Juan Marín, vicepresidente andaluz, junto a los representantes de las diputaciones provinciales.
Juan Marín, vicepresidente andaluz, junto a los representantes de las diputaciones provinciales. - Nacho Frade
Cádiz

La Junta presume del Programa de Fomento de Empleo Agrario y la Diputación recuerda que «no hay novedad»

Juan Marín e Irene García valoran por separado la evolución de las aportaciones económicas: «Lo he querido decir delante del vicepresidente pero él no ha querido»

CádizActualizado:

Junta de Andalucía y Diputaciones andaluzas han acordado las aportaciones económicas que dedicarán a la adquisición de los materiales de las obras de la próxima edición del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2019). Los convenios reguladores se han suscrito en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, donde el vicepresidente del ejecutivo autonómico, Juan Marín, ha firmado los acuerdos junto a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, y representantes de las Corporaciones provinciales andaluzas.

La Junta reserva más de 54 millones de euros para el PFEA en el conjunto de Andalucía; las Diputaciones suman más de 18 millones y el Gobierno estatal asume una inversión de 161 millones de euros, según cifras aportadas por Marín. Por tanto la incidencia presupuestaria de este programa en Andalucía supera los 233 millones de euros; en la provincia de Cádiz el próximo PFEA dispondrá de 25,3 millones de euros.

Juan Marín manifestó que «después de casi casi años de congelación de los distintos Gobiernos -en referencia al nacional, al andaluz y a las propias Diputaciones- se incrementan los recursos». Tras la firma del día de hoy los programas podrán empezar a funcionar de manera inmediata, «un tiempo récord puesto que este Gobierno ha sido capaz de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para la firma de los convenios y poder poner los recursos en apenas cinco meses después de la toma de posesión», ha recordado Marín.

El Gobierno andaluz ha incrementado 3,4 millones su aportación respecto a la convocatoria de 2018. La Junta ha planteado en el Comité Regional del PFEA la necesidad de incrementar todos los años como mínimo un 5% el importe destinado a este programa.

Diputación intenta «poner luz» sobre los datos arrojados

El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, asume los costes de contratación de la mano de obra, mientras que la Junta y las Diputaciones sustentan la compra de materiales. Sin embargo, los fondos estatales no se incrementaron desde el año 2011 hasta el ejercicio 2016, según ha rememorado Irene García; para compensar esa «congelación» Junta y Diputaciones incrementaron sus aportaciones en 2012 (más de un 5 por ciento) y sobre todo en el año 2016 cuando elevaron sus cuotas hasta el 12,5 por ciento. El Estado recobró la senda del crecimiento en sus aportaciones en el año 2017 y, desde entonces, las tres instituciones implicadas (estatal, autonómica y provincial) asumen idénticas subidas, según ha repasado García. Para la nueva edición –cuyas obras comenzarán previsiblemente en septiembre y se ejecutarán hasta junio de 2020- todas las administraciones asumen un incremento del 6,38 por ciento.

El PFEA hace tiempo que dejó de ser únicamente un programa de protección social; de hecho, gracias a las obras consideradas de empleo estable, propicia la concreción de intervenciones que generan actividad económica y empleo duradero. En ese sentido Irene García ejemplificó con el mercado de abastos de Sanlúcar de Barrameda.

Con la cobertura estatal se retribuye la mano de obra contratada, mientras que Junta y Diputaciones asumen la adquisición de materiales. Este último importe equivale al 45% de la inversión que el Gobierno de España dedica a contrataciones. En términos absolutos las cifras se distribuyen de la siguiente manera en la provincia de Cádiz: el Gobierno estatal destinará 17,4 millones de euros para la mano de obra; la Junta reserva 5,8 millones de euros y Diputación aporta 1,9 millones.

En su intervención, Marín ha explicado que con los recursos que la Junta de Andalucía va a poner a disposición de las diputaciones se pretende «arraigar la población al territorio y dar oportunidades laborales a muchas personas que desgraciadamente están en situación de desempleo, que son parados de larga duración o que son personas que están en una situación de riesgo social».