Especialistas celebran que las personas sin techo recuperen sus derechos legales

«Se trata de cumplir con la legislación. Se trata de permitir a un grupo de ciudadanos los derechos que ya les corresponden». Menchu Romero y Diego Boza coinciden en la conclusión principal tras el anuncio de que el Ayuntamiento de Cádiz facilitará el empadronamiento de las personas sin techo. Ella es una de las integrantes más activas de la Mesa de Personas sin Hogar que reclamaba este paso, sin éxito, desde hace cuatro años. Romero acumula una larga trayectoria de trabajo en favor de este colectivo tanto en Cáritas Diocesana (con la que ha trabajado 16 años) como desde el Colegio de Trabajadores Sociales. Boza es uno de los responsables de la asociación en favor de los Derechos Humanos en Andalucía.

Ambos destacan que la normalidad se convierte en noticia. La Ley pide claramente que todos los ciudadanos estén empadronados y, simplemente, por primera vez en la ciudad de Cádiz, se actúa conforme a esa legislación al permitir que los indigentes, los sintecho, los que no tienen un domicilio y duermen en la calle de forma regular o esporádica vayan a poder contar con ese requisito administrativo.

El Ayuntamiento de Cádiz al fin ha dado luz verde a un protocolo de altas y bajas de empadronamiento para las personas que carecen de un techo puedan realizar trámites que les facilitarán servicios y ayudas que sin ese paso eran muy complicados. Menchu Romero, cuando de aclarar las consecuencias prácticas del empadronamiento se trata, detalla varias: «Hasta ahora, sólo podían acceder a la atención sanitaria a través de urgencias. Al estar empadronados podrán acudir a un médico de cabecera o a un especialista». La prevalencia de algunas dolencias o adicciones en el colectivo de personas sin hogar es porcentualmente más alto que en el de ciudadanos con domicilio fijo por lo que este tipo de seguimiento médico puede ser fundamental en muchos casos. Además, la trabajadora social y experta en este fenómeno afirma que el empadronamiento agilizará el difícil acceso a distintos tipos de ayuda económica. «Por poner sólo un ejemplo, la Junta de Andalucía solicita un año de empadronamiento como condición previa para la obtención del salario social».

Con el simple gesto de tener un domicilio legal al que remitir documentación, citas y notificaciones, estos ciudadanos entran en otro estamento que incluso incluye derechos que se daban por sentados y que no tenían «como el de ejercer su derecho a voto. Son ciudadanos como todos y no podían votar si no estaban empadronados».

Para las personas sin techo que lo soliciten, la dirección física que aparecerá en su empadronamiento será la del Albergue Municipal o cualquier otro edificio que prefieran, al que se le pueda enviar documentación y en el que puedan recogerla cuando lo consideren.

Menchu Romero admite que se trata del colectivo más vulnerable de la sociedad, el que tiene más necesidades y sufre más golpes. Reclama mucha más atención, más dotación personal y sobre todo material para ellos pero celebra el paso dado. «Les tratamos como si no existieran, como si no estuvieran o vivieran al margen de todo pero son ciudadanos con los mismos derechos que todos y este gesto sólo viene a dejarlo claro. Ya tenían esos derechos, los mismos, sólo que ahora se los dan».