TRIBUNALES

Manuel García Gallardo: «Es una acusación totalmente falsa»

Los investigados por este supuesto fraude millonario a la Zona Franca llegan a la Audiencia Provincial de Cádiz después de quince años de trámite judicial

Actualizado:

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz acoge desde este martes el juicio por el 'caso Quality Food'. Al tribunal gaditano han llegado a primera hora todos los investigados que se sentarán en el banquillo. Entre ellos, el empresario isleño Manuel García Gallardo, y los dos exaltos cargos de Zona Franca en la fecha de los hechos. El exdirector Miguel Osuna y su jefe de gabinete José Manuel Fedriani.

A su llegada el empresario máximo implicado en la supuesta trama ha hecho unas breves declaraciones a los medios, asegurando que se encuentra «muy contento» con que se inicie la vista tras un largo periplo judicial. García Gallardo ha afirmado que «es una acusación totalmente falsa para no pagar lo que la justicia ya ha sentenciado». Tras él, ha hecho acto de presencia el exdirector de Zona Franca, Miguel Osuna que no ha querido hacer declaraciones. Su abogado Felipe Meléndez ha dejado entrever que el juicio se celebrará y no pactarán una conformomidad. Por su parte Fedriani no ha querido hacer ningún tipo de manifestación.

El juicio arrancará con las cuestiones previas que ya se adelantaron hace unas semanas y no se descarta que las partes puedan llegar a un acuerdo de conformidad evitando así la celebración de juicio aunque esta circunstancia se antoja difícil debido a las penas tan altas que se pide para los imputados. De entre 16 a 10 años de prisión.

El juicio, cuya celebración está prevista hasta el próximo 12 de abril, trata de dilucidar si los seis investigados formaron parte de una trama que defraudó millones de euros del erario público de la Zona Franca utilizando la creación de la empresa alimenticia Quality Food a partir del año 2000.

Se trata de averiguar si el empresario Manuel García Gallardo recibió este dinero en connivencia con los anteriores responsables del Consorcio a la fecha de los hechos a través de una compra de acciones 'infladas' y ocultando información al consejo directivo del ente público.