CÁDIZ

Aumenta la tensión entre los chiringuitos y el Ayuntamiento

Los propietarios de los establecimientos denuncian a Martín Vila y el Consistorio afirma que la playa «no es un coto privado de nadie»

CÁDIZActualizado:

La Asociación de Empresarios de Costa de Cádiz (Aecca) ha presentado una denuncia por vía penal por presunto delito de prevaricación, contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila (Ganar Cádiz) «por las actitudes arbitrarias» en cuanto a la polémica suscitada con los chiringuitos. Por su parte, el equipo de Gobierno afirma que la playa «no es el coto privado de quienes se han adjudicado una concesión, sino un recurso ambiental a proteger y defender».

Los empresarios entienden que desde la Delegación de Urbanismo «se están dictando resoluciones injustas, como es la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena y de restablecimiento de la legalidad urbanística». En este sentido, creen que «se da la circunstancia que el propio Ayuntamiento ha autorizado ocupaciones en las playas muy superiores a los 150 metros cuadrados y, por tanto, contraviniendo el PGOU, con instalaciones de altura y ocupaciones superiores a las permitidas en el documento, e incluso equipamientos expendedores de bebidas prohibidas en instalaciones deportivas».

El Ayuntamiento afirma que los empresarios «usan el chantaje y quieren saltarse las normas»

Además, aseguran que «se ha constatado a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que el Ayuntamiento ha infringido el PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos, permitiéndolas y justificándolas de forma contraria a ley o buscando subterfugios». Por otra parte, indican que sobre el acuerdo de desistimiento por parte del Ayuntamiento de los procedimientos de transmisión de los títulos concesionales, «se plantea interponer el correspondiente recurso contencioso–administrativo por vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima y de seguridad jurídica, entre otras vulneraciones de derechos».

Por su parte, el equipo de gobierno ha afirmado que «lo que anuncian los propietarios de los chiringuitos no es más que fruto de la frustración por no haber conseguido desde la presión y el chantaje lo que realmente quieren, mejores condiciones para sus negocios sin concurrencia pública y saltándose las normas urbanísticas».