NARCOTRÁFICO

De los narcos, al infierno. El largo camino de la droga

Un protocolo regula la aprehensión, análisis, almacenaje y custodia de la droga intervenida, hasta su destrucción en quemaderos secretos

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La presión policial en el Campo de Gibraltar está arrojando magníficos resultados en la lucha contra el narcotráfico con la detención de numerosas personas y la intervención de toneladas de droga. Los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior así lo constatan. De enero a abril, último balance disponible, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han incautado en esta comarca gaditana de 11,2 toneladas de cocaína (la misma cantidad que en todo 2017) y de 75 toneladas de hachís (la mitad que en todo el año pasado).

Estos datos no incorporan las incautaciones de droga realizadas durante el mes de mayo y lo que va de junio, donde los golpes al narcotráfico también han resultado importantes y han sido intervenidas varias toneladas de hachís en el Campo de Gibraltar.

Y la pregunta que surge a continuación es sencilla: ¿Cómo se almacena y custodia, y qué se hace con la droga intervenida? El Ministerio del Interior aplica desde el año 2012 un protocolo que, según las fuentes gubernamentales consultadas por este periódico, ha reducido los problemas de almacenaje y ha supuesto una mayor agilidad en la destrucción de esta droga, que se efectúa en hornos crematorios cuya localización es alto secreto y no se revela bajo ningún concepto por motivos de seguridad. En Andalucía hay varios y uno de ellos está en Jerez, donde, hace un par de meses, dos trabajadores fueron sorprendidos intentando quedarse con parte de un alijo de cocaína, lo que evidencia que el protocolo establecido no es perfecto.

477 toneladas en 2017

El Ministerio del Interior ofreció en enero datos de la droga destruida en España el año pasado. Un total de 477 toneladas, «un récord histórico» según se indicó, que ha supuesto un incremento interanual de un 30,73%. Es hasta la fecha el mejor dato histórico, cifrado hasta el momento en 454 toneladas en 2013. Y es que sólo el año pasado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron 30,8 toneladas de cocaína (un 104,22% más que en 2016), 4,4 toneladas de heroína (un 88,8% más), 16,5 de marihuana (un 57,71% más) y 815.924 plantas de cannabis (un 49,43% más).

Objetivos del acuerdo

El acuerdo de colaboración entre el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en materia de destrucción de drogas fue firmado en 2012. Una comisión de seguimiento establece el proceso a seguir. De la misma forman parte el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Interior y Justicia, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

El mencionado acuerdo marco establece que la droga incautada en el ámbito de un proceso penal debe ser analizada con la máxima celeridad y su destrucción debe ser autorizada de la forma más rápida.

Todos los organismos implicados se comprometen a colaborar en la gestión de la droga incautada en el marco del ilícito penal para garantizar la cadena de custodia de los alijos, agilizar la destrucción de la droga en el plazo de semanas con la conservación de muestras como pruebas para el juicio y evitar así la acumulación de depósitos.

El protocolo de colaboración interministerial y judicial regula la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas mediante la colaboración de todos los organismos que intervienen, como son los juzgados y tribunales, la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las delegaciones de Gobierno, técnicos y laboratorios.

Asimismo, establece procesos estandarizados desde la incautación de las drogas, su análisis y reserva de muestras, hasta su destrucción final.

Evitar que la droga vuelva

Los objetivos de este protocolo son garantizar las condiciones de ocupación y conservación de aquellas pruebas necesarias para el enjuiciamiento de los hechos delictivos, y velar porque la sustancia incautada, de carácter ilícito y peligrosa para la salud pública, no vuelva a reintroducirse en los canales de distribución y consumo, excluyendo que las condiciones de su conservación originen un peligro para la salud pública o incluso un riesgo de comisión de nuevos delitos.

Esencial es también garantizar la cadena de custodia de la droga intervenida, por lo que se debe dejar constancia en todo momento de su situación y del personal al que se encomienda.

