TRIBUNALES

'Quality Food', por fin al banquillo

La Audiencia de Cádiz acoge a partir de esta próxima semana y durante casi un mes el juicio por el supuesto fraude millonario cometido en Zona Franca

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Tras un periplo de más de quince años en los juzgados, entre declaraciones, diligencias, recursos, autos y demás, por fin, esta semana uno de los mayores escándalos financieros producidos en la provincia de Cádiz llegará a la Audiencia Provincial para dirimirse ante un tribunal. Mucho se ha escrito y hablado acerca de lo que ocurrió en el 'caso Quality Food' pero será ahora, en la Sección Tercera, cuando se pongan todas las cartas sobre la mesa y se decida si los presuntos autores dejan de ser presuntos y tendrán que rendir cuentas penales por lo que supuestamente hicieron, o, si por el contrario, no tuvieron ninguna responsabilidad en los hechos que se les han imputado.

Después de que se haya cambiado la fecha en varias ocasiones. Una de estas veces el pasado noviembre porque muchos de los abogados que tienen representados en la causa estaban asistiendo al juicio de los ERE, será el martes cuando se dé el pistoletazo de salida a una vista que durará casi un mes. Por la sala además de los procesados, empresarios y excargos institucionales, pasarán decenas de testigos entre peritos, trabajadores bancarios, políticos... un amplio listado de personas que pueden aportar algo de luz a un procedimiento engorroso y complicado y en el que se juegan mucho las personas que se sientan en el banquillo. Las cuestiones previas sobre posibles nulidades y demás requerimientos de las partes ya se avanzaron hace unas semanas aunque seguramente será en sala donde se tomen las decisiones oportunas.

El 'caso Quality Food' trata de aclarar una presunta estafa a la Zona Franca de Cádiz del empresario isleño Manuel García Gallardo y su familia con la puesta en marcha en el año 2000 de la compañía alimenticia Quality Food, cuando era delegado del Consorcio fiscal Miguel Osuna, del Partido Popular. El juzgado de instrucción número tres cerró la instrucción en 2015 en un auto en el que mantenía acusación contra el empresario, su familia, Osuna y el que fue su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, exdirector de la Zona Franca y exgestor de proyectos en el Consorcio, quien abandonó su cargo directivo en 2016 tras ratificarse las acusaciones y peticiones de cárcel para él y tras una intensa polvareda mediática y política.

Se trata de aclarar una presunta estafa millonaria cometida por el empresario Manuel García Gallardo en connivencia con los entonces responsables de Zona Franca

También a finales de octubre de 2016 la Fiscalía remitía al juzgado su escrito de acusación y solicitaba la apertura de juicio oral contra los supuestos implicados en este segundo gran agujero económico –tras el desastre de Rilco de Rodríguez de Castro– que se abrió en las cuentas de la Zona Franca en la pasada década.

Pues bien, el Ministerio Público solicita para todos ellos penas que van desde los 16 años y siete meses de cárcel hasta los 10 por haber cometido presuntamente diferentes delitos tras la creación en el año 2000 de la empresa Quality Food. Se les acusa de maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias que generaron a la postre un grave perjuicio en el erario público.

La Fiscalía señala, además de al principal acusado (el empresario), al ex responsable popular de la Zona Franca, Miguel Osuna como partícipe de las presuntas argucias cometidas, asegurando que favoreció a dicha compañía ocultando información y sobrevalorando sus posibilidades. Para él y para el que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, pide diez años de prisión.

Sin embargo, la peor parte se la lleva el empresario Manuel García Gallardo quien, según el escrito, desvió supuestamente gran cantidad de caudales públicos para sufragar sus aventuras empresariales y otros fines personales. Para él el Ministerio Fiscal pide 16 años y siete meses de cárcel por hasta siete delitos: estafa, falsedad en documento mercantil, fraude, administración desleal y apropiación indebida, malversación de caudales públicos y delito societario. En estos dos últimos los considera cooperador necesario. También está procesada la madre de García Gallardo que se enfrenta a 14 años y siete meses.

Cabe recordar que la Abogacía del Estado y el PSOE, las otras dos acusaciones personadas en este caso, piden para el empresario una pena de 17 años de cárcel y siete de inhabilitación absoluta como presunto autor de cuatro delitos: estafa, apropiación indebida, falsedad documental y malversación. Para Osuna y Fedriani piden siete años.

Otros dos actores de este presunto desfalco son el exdirector de una sucursal bancaria de San Fernando de la que supuestamente era cliente García Gallardo y que expidió unos certificados para justificar que el empresario había hecho el desembolso por sus acciones cuando realmente no lo hacía. Para este banquero, Víctor Ocaña, se piden seis años de cárcel.

Y otro de ellos es Rafael Borrego, administrador de algunas sociedades que, según la Fiscalía, era el testaferro de García Gallardo. Para él se pide dos años y ocho meses de cárcel por falsedad en documento mercantil y por un delito societario.

«Una trama y juego de corruptelas»

«Toda esta trama y juego de corruptelas finalmente devino en el hundimiento económico de Quality cuando se descubrió que tras la fachada de una empresa de éxito se había creado un complejo entramado que gozó de ayudas públicas y beneficios que eran desviados de forma sistemática hacia otros fines». La magistrada Rosa María García Jover del juzgado de Instrucción nº 3 de Cádiz dejaba claro en su auto con el que cerraba las diligencias previas que la operación de esta empresa dedicada a la alimentación de precocinados para colegios y cuarteles no era más que una pantalla que sirvió para el enriquecimiento de sus fundadores, según su instrucción.

La sociedad fue creada en 2000 por García Gallardo y sus padres. Y tan sólo un año después, Zona Franca por mediación de Osuna y Fedriani, entró a través de Sogebac, en el accionariado de la compañía. Finalmente la aventura de Quality acabó en denuncias y en una operación tachada de temeraria (ya se dictaminará si ilegal) que supuso el rescate de una sociedad de «dudosa rentabilidad y peor futuro» que llegó a costar más de cinco millones al erario público.

Según la acusación, se hizo adquiriendo las acciones por el triple de su valor real, dando por buenos los informes «maquillados» que había presentado García Gallardo. Desde el punto de vista empresarial, la adquisición era «todo un fiasco y ocasionó un quebranto millonario» en el Consorcio a pesar de que una valoración independiente había alertado a la dirección de Zona Franca que esa firma de alimentos precocinados no valía más de 1,4 millones de euros aunque pagaron casi 6.

Desde entonces la responsabilidad de los implicados se dirime en los juzgados. Una larga instrucción de más de tres lustros que intenta poner orden en este caso que, según se denuncia, provocó graves pérdidas económicas en una administración pública cuya función es fomentar el empleo y las inversiones.