mencionado Cagalera, en sede judicial se acogió a su derecho a no declarar. Por otro lado, el investigado no tuvo participación profesional en la clasificación inicial ni posteriores revisiones de grado del narcotraficante.
En cuanto a la acusación de que el supuesto funcionario corrupto dejara tener a un preso ropa de marca robada en su celda también se cae. Este recluso negó en su declaración que las prendas fueran robadas, sí falsificadas. Además afirmó que nunca había ofrecido al educador penitenciario dinero por conseguir la pulsera telemática del tercer grado.
Uno de los asuntos más delicados tratados fue la denuncia que se presentó por los supuestos abusos que habría cometido el funcionario sobre algunas reclusas a cambio de favorecerles para el tercer grado y a las que incluso se dijo que sometía a hipnosis . Pues bien, en la declaración ante el juez de una reclusa, supuesta víctima, esta se desdice y asegura que los referidos tocamientos no eran de carácter sexual, que no había visto como recibía sobres con dinero y que su regresión en el grado vino motivada por su vuelta a la adicción al alcohol.
Otro de los internos que presuntamente habría hecho tratos con ellos sería el exjefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero . Según se denunció había accedido a encontrarle un trabajo al hermano del funcionario del CIS a cambio de que le favoreciera para optar al tercer grado. Entonces el exagente local se encontraba en Puerto II, y al poco tiempo fue trasladado al CIS de Jerez. A este respecto otros testigos declararon que sí notaban cierto trato de favor entre el educador investigado y Carretero. Ante tales hechos, se solicitó toda la documentación sobre los acuerdos de la junta de tratamiento que había resuelto la situación penitenciaria de Carretero. En las actas se comprobó que todos los acuerdos alcanzados habían sido unánimes, tratando temas tan variados como permisos de salidas, mantenimiento de grados y destino. El investigado sí votó en contra de la regresión de grado del expolicía el 3 de febrero de 2015, sin embargo también lo hicieron así otros responsables.
Además también se le tomó declaración al responsable de la empresa donde iba a trabajar Carretero por si se había falseado el acta. A este respecto se manifestó que había estado trabajando en dicho negocio antes y después de entrar en la cárcel. Y si se aceptara que el educador sí pidió un trabajo para su hermano a cambio de la concesión del tercer grado, según la Fiscalía, la participación del investigado en las juntas son todas de Puerto II, siendo una única en la que pudo participar pero en la que no tuvo voto, ni siendo educador intervino en su defensa. Además no se le concedió finalmente dicha regresión de grado.
Por todo lo expuesto, ante la falta de indicios materiales del delito investigado de cohecho, la Fiscalía Anticorrupción no se opuso al sobresimiento provisional de las actuaciones, decretando el juez auto de archivo de la causa.