También establece los pasos a seguir. Así, una vez aprehendida la droga procedente del tráfico ilícito por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se pone a disposición del juzgado competente. Son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las que levantan acta del tipo de sustancia y hacen una descripción lo más detallada posible. Además, realizan reportajes fotográficos y/o videográficos de la sustancia aprehendida.

La toma y recogida de las muestras de droga se realiza de acuerdo con los protocolos específicos para agilizar y perfeccionar los procedimientos científicos de muestreo, de realización de análisis, y las pautas operativas.

En todo caso, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que realizan el pesaje bruto del alijo, la toma de muestras y la etiquetan con un número de identificación general y el de procedimiento inicial. Posteriormente, la droga es puesta a disposición del juzgado con una copia del acta.

Tras la entrega de la copia del acta se procede a la remisión inmediata de las muestras al organismo oficial correspondiente para que proceda a su análisis, custodia y, en su caso, destrucción parcial o total. El traslado se realizará por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado integrantes de la policía judicial.

Por cada entrega, el organismo oficial receptor debe remitir al juzgado de procedencia un dictamen o informe pericial en el que se hacen constar la identificación de la sustancia, la pureza, la cantidad neta, su calificación legal según los listados nacionales e internacionales (de la Organización de Naciones Unidas) y los datos administrativos relacionados con la causa.

Todos los profesionales implicados se rigen además por una ‘guía práctica’, en la que se establecen criterios homogéneos de actuación y se garantiza la cadena de custodia para evitar robos, aunque éstos a veces se producen.

Como muestra, lo ocurrido en Jerez a principios de mayo, cuando la Guardia Civil detuvo a dos trabajadores de una cementera por tratar de quedarse cocaína que debía ser destruida en un horno de dicha planta por mandato judicial. El alijo era de 18 kilos. Los trabajadores fueron sorprendidos por los agentes manipulando una parte de esta sustancia cuando debían introducirla en la chimenea a la que se arrojan los materiales para su destrucción.

Asimismo, en octubre de 2012, varias personas robaron 300 kilos de droga, la mayoría cocaína, del depósito oficial de la Subdelegación de Cádiz. Cinco años después, los culpables fueron detenidos.

Antes de la entrada en vigor del protocolo, en 2011, cinco personas robaron más de 181 kilos de droga, 133 de ellos cocaína, en el almacén de Sanidad Exterior que la Subdelegación del Gobierno de Málaga tenía en el puerto.

Evitar problemas en los depósitos

En el acuerdo firmado para la aplicación de dicho protocolo, se reconoce que la persecución de los delitos contra la salud pública conlleva la incautación de importantes cantidades de droga a disposición judicial, «lo que ocasiona toda una problemática en torno a su custodia y almacenamiento, así como disfunciones en las distintas fases de la investigación, desde la misma aprehensión de las sustancias hasta la definitiva destrucción de la droga por la autoridad judicial una vez finaliza el procedimiento».

Desde el Gobierno se reconocía ya en 2012 que la situación era «especialmente preocupante» en cuanto al almacenamiento de las sustancias intervenidas «ya que en muchos casos la acumulación sobrepasa la capacidad de los depósitos previstos y el desbordamiento obliga a que una parte importante de los alijos sean custodiados en lugares inapropiados».

También se destacaba que, debido al volumen y complejidad de los asuntos, la tramitación de los procedimientos penales «prolonga las situaciones de depósito más allá de lo que sería deseable y genera un importante riesgo de deterioro y degradación de los principios activos de los alijos intervenidos, lo que excluye el sentido de la necesidad de su conservación al restar la fiabilidad mínima precisa a la pericia que se pretenda hacer con esas muestras».

Por todo ello, se alertaba de que la situación generaba «importantes riesgos tanto para la salud en general, como para la seguridad ciudadana» y generaba elevados costes por la existencia de almacenamientos masivos y prolongados, que son innecesarios.