SUCESOS

Así 'blanqueaban' atunes rojos ilegales en Cádiz

Siete detenidos en la provincia y dos empresas, una en Barbate y otra en Conil, la supuesta conexión gaditana en la trama de la venta irregular de atún desarticulada por la Guardia Civil

De los registros de Cádiz los agentes se llevaron abundante documentación, dinero, algunos ejemplares intervenidos, y hasta dos coches de alta gama

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El tarantelo es un manjar, una exquisitez que proviene de una de las partes más nobles del corte del atún rojo. Está sobre la ventresca del animal y sus variantes en cocina son muchas y espléndidas. Es un bocado altamente codiciado. De ahí que la Guardia Civil haya elegido justo ese nombre, tarantelo, para bautizar una macrooperación de tal importante calado que ha logrado desarticular una red organizada que se dedicaba a la venta ilegal de este preciado pescado del que la provincia de Cádiz presume tanto.

Esta larga y compleja investigación realizada en hasta doce provincias por la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) y participada por Europol ha destapado un entramado de empresas pesqueras y distribuidoras que se habría dedicado a importar atún no declarado desde Malta e Italia, dándole salida posteriormente al mercado nacional e internacional a través de España, dentro de su cadena habitual de venta legal.

En el marco de la 'operación Tarantelo' se han detenido nada menos que a 79 personas, se han realizado 49 registros e inspecciones en las que los agentes han intervenido más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita, cerca de medio millón de euros en efectivo, joyas, relojes y otros objetos de gran valor, siete vehículos de alta gama, tasados en más de 600.000 euros, además de gran cantidad de documentación que demostraría el 'blanqueo' en la comercialización de atunes pescados ilegalmente y sus ganancias ilícitas.

La supuesta trama 'gaditana'

La red, cuya base de operaciones se centraba especialmente en Valencia y también gran parte en Murcia, tenía conexiones en Cádiz. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, en la provincia las dos empresas involucradas son Petaca Chico, de Barbate, y Pesconil, con sede en la localidad conileña. En la provincia, se han realizado siete detenciones, seis de ellas, las de «responsables» de dichas empresas. Además hubo otro arrestado en Tarifa por pesca ilegal pero que simplemente cayó en el marco del operativo sin tener relación directa con el entramado.

Las primeras noticias sobre este asunto se tenían a finales del pasado mes de junio. La madrugada del 26 decenas de agentes de la Guardia Civil irrumpían de manera simultánea en los principales mercados mayoristas de España. Mercamadrid, Mercabarna, Mercasevilla y Mercamálaga. Además se efectuaban los registros en las diferentes naves de las empresas investigadas.

De una de las empresas de Cádiz los agentes se han llevado hasta 30 ordenadores y discos duros

De todo el operativo desarrollado en Cádiz, los agentes se llevaban bajo el brazo numerosa documentación. Hasta una treintena de ordenadores y discos duros, una buena cantidad de dinero en metálico y dos coches de alta gama, que según las mismas fuentes, habían «sido utilizados en la actividad delictiva» y no obtenidos como resultado de un blanqueo de capital como ocurre en otros asuntos cuando se intervienen vehículos. Uno de estos coches incautados en Cádiz está valorado en más de 92.000 euros.

¿Cómo llegaron a Cádiz?

En la mañana de ayer, los responsables de la operación daban cuenta de algunos detalles en Madrid. El teniente coronel jefe de Operaciones del Seprona, Jesús Gálvez, explicó que todo comenzó hace un año tras las informaciones que recibieron de la Secretaría de Pesca y del sector que sospechaban que se podría estar pescando ilegalmente atún en el Mediterráneo. Las primeras pesquisas les llevaron entonces a Valencia. Allí se pusieron sobre la pista de un importante empresario del sector. Tras diversas pesquisas descubrieron que, tras las gestiones de ese «importador nato» se escondía una red asentada en la comunidad valenciana, y la Fiscalía de Medio Ambiente junto con el Juzgado número 3 de Picassent abrieron diligencias para descubrir qué había más. Así poco a poco fueron tirando del hilo a través de exhaustivos seguimientos, intervenciones telefónicas y demás gestiones que les ayudó a poner en pie lo que al principio eran solo rumores y sospechas.

