Jenaro irá a juicio en verano.
Jenaro irá a juicio en verano. - F. JIMÉNEZ
TRIBUNALES

Un banquillo repleto de asuntos para este 2019

Casos históricos como el escándalo en Quality Food, además de la resolución de algunos crímenes, entre otros temas, marcarán el calendario judicial en Cádiz

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El año 2018 deja atrás un buen número de causas que han pasado por los juzgados. Asuntos de calado. De supuestas corruptelas políticas y prevaricaciones, bandas organizadas especializadas en traficar con droga desde Marruecos a la Península, pederastas, abusadores, delincuentes enjuiciados en medio de una importante expectación mediática... todo un calendario de citas que se marcaron en rojo y se resolvieron o están a punto de ser resueltas por un tribunal.

De nuevo se vio el paso por el pasillo de la Audiencia de políticos. Como el del exregidor jerezano Pedro Pacheco en una de sus últimas citas con la justicia. En esta ocasión lo hizo ya en régimen de semilibertad. No llegó engrilletado procedente de Puerto III, como en sus últimas ocasiones, sino que apareció a pie para rendir cuentas ante la Sección Octava por el caso Huertos del Ocio. Fue en el mes de julio y la Fiscalía le pedía cinco años por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa. El exlíder andalucista tuvo que responder sobre su responsabilidad en una supuesta ilegalidad cometida en una permuta hecha por el Ayuntamiento cuando en 2003 él presidía la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). El Ministerio Fiscal resaltaba el «perjuicio económico» que ocasionó a las arcas municipales este proceso. Aproximadamente un mes después se conocía la sentencia y era condenado por estos hechos a un año y nueve meses de cárcel. Actualmente este fallo está recurrido en casación ante el Supremo ya que la Fiscalía se opone a que el delito de fraude sea ‘absorbido’ en el de estafa, como así consideró el tribunal. Si se admite, la condena impuesta a Pacheco podría aumentar de uno a tres años. Este asunto se dirimirá presumiblemente este 2019.

El Supremo está pendiente de resolver el recurso del último caso que llevó a la Audiencia a Pedro Pacheco

También durante 2018 otro tema de calado relativo a exresponsables políticos pasó por la Audiencia Provincial. El ‘caso blanqueo’ donde se procesaba al exregidor portuense Hernán Díaz, su mujer, hijo y nuera, a su exconcejal de Urbanismo, y al anterior arquitecto municipal y su pareja. Díaz y el resto de implicados evitaron la posibilidad de ir a la cárcel después de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que le pedía cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. El Ministerio Público solicitaba para el exprimer edil de IP cuatro años de prisión pero finalmente se quedó en una pena de un año, que fue suspendida, y una multa de 16.200 euros.

De entre los temas referidos a políticos también queda pendiente la petición de indulto hecha por la exalcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP). La exregidora, condenada en firme a cuatro años y medio de prisión por el ‘caso Horas Extra’, lleva ya más de dos años esperando a que el Consejo de Ministros resuelva su petición de indulto sin tener todavía respuesta. En enero de este año la Sección Cuarta se pronunció a favor del indulto esperando que fuera el Gobierno quien le concediera esta medida de gracia. Sin embargo, todavía no ha habido resolución y es más, el Ministerio ha preguntado a la Sala el grado de ejecución de dicho fallo. Por tanto, si algo avanzara este asunto, sería en 2019 cuando se pudiera tener alguna nueva noticia al respecto.

También durante este próximo año se podría volver a ver sentado en un banquillo al actual alcalde de Cádiz, José María González (Podemos). En su caso hay dos asuntos que tiene pendientes de resolver judicialmente:el de su gestión con los chiringuitos –todavía en instrucción–por la denuncia que le puso Ciudadanos por supuesta prevaricación y malversación de fondos públicos con la gestión de estos negocios, y el ‘caso alumbrado’ por el que recientemente fue a declarar ante la Fiscalía como investigado por el convenio que el Ayuntamiento firmó con Eléctrica de Cádiz para ampliar las calles iluminadas.Esta última por tanto habrá que esperar a ver si prospera o no.

Otro de los asuntos pendientes de resolver que acogerá las salas gaditanas que se ocupan de juzgar casos de mayor calado serán, como es habitual los últimos años, aquellos referidos a bandas organizadas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Para este mismo mes de marzo se espera uno de estos juicios donde habrá un numeroso grupo de acusados y cuya investigación destapó que habían cometido torturas y secuestros a otros implicados en la trama. Los conocidos como ‘vuelcos’ que comienzan a ser ya de lo más común en este tipo de instrucciones.

