Antidisturbios, cuestionados y en la calle

Nueve largas jornadas es las que un amplio operativo de agentes ha estado trabajando en la calle sin descanso para controlar la seguridad durante piquetes, protestas, manifestaciones... un escenario nada cómodo, cargado de tensión, de frustración y reinvindicaciones . Un enfrentamiento entre patronal y trabajadores que a los cientos de agentes que han participado en esta cobertura ha cogido en medio. Como les suele ocurrir. Velar por el orden público es una de sus cometidos y, con el complicado panorama que se presentaba y su evolución, tenían mucho trabajo por delante.

Y así ocurrió. A tal nivel tuvo que llegar su participación que casi han sido los protagonistas de esta historia . La forma en la que se ha desarrollado su labor ha sido repetidamente reprendida, si la fuerza o los medios que han empleado contra algunos manifestantes ha sido la acertada o si el control que han ejercido ha sido el oportuno.

Tanto es así que de nuevo se han visto cuestionados: por políticos, por manifestantes o por ciudadanos en general en una especie de controversia dialéctica del ‘estás o no estás con ellos’ , multiplicada y sobradamente difundida, como no, por las redes sociales. Y además, todo ello ocurre en un momento crucial para el futuro de estos servidores públicos, cuando el Gobierno está a punto de aprobar la nueva ley de Seguridad Ciudadana que restringe su autoridad e incluirá modificaciones que, como advierten, les van a desproteger ante los delincuentes en situaciones de todo tipo.

Y en este complicado escenario, estos policías, en este caso, antidisturbios de la Unidad de Intervención de la Policía (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) han estado a diario y siguen estando en la calle. Haciendo su trabajo. Al margen de discusiones, debates políticos . Actuando si tienen que hacerlo cuando reciben órdenes, tal y como les manda el uniforme que llevan y para el que se preparon y se siguen formando. Y esas órdenes tampoco son casuales.

Estas unidades son las expertas en mantener el control de masas y el orden público , es decir, en participar en los operativos en los que se prevé que va a haber un gran número de personas. No solo huelgas o manifestaciones, también grandes eventos como partidos de fútbol, espectáculos, apoyo a otras unidades como las antidroga, etc... porque si pasa algo, ellos tienen que estar.

‘La custodia asumimos y el orden restablecemos’, reza en latín el eslogan del escudo que llevan los agentes de la UPR en su brazo izquierdo. Y es así. Cuando se dan altercados de gravedad su labor es intervenir para que la situación vuelva a la normalidad y no permitir que radicales o no radicales infrinjan las normas perjudicándose ellos mismo u a otros ciudadanos.

En la huelga del metal de Cádiz se ha dado esta situación. Y la orden estaba más que clara. Este periódico lo pudo escuchar en más de una ocasión por el trasmisor que llevan los agentes. «¡No se cortan los puentes!, ¡no se permite!», referido a los dos enlaces que son acceso y salida principal de la capital gaditana.

Era la única consigna que había. Según fuentes consultadas y entendiendo la situación se dejó a los manifestantes cortar calles de Cádiz o de las principales factorías como en Puerto Real o San Fernando sin intervenir. Aunque no estuviera permitido. No se quería prender más el fuego . Pero en el caso de los puentes se entendía que se quebrantaba la libertad del resto de ciudadanos que querían desarrollar su trabajo y su vida con normalidad. Al igual que en las puertas de las empresas, porque, del mismo modo se ha querido garantizar que no se parara la producción por los daños empresariales y económicos que ello podía ocasionar.

Una situación muy complicada. Ya lo admitía el subdelegado del Gobierno de Cádiz, José Pacheco, este mismo jueves. Equilibrio. «El objetivo del operativo fue mantener el equilibrio entre garantizar el derecho a la huelga pero también el derecho del resto de la ciudadanía de asistir a sus puestos de trabajo, de que las ciudades no quedaran bloqueadas, que la gente pudiera asistir a un hospital y se ha conseguido».

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado muy pendientes de proteger infraestructuras esenciales y servicios mínimos que tenían entrar a trabajar para que las fábricas no parasen». La Guardia Civil por ejemplo llegó a hacer un cordón para que sanitarios y pacientes pudieran llegar sin problema al hospital de La Línea.

Una de las actuaciones más contudentes, y más cuestionada, se produjo el día de la gran manifestación en la Avenida principal de la capital gaditana cuando un grupo de supuestos huelguistas (un grupo, porque el resto se había dirigido por el itinerario oficial a plantar sus protestas ante la patronal) se empecinó en cambiar el rumbo y dirigirse hacia el puente Carranza con la intención de cortarlo. Sabiendo que no estaba permitido. Y fue en ese momento cuando tras repetidas advertencias y lanzamiento de objetos la Policía terminó cargando.

Justamente la carga es lo que más se debate también, porque es lo que, obviamente más impacto tiene. Pero, y según ordena el protocolo, la carga es lo último que se hace. Antes de eso, hay lo que ellos llaman un «uso progresivo de los medios». Que va desde las mismas posiciones que adoptan (puesto en línea en frente de los manifestantes por ejemplo), el diálogo y la negociación, la propia presencia (sin interceder) o el despliegue hasta que se opta por utilizar otro tipo de medios como salvas (no tiros) , lanzamiento de pelotas de goma, o gas lacrimógeno. El objetivo es dispersar.

«La carga se realiza cuando ya hay un riesgo inminente para la seguridad , no solo para nosotros, sino también para el resto de los ciudadanos», explica una fuente policial. Y ha sido este también el caso de las intervenciones que se han producido. Tanto en la Avenida cuando un grupo de jóvenes comenzó a hacer barricadas con contenedores, vaciarlos y tirar piedras y botellas a los agentes. Además de los repetidos insultos y amenazas hacia estos policías (que es delito); como en el Río San Pedro cuando otro grupo de supuestos trabajadores también prendieron fuego, lanzaron bengalas, adoquines, y todo tipo de objetos, causando un grave peligro y destrozos en medio además de una zona residencial con dos colegios a pocos metros de donde se apostaron.

«La Policía Nacional y la Guardia Civil en todo momento han estado haciendo una labor de contención ante las agresiones violentas. Ha sido una labor no ofensiva, sino defensiva», comentó a este respecto el subdelegado.

Y, como decíamos, en medio de toda esta complicadísima situación, se encuentran estos profesionales, que son los que están autorizados, preparados y formados para actuar si lo creen necesario. Como dice la ley. Por un bien común. En un Estado de Derecho. Por eso son policías .