Los servicios de playas han sido municipalizadas.
Los servicios de playas han sido municipalizadas. - ANTONIO VÁZQUEZ
MUNICIPALIZACIÓN

PP y Cs lamentan que el alcalde anime al PSOE a incurrir en una «prevaricación de libro»

El PSOE pide al alcalde «garantías» en la continuidad del proceso de municipalización y «deje de pedir cosas que sabe que no se pueden hacer»

CÁDIZActualizado:

Los grupos de la oposición, en concreto PP y Ciudadanos, han criticado duramente la petición del alcalde de la ciudad, José María González Santos, al PSOE para que la Subdelegación del Gobierno ordene a la Abogacía del Estado desistir de la demanda que tiene interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo por la remunicipalización de los servicios de playa.

Por un lado, el Grupo Municipal Popular ha manifestado que la Abogacía del Estado, que fue quien cursó la demanda, «no puede retirarla a sabiendas de que lo denunciado es ilegal: lo que hace Podemos y Ganar Cádiz es animar al PSOE a que incurran en una prevaricación de libro si retiran esa demanda».

Los populares gaditanos han recordado que –por mucho que ahora intente el alcalde y su gobierno desviar la atención- la base de la demanda interpuesta por la Abogacía de Estado en Cádiz es la misma que en Chiclana, «y se basa en el incumplimiento de varias disposiciones recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016».

A su juicio, «teniendo el precedente de un juzgado que da la razón a la Abogacía del Estado en sus argumentos, retirar una demanda contra un proceso similar al que ha sido anulado a 30 kilómetros de aquí es una opción que los abogados del Estado ni siquiera van a considerar. Al parecer a Podemos y Ganar Cádiz no le basta con estar permanentemente cometiendo irregularidades y caer –presuntamente- en la prevaricación, ahora anima al PSOE a que se una a este sinsentido».

El Grupo Popular ha señalado al respecto que el alcalde «debe tomar ya decisiones sobre el proceso un proceso de municipalización que no solo está en cuestión desde el punto de vista legal sino desde todas los análisis posibles: la playa nos cuesta a los gaditanos 340 mil euros más y está objetivamente peor que en años anteriores. Ya es hora de que Podemos reconozca que su –supuesta- actuación estrella ha sido un verdadero fracaso».

Una tasa de reposición del 100%

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha recordado que esta solicitud del alcalde «ha llegado tras conocerse la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 en relación al proceso de remunicipalización de los servicios de limpieza y atención domiciliaria de Chiclana, que ha declarado que dicho proceso es contrario a la Ley porque vulnera la limitación impuesta a las sociedades municipales para contratar personal que, en el mejor de los casos, solo permite una tasa de reposición del 100%».

El edil de Ciudadanos ha explicado que las empresas municipales solo pueden contratar personal para cubrir las vacantes que se produzcan en sus plantillas por muerte, jubilación, invalidez, cese voluntario u otra causa, pero no pueden aumentar el número de trabajadores que tuvieran.

De esta forma, - ha insistido Pérez Dorao- la sentencia contra el Ayuntamiento de Chiclana «determina por tanto la ilegalidad de los procesos de internalización de servicios que se han llevado a cabo encomendando a empresas municipales su prestación, siempre que para ello la empresa municipal designada haya tenido que aumentar su plantilla subrogando al personal de la empresa privada a la que substituyera».

«Es el caso de Cádiz, - ha destacado el portavoz – donde el proceso de remunicipalización encomendó la prestación del servicio a la empresa municipal Cádiz 2000, cuya plantilla de 7 empleados se ha visto aumentada a más de 200 para la prestación del servicio».

Ha añadido que «la Subdelegacion del Gobierno no puede, como pretende el Alcalde, ignorar este pronunciamiento judicial y actuar conforme le convenga prescindiendo de sí lo actuado es legal o no. Si lo hiciera así estaría incurriendo en un flagrante delito de prevaricación. Es decir, el Alcalde pide al subdelegado que prevarique para favorecer su interés o su conveniencia».

Desde Ciudadanos han calificado esta petición como «inaudita y extravagante» y tan solo entienden que se haya realizado desde «la más absoluta ignorancia». «Quizás el alcalde no sabe que la Administración Pública está sometida al imperio de la Ley y que, por tanto, el criterio de legalidad prevalece sobre los criterios de oportunidad y conveniencia», ha concluido.

Garantías de la continuidad del proceso

Desde el PSOE y en sintonía con lo manifestado por parte del Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco; su portavoz en el Ayuntamiento, Fran González, ha insistido en que la retirada de esta demanda que ya está en trámite y que fue presentada por la Abogacía del Estado en épocas del PP en el Gobierno de la nación «no es tan fácil».

Al mismo tiempo, se ha mostrado a favor de la municipalización de servicios y ha pedido al alcalde que ofrezca «garantías» para que este proceso pueda continuar dentro de la legalidad en lugar de hacer este tipo de peticiones al Partido Socialista «cuando sabe que lo que está solicitando no se puede hacer».

El dirigente socialista ha lamentado que el propio alcalde de la ciudad sea el que haya lanzado esta propuesta al PSOE para que la Subdelegación retire el recurso «cuando lleva ya tres años gobernando en la ciudad y sabiendo que desde la administraciones no se puede ir en contra de la Ley».

Para Fran González, en estos momentos «estamos a la expectativa de lo que diga la Justicia», una vez que en Chiclana se ha anulado el acuerdo plenario que aprobaba la municipalización.

El dirigente socialista ha reiterado que cuando finalice la temporada estival «analizaremos cómo ha funcionado durante todo este verano cada uno de los servicios municipalizados» asegurando que las prioridades del PSOE a la hora de apoyar este proceso eran, por un lado, la garantía de la prestación de un mejor servicio y, por otro lado, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.