Entonces fue cuando saltó Cádiz. «Casi al principio», cuenta uno de los investigadores a este periódico. No tuvieron ni siquiera que pasar antes por Murcia donde se asienta una de las principales pesqueras de atún de España, la empresa de Ricardo Fuentes e Hijos, domiciliada en Cartagena, cuyos números superaban récords de capturas en el mercado y ponían al límite las cuotas permitidas, tan escrupulosas y controladas. Fuentes es uno de los máximos implicados en esta trama y a la vez socio de la almadraba de Barbate. Pero esta conexión policial entre ambos investigados llegó más tarde. Antes, como aseguran las fuentes consultadas, ya se había llegado a la supuesta implicación de Petaca Chico en este turbio asunto.

Los mayoristas involucrados se aprovechaban de las distribuidoras para que les 'colaran' como legal los atunes capturados de forma irregular

A medida que se iba avanzando en la investigación se comprobó que las primeras empresas sospechosas se aprovechaban de la parte legal de su actividad empresarial para introducir una gran cantidad de túnidos pescados de manera ilegal. Así, con facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de atunes, procedentes en muchos casos de granjas debidamente autorizadas, amparaban otros ejemplares pescados ilegalmente. De esta forma, además de ‘blanquear’ lo capturado de manera irregular, evadían las cuotas excediéndolas si se daba el caso.

El seguimiento de las conexiones entre estas empresas (por ejemplo, literalmente de sus camiones) y el estudio del movimiento de la mercancía permitió establecer las diferentes actividades en las que eran partícipes, documentando incluso las entregas de dinero negro –a uno de los investigados de Cádiz lo pillaron haciendo intercambios de dinero ‘B’– y recopilando documentación que había sido presentada con idéntico contenido en diferentes puntos de venta. Aunque la actividad comercializadora de las empresas investigadas se centraba en España, la mayor parte de los ejemplares procedían de otros países, salvo un porcentaje muy bajo de capturas españolas no declaradas. En concreto, una de las vías tenía origen en Malta desde donde se enviaban algunas piezas de origen legal por vía aérea y de forma paralela, introducían por carretera desde este país el mayor volumen de piezas utilizando la documentación legal del primer envío para amparar este comercio ilícito.

A uno de los empresarios gaditanos investigados se le pilló haciendo un intercambio de dinero ‘B’

Otra vía de entrada se iniciaba en Italia utilizando procedimientos similares salvo que, en este caso, al proceder toda la producción de capturas ilegales, llegaba a España por carretera sin ningún tipo de documentación y control de trazabilidad. Una vez en España, se unificaban las líneas de distribución hacia empresas menores del sector, como el caso de las dos sociedades gaditanas investigadas, que se sospecha que utilizaban sus cauces legales para:primero, colar o 'blanquear' el atún pescado de manera irregular como legal, y segundo, venderlo directamente como atún rojo de almadraba cuando en realidad había sido pescado en Malta.

Los cálculos realizados por los investigadores cifran, como mínimo, en un volumen anual de más de 1.250.000 kilos de atún procedente de Malta (legal), mientras que el que se comercializaba en negro superaría el doble de esa cantidad: más de 2.500.000 kilos. Teniendo en cuenta que por cada kilo obtenían un beneficio mínimo de 5 euros, los datos señalan que habrían obtenido ilegalmente un total de 12.500.000 de euros al año.

Otro vértice de esta investigación es el de la seguridad alimentaria. Según los investigadores en la mayoría de los casos los ejemplares se transportaban sin respetar las normas de conservación rompiéndose la cadena de frío, lo que supone un grave peligro para la salud de los consumidores.

Y así la investigación que comenzó por un tema propio de conservación del medio (por lo que se hizo cargo el Seprona) ha terminado con la detención de 79 personas acusadas de delitos contra los recursos naturales, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y contra la salud pública.