Cádiz

La Inspección de Trabajo estima que hay «cesión ilegal» con las informadoras turísticas

La asesoría jurídica de la plantilla remite un escrito al alcalde exigiéndole medidas urgentes para poner fin a la situación discriminatoria denunciada

CádizActualizado:

La Inspección Provincial de Trabajo de Cádiz ha sido clara y rotunda en un informe en el que aborda la situación de las informadoras turísticas de la ciudad, que desde hace meses vienen reclamando una solución a su situación laboral.

El informe declara que «queda probada la existencia de cesión ilegal de mano de obra» de estas trabajadoras, contratadas por la empresa Manpower, aunque bajo el control y organización del Ayuntamiento de Cádiz, que aún tiene externalizado el servicio a pesar de que el equipo de Gobierno se comprometió y se aprobó en un pleno de 2016 que la municipalización del mismo era inminente.

La Inspección de Trabajo asegura en su dictamen que estos hechos constituyen «infracción muy grave» tipificada en el artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1 y 2 del Real Decreto.

Ante el resultado de este informe de la Inspección, el abogado que representa a las siete trabajadoras de información turística que prestan sus servicios en las oficinas de Canalejas y Cortadura, Miguel Segado Soriano, ha registrado en el Consistorio un escrito dirigido al alcalde de la ciudad, José María González Santos.

En este escrito recuerda al regidor gaditano que sus representadas han tenido conocimiento de que, un año más, desde el Ayuntamiento se va a contratar –a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)– a personal como funcionario interino para las oficinas de la playa de La Victoria y La Caleta, por lo que se trata de una clara discriminación hacia las trabajadoras.

Recordar que el salario de estas informadoras turísticas que están subcontratadas durante todo el año es de 4 euros la hora, por lo que -a excepción de la coordinadora que cobra un plus por esta función- sus salarios no llegan a los 900 euros al mes, mientras que el personal interino que ejercerá su misma labor durante el verano percibirá un sueldo de aproximadamente 2.000 euros. Esta situación es calificada por el propio asesor jurídico de las trabajadoras en su escrito al alcalde como «abusiva discriminación».

Para Segado, el actual equipo de Gobierno presidido por González Santos, «está perpetuando y alentando cada vez más la chapuza cometida por el anterior equipo de Gobierno del PP» cuando externalizó este servicio municipal. Añade que «resulta incomprensible y contradictorio con los ideales progresistas que predica mantener esta situación ‘sine die’ incumpliendo el acuerdo de municipalización del servicio aprobado en el pleno del 25 de noviembre de 2016».

El abogado de la plantilla de trabajadoras de información turística informa a su vez al alcalde del dictamen de la Inspección Provincial de Trabajo, poniendo en su conocimiento «la situación irregular y constitutiva de cesión ilegal de trabajadores» (según artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores).

Miguel Segado advierte de que si esta situación no se remedia de inmediato «este período estival habrá trabajadores de información turística contratados por el Ayuntamiento de Cádiz como funcionarios interinos –otra ilegalidad más ya que no hay motivo de urgencia que conlleve el acudir a esta modalidad de acceso al empleo público siquiera temporal- cobrando 2.000 euros al mes».

Añade que «mis representadas, que llevan todo el año dando la cara por vender las excelencias de nuestra ciudad, con el mismo trabajo, percibirán unos salarios inferiores en más de un 40 por ciento a las contratadas por el Ayuntamiento que usted preside ¿Dónde está el principio básico de a igual trabajo, igual salario?».

En su escrito, el asesor jurídico de las trabajadoras de información turística pide al alcalde de la ciudad que se adopten por parte del equipo de Gobierno «las medidas necesarias para poner fin a la situación discriminatoria denunciada impulsando el proceso de municipalización del personal al que represento y que está adscrito a las Oficinas Municipales de Turismo».

Segado, que asegura que este asunto está denunciado ante los juzgados, podría derivar –en el caso de que el equipo de Gobierno haga caso omiso a este requerimiento– en una sentencia por la que el Ayuntamiento tendría que admitir a sus representadas como trabajadoras municipales.