En cuanto a crímenes por resolver, se puede destacar uno de estos casos que causaron una enorme conmoción cuando se produjeron y que todavía están pendientes de llevar a sus presuntos autores delante de un tribunal. Se trata del presunto parricidio cometido por un joven de 19 años que supuestamente mató a su padre a puñaladas en la casa familiar en la que convivían en Sanlúcar. La Fiscalía solicita 22 años de prisión para Antonio Núñez, el presunto asesino al considerarlo autor de un delito de asesinato con agravante de parentesco y ya ha interesado la apertura de juicio oral que se celebrará en la Audiencia Provincial con jurado popular.

El parricidio de Sanlúcar podría llegar este año a la Sala después de que la Fiscalía ya haya interesado la apertura del juicio oral

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2017 en la casa donde el procesado vivía junto a sus padres y dos hermanos. Todo apunta que tras una discusión por temas económicos, el joven cogió un cuchillo de la cocina y asestó varias puñaladas a su progenitor causándole la muerte. El supuesto autor acudió a la Comisaría hasta en dos ocasiones y se mostró dubitativo y nervioso. Horas después era detenido y en un vertedero se encontró su ropa ensangrentada además del arma que presuntamente utilizó para cometer el crimen.

Otros viejos conocidos volverán también al banquillo. De nuevo dos de los hermanos Cachimbas se pondrán presumiblemente este año que entra delante de un tribunal para rendir otra vez cuentas por haber agredido a unos agentes de la autoridad. La Fiscalía pide para Jorge y Pedro Venegas, ya condenados por su salvaje ataque al policía local Juan Cadenas, penas de 7 a 9 años por pegar y lesionar a dos guardias civiles en Puerto Serrano en 2014 cuando estos agentes acudieron a un aviso porque los Cachimbas estaban amenazando a unos vecinos. El juicio se tendría que haber celebrado en la Sección Octava de la Audiencia con sede en Jerez este pasado noviembre, sin embargo tuvo que ser suspendido ya que el menor de los Venegas, Jorge, decidió minutos antes de la vista oral que no quería que le representara el abogado de oficio que le habían asignado desde hace tiempo.

Por otro lado, del 24 al 26 de junio está previsto que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial contra Jenaro Jiménez, el empresario que simuló su muerte por ahogamiento en el Cabo de Trafalgar y huyó a Paraguay tras haber cometido presuntamente una estafa millonaria a los que eran sus socios. Jenaro, acusado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental, se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de doce años y medio de prisión. La vista iba a celebrarse a finales de este pasado octubre pero uno de los denunciantes alegó problemas económicos para desplazarse desde la República Dominicana y se suspendió. En este caso lo que tiene que resolver el tribunal es si el empresario gaditano –que actualmente está en prisión cumpliendo condena por otro caso anterior– se quedó con el dinero de la venta de una serie de casas y con las señales de otros pisos, y si además, para cometer todas estas presuntas estafas, falsificó documentos que presentó a los bancos para conseguir generosos créditos.

Otro de los asuntos que por fin puede que este 2019 llegue a una sala tras quince años de una tediosa y engorrosa instrucción es el ‘caso Quality Food’. La vista se iba a celebrar durante el pasado mes de noviembre en la Audiencia de Cádiz pero se suspendió debido a que muchos de los abogados que participan en la causa se encontraban ocupados en el juicio de los ERE en Sevilla. De momento no hay una fecha concreta pero algunas fuentes apuntan que podría celebrarse en el primer trimestre del año.

El ‘caso Quality Food’ es el segundo gran agujero económico, tras el escándalo de Rilco, que se abrió en las cuentas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz en la pasada década y que investiga la implicación en una estafa millonaria de hasta seis acusados entre los que se encuentran el empresario Manuel García Gallardo, el exdelegado Miguel Osuna y el exdirector del recinco fiscal, José Manuel Fedriani. La Fiscalía solicita para todos ellos penas que van desde los 16 años y siete meses de cárcel hasta los 10 por haber cometido presuntamente diferentes delitos tras la creación en el año 2000 de la empresa. Se les acusa de maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias que generaron a la postre «un grave perjuicio» en el erario público.

Los expuestos son solo algunos de los casos que tendrán ocupados a los jueces durante este 2019. Asuntos pendientes de resolver para que quien tenga que hacerlo pague ante un tribunal sus cuentas pendientes. Al menos, ante la justicia.