El PP eleva a casi 1,5 millones la deuda oculta de Diputación con proveedores

El portavoz del PP en Diputación, José Loaiza , ha elevado a en torno al millón y medio de euros la deuda oculta del Gobierno de Irene García y ha advertido de que el goteo de facturas pertenecientes a 2016 y 2017 es incesante.

Loaiza ha reiterado su petición al responsable económico de Diputación, Jesús Solís, a que aclare de una vez qué está pasando porque el Gobierno socialista «le debe dinero a todo el mundo pero ni siquiera tenía debidamente contabilizadas las operaciones de pago». El dirigente popular ha remarcado que, a día de hoy y que haya tenido conocimiento el PP, la institución provincial debe dinero de subvenciones a dedo a 13 ayuntamientos, ayudas económicas concedidas a tres entidades sociales y cientos de facturas de diversos servicios, ferreterías e imprentas a una empresa que llevó a cabo un tratamiento contra plagas en el mercado de Sanlúcar hace dos años. Incluso, advierte, se están liquidando ahora obras ya concluidas.

El portavoz del PP ha señalado que, entre el reconocimiento de deuda por decreto y el primer reconocimiento de crédito del Pleno pasado, está claro que hay un problema muy serio en la Diputación, una auténtica bola de nieve que se ha llevado por delante el crédito de la institución provincial. Por todo ello, confía en que el caos económico también conlleve la depuración de responsabilidades políticas: Solís no puede seguir al frente de la delegación ni un minuto más.

En este sentido, ha advertido que la liquidación del presupuesto de Diputación es un cuento y ha recordado que el propio Solís admitía ingeniería contable. Para Loaiza, está claro que algo pasa porque no es normal que ahora aparezcan facturas por valor de 1,5 millones de euros, más lo que queda, según han podido constatar con proveedores que aún esperan una respuesta del Gobierno socialista.

Finalmente, ha lamentado que Irene García ha acabado con el crédito de Diputación recuperando prácticas censurables, de los peores tiempos de la institución con el PSOE al frente, y acusado de poner en riesgo empleos y a pequeñas y medianas empresas .