TRIBUNAL

Comienzan a declarar los investigados por el supuesto fraude en el Consorcio de Bomberos

Este jueves está citado ante la juez el expresidente de la entidad

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acoge desde ayer la toma de declaración a los investigados por el supuesto fraude destapado en el Consorcio Provincial de Bomberos, un escándalo que saltó a la luz pública el pasado mes de enero después de que transcendiera la investigación que estaba desarrollando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Cádiz y que acusaba a varios exresponsables de la entidad de, entre otras supuestas irregularidades, haberse enriquecido de manera ilegal por medio de un seguro millonario de jubilación a costa del erario público.

Ya ayer pasaron por los juzgados de San José el exinterventor, quien, según ha podido saber este periódico, se acogió a su derecho a no declarar, además del técnico de la Administración General del Consorcio y el extesorero –actual director financiero– quienes sí contestaron a la jueza y a sus abogados.

Para hoy se esperan las declaraciones de los máximos responsables. Así está citado el expresidente del Consorcio, Andrés Beffa, el exgerente y el director técnico. Se da la curiosa circunstancia que los investigados pasaran por los juzgados el mismo día que se celebra el patrón de los bomberos, San Juan de Dios.

En el marco de la ‘operación Flama’ hay catorce investigados. Doce de ellos fueron detenidos como presuntos autores de numerosos delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, prevaricación, nombramiento ilegal, asociación ilícita, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios, una ristra de acusaciones cuyo perjuicio económico pudo ser de más de siete millones de euros.

La operación comenzó hace unos cuatro años tras la denuncia que presentó en la Fiscalía Provincial el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC). Se percataron de la contratación por parte de los directivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz (CBPC), de un seguro de jubilación anticipada para sus funcionarios operativos en los que había «una diferencia abismal» entre unos beneficiarios y otros de la póliza. Posteriormente en una ampliación de la denuncia, también se aireaban unas presuntas irregularidades en los cursos de formación del CBPC. Y se ponía además la lupa en un sospechoso acuerdo regulador de las relaciones de los empleados, justo elaborado tres años antes, del año 2010, que podría haberles dado ‘carta blanca’ para cometer estas conductas ilícitas.

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