Andres Beffa (derecha) entra en los juzgados acompañado de su abogado. Atrás, el director técnico.
Andres Beffa (derecha) entra en los juzgados acompañado de su abogado. Atrás, el director técnico. - A. VÁZQUEZ
TRIBUNALES

Declaran los máximos responsables investigados por el fraude en Bomberos

El expresidente Andres Beffa se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza que instruye el caso

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Los máximos responsables del supuesto fraude cometido en el Consorcio Provincial de Bomberos han pasado la mañana de este jueves por los juzgados de San José. El expresidente Andrés Beffa y el exgerente del Consorcio, Javier Otalora, se han acogido a su derecho a no declarar. «Acreditaremos su inocencia porque los delitos que se les imputan no tienen sentido», ha manifestado el abogado Felipe Meléndez que representa al Beffa y Otalora. También está citado hoy el actual director técnico.

La titular del juzgado de instrucción número 3 sigue así adelante con el procedimiento que investiga si se cometió un fraude que pudo costarle más de siete millones de euros al erario público por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión del Consorcio Provincial.

El Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) denunció en mayo de 2013 ante la Fiscalía Provincial estas supuestas irregularidades que se vendrían cometiendo desde años atras. Se habían percatado de la contratación por parte de los directivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz (CBPC), de un plan de previsión social por el que se garantizaba a los bomberos y altos cargos directivos del consorcio un salario creciente hasta los 65 años. Según denunciaron había «una diferencia abismal» entre unos beneficiarios y otros de la póliza. Los presidentes del Consorcio no se beneficiarían de esta póliza, aunque sí otros directivos.

Posteriormente en una ampliación de la denuncia, también se aireaban unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del CBPC a través de una sociedad afincada en Madrid llamada Formatekno. Y se ponía además la lupa en un sospechoso acuerdo regulador de las relaciones de los empleados, justo elaborado tres años antes, del año 2010, que podría haberles dado ‘carta blanca’ para cometer estas conductas ilícitas.

El escándalo saltó a la luz pública el pasado mes de enero después de que transcendiera la investigación que estaba desarrollando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz y que acusaba a varios exresponsables de la entidad.

Ya este miércoles pasaron por los juzgados de San José el exinterventor, quien, según ha podido saber este periódico, se acogió a su derecho a no declarar, además del técnico de la Administración General del Consorcio y el extesorero –actual director financiero– quienes sí contestaron a la jueza y a sus abogados.

En el marco de la ‘operación Flama’ hay catorce investigados. Doce de ellos fueron detenidos como presuntos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios, una ristra de acusaciones cuyo perjuicio económico pudo ser de más de siete millones de euros.