Cádiz

El gobierno municipal de Cádiz se enfrenta a la presión de su propio partido

El inicio de una campaña de Podemos contra un proyecto aprobado en Pleno confirma la diferencia de tono entre concejales y militantes de la formación

JOSé LANDI
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El nuevo gobierno municipal de Cádiz tiene oponentes poderosos. El principal, una oposición que conquistó más votos, superior en número y capacidad de decisión con sólo abstenerse un partido situado entre unos y otros: el PSOE. Se enfrenta también a la fuerza de la costumbre, a la memoria. Toma el poder local tras el mandato más largo de la historia de Cádiz en etapas democráticas: 20 años de gobiernos de Teófila Martínez. Con mayorías absolutas. Con la inercia que conllevan dos décadas de control administrativo.

Pesa mucho también la gran inexperiencia política, confesada por todos los concejales, incluido el alcalde: José María González Santos. También cuenta con un sector muy crítico en los medios de comunicación.

Hay que salir de Cádiz, de Andalucía o abrir el abanico a los nuevos periódicos digitales para encontrar cabeceras o emisoras que tengan una línea editorial siquiera cercana a los postulados de Por Cádiz sí se Puede.

Los ciudadanos daban por descontada la presencia de todos estos obstáculos y oponentes. O los esperaban o los han asimilado pronto como previsibles. En las dos últimas semanas, sin embargo, se ha destapado un nuevo grupo de presión, fiscalización e incluso crítica hacia el equipo de gobierno. Se trata de su propio partido.

La estructura de Podemos en Cádiz, hasta ahora, había quedado eclipsada en la capital gaditana por el sorprendente ascenso electoral de su candidatura (asombroso pasar de cero a 18.000 votos para debutar como segunda fuerza más votada). Ese impacto convirtió al regidor y a sus concejales en representantes absolutos de esta nueva propuesta política. Se llevaban tantos focos y miradas que su partido resultaba invisible en la sombra.

Durante la campaña electoral, incluso, el aspirante a la Alcaldía, González Santos, insistía a los periodistas en que su candidatura «no era Podemos» aunque tuviera «vínculos» con esa formación. Una vez agarró el bastón de mando, las tornas cambiaron.

Por más tensiones que los dirigentes andaluces (especialmente Teresa Rodríguez) tuvieran con la dirección nacional representada por Pablo Iglesias, el nuevo equipo de gobierno trató de rentabilizar la imagen estatal de Podemos. La visita de Iglesias a Cádiz apenas un mes después de las elecciones fue la mayor prueba. A cambio, la nueva formación trata de rentabilizar desde Madrid su resultado electoral en Cádiz (feudo tradicional del PP) con José María González. Le presentan como algo suyo en todo tipo de apariciones en foros como el de Barcelona (Ciudades por el Cambio) y entrevistas en televisión.

Los destinos siempre estuvieron unidos aunque durante la campaña fuera menos conveniente exhibirlos. Ahora, el nexo vuelve a ser evidente, indiscutible, innegociable. Tanto como la tensión a la que los responsables de la formación (procedentes de Izquierda Anticapitalista en su abrumadora mayoría) someten al nuevo grupo municipal. Tres debates registrados durante este mes de septiembre, de distinta naturaleza, lo han puesto en evidencia.

Creer y no creer

El discurso institucional está obligado a ser más flexible, ambiguo y tolerante que el partidista. Desde 1978, en España, las tensiones entre dirigentes institucionales y dirigentes orgánicos han sido frecuentes en los partidos mayoritarios. Los de Podemos, sin embargo, son nuevos en esas lides también.

Una de las muestras más ilustrativas se ha producido con el debate sobre la necesidad de rebajar las ayudas económicas a las cofradías de la Semana Santa. El alcalde insiste en que sólo quiere ajustar gastos superfluos, repite que hay sintonía y confía en el diálogo con el Consejo de Hermandades.

De forma paralela, Podemos en Cádiz organizaba una rueda de prensa en el Centro Cultural Reina Sofía para apretar tuercas. Sin tantos paños calientes, dos de su dirigentes aseguraron reiteradamente que las cofradías «tienen beneficios» y criticaron que reciban «130.000 euros al año».

Laura Mingorance y Jorge Costa pidieron a los cofrades gaditanos que se pongan «a la altura de las circunstancias económicas que vive la ciudad» para exigirles que prediquen con el ejemplo y rebajen el coste de esta celebración.

Aunque insistieron en que ni gobierno municipal ni Podemos pretenden dañar, o mucho menos eliminar, la Semana Santa, se mostraron más exigentes con la necesidad de que cueste menos a los ciudadanos.

Con todo, su presión fue un obstáculo más a resolver por las dos partes en negociación: Concejalía de Cultura, representada por Eva Tubío (Ganemos) y el Consejo de Hermandades y Cofradías.

La convivencia

Si las divergencias en el tono sobre la polémica cofrade tienen mucho de cultural, de estético y anecdótico, hay diferencias de discurso y modos entre gobierno municipal y Podemos que tienen más trascendencia política. La relación con el PSOE de Cádiz es la principal. Los cinco ediles de este partido (pese a tener sus peores resultados históricos en la capital gaditana) tienen más valor que nunca. Esa dependencia supone un quebradero de cabeza para la bicefalia podemista.

En las asambleas de la formación –desde la eufórica postelectoral del 27 de mayo hasta la última y más reposada– el tono de crítica hacia los socialistas gaditanos es exacerbado. Resulta incompatible con un clima de negociación frecuente. Mientras en San Juan de Dios ambas partes se ven obligadas a buscar puntos en común, en las reuniones de ambos partidos se habla de someter a la otra parte a «un calvario» o se tacha a los socialistas de «corruptos que arrastran una pesada mochila». Lejos de bajar la tensión, en el último encuentro de la militancia y los simpatizantes de Podemos se llegó a declarar que «el PSOE es mucho peor que el PP» ante concejales como