José Blas Fernández, concejal del PP.
José Blas Fernández, concejal del PP. - LA VOZ
PRESUPUESTOS MUNICIPALES

El PP presume que el alcalde puede haber «prevaricado» con las cuentas

Tras la falta de respuesta a su recurso por el «defecto formal» en la convocatoria del pleno, ha solicitado un certificado por ese silencio y medita si ir a los juzgados

CÁDIZActualizado:

El concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, ha calificado de «inseguridad jurídica» la situación en la que se encuentra la ciudad ante la falta de respuesta por parte del alcalde, José María González Santos, que no ha resuelto el recurso de reposición presentado por la formación popular ante el «defecto formal» en la convocatoria del pleno en el que se aprobaron los presupuestos de este año 2018.

En el recurso de los populares se alegó que no se incluyeron en la convocatoria del citado pleno las alegaciones a las cuentas «por lo que el pleno podría ser nulo de pleno derecho», ha afirmado Fernández.

A juicio del edil popular, «el equipo de Gobierno está obligado a dictar una resolución expresa y a notificármela como iniciación del procedimiento». Al no hacerlo, ha añadido, «ha incurrido en tal gravedad que incluso puede ser dicha conducta constitutiva de un presunto delito de prevaricación».

José Blas Fernández ha insistido en que la Ley de Procedimiento Administrativo 39/15, en su artículo 21, estipula que «la administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación».

Así, ha solicitado que -dentro del plazo de 15 días fijado legalmente- se acuerde la emisión de un certificado del silencio producido «y se me entregue, a fin de que, a la vista de su contenido, pueda ejercitar las acciones legales que considere oportunas por la vulneración por parte del alcalde de nuestro ordenamiento jurídico, acudiendo a la jurisdicción contenciosa administrativa para que se produzca la paralización del acto recurrido».

Es decir, que se podría paralizar la ejecución de los presupuestos municipales para este ejercicio 2018, en vigor desde finales del mes de julio.

Blas Fernández ha apuntado que «la Ley me da la opción a pedir una certificacion al secretario y, una vez que me conteste en un plazo de quince días, a ir al contencioso en el caso de que mi grupo lo considere oportuno una vez que veamos el contenido de la respuesta que se nos dé».

Nueva convocatoria del pleno

El dirigente popular ha subrayado asimismo que «es una situación muy anómala ya que se podría suspender todo el acto y por lo tanto tendría que convocarse de nuevo el pleno de presupuestos». Para el edil, «nos encontramos en una grave situación porque volveríamos a estar en los presupuestos de 2014 hasta que no se aprueben de forma correcta, es decir, con una convocatoria que incluya las alegaciones».

Una vez recibida la certificación, el plazo con el que cuenta el Partido Popular, que está estudiando si acudir o no a los juzgados, es de dos meses. Por tanto, ha señalado el concejal, «podríamos encontrarnos con que desde que entraron en vigor los presupuestos hasta que se emita la sentencia -si es desfavorable- las cuentas serían nulas. Es un auténtico desastre».

Los populares han lamentado que, una vez que ya fueron anulados los presupuestos de 2016 por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «se volvería a poner de manifiesto la nefasta gestión de este equipo de Gobierno, que no guarda las formas y que convocó de una manera que era ilegal».

Para Blas Fernández, «el que tiene ahora la patata caliente es el alcalde, que es el que no ha resuelto este recurso de reposición».