Playas de Cádiz
La Junta resuelve que los chiringuitos podrán abrir en invierno
La resolución confirma el cambio de titularidad por parte del Ayuntamiento y pone en entredicho la actuación del alcalde
La Junta de Andalucía ha resuelto a favor de los empresarios de los chiringuitos el expediente de modificación sustancial del título concesional y estos ganan así una nueva batalla al Ayuntamiento de Cádiz. De este modo, los chiringuitos consiguen ampliar y mejorar las condiciones de sus negocios, consiguiendo permiso para abrir sus establecimientos durante todo el año; ampliar su superficie de ocupación a 170 metros (módulo cerrado más módulo de aseos), así como ampliar sus concesiones hasta un máximo de 30 años.
Con esta resolución, la Junta de Andalucía también pone en entredicho la actuación del Ayuntamiento de Cádiz en todo este proceso, ya que vuelve a dar validez al Decreto firmado por el alcalde José María González con el que se inició el cambio de la titularidad, pasando la concesión municipal a manos privadas sin la convocatoria expresa de ningún concurso público ni ningún otro procedimiento o expediente administrativo similar. Precisamente, esta actuación está denunciada en los Juzgados por parte de los dos ediles de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández Trujillo , que acusan al regidor de dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
El portavoz de la formación naranja ha sido de los primeros en reaccionar tras hacerse pública la resolución dictada por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tras casi un año de tramitación y tras un intercambio de alegaciones por parte del Ayuntamiento, que finalmente han sido desestimadas. «Esto nos confirma la idea que teníamos y en la que argumentamos nuestra demanda en los tribunales. Esta resolución viene a confirmar la transmisión de la titularidad a favor de los empresarios. Por lo tanto, entendemos que si la transmisión de la titularidad se ha producido, el delito por parte del alcalde se ha perpetrado », expuso Pérez Dorao.
Por ello, el edil ya ha tomado las medidas judiciales pertinentes dentro del procedimiento legal que está abanderando la formación naranja en defensa de los intereses de la ciudad, aportando al Juzgado una copia de dicha resolución del expediente de modificación sustancial a favor de los empresarios como una prueba más de este presunto delito. «Hemos querido dar cuenta a la jueza de esta resolución que confirma que el Ayuntamiento ha perdido el control de los chiringuitos durante los próximos 30 años. En este expediente se puede ver claramente cuál era la finalidad del Ayuntamiento, por lo que nos parece todo un despropósito», apostilló el dirigente político.
Pérdidas económicas
Otro de los aspectos más polémicos de la resolución y que más perjuicios acarrea para la ciudad se centra en el canon que los empresarios pagaban al Ayuntamiento de Cádiz. Con la aprobación de este documento, los empresarios no tendrían que seguir abonando el canon al Consistorio, ya que la Junta de Andalucía recoge explícitamente que «el concesionario abonará el canon por semestres adelantados al Tesoro Público a partir de la fecha de notificación de la concesión en la forma y cantidad que se fije por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el importe correspondiente al canon de ocupación o aprovechamiento».
De este modo, la Junta de Andalucía confirma a los dueños de los chiringuitos como titulares de sus negocios, eliminando cualquier competencia del Ayuntamiento. Ahora, habrá que esperar la actuación de los responsables municipales, que se quedan con la vía de los tribunales casi como única alternativa para hacer valer su posición en su guerra contra los chiringuitos.
La única vía que existe actualmente para que el Ayuntamiento vuelva a tener el mando sobre este tipo de establecimientos, pasa precisamente por los tribunale s . O bien, iniciando una demanda contra la Junta para subsanar la confrontación de criterios en el expediente que propició el cambio de titularidad o, de forma indirecta, en el caso de que el alcalde fuese condenado en la demanda interpuesta por Ciudadanos. En este caso, el juez podría declarar la restitución de la situación previa, ya que la sentencia tendría que llevar aparejada la nulidad del contrato al considerarlo fraudulento. En este último caso, los empresarios tendrían derecho a percibir una indemnización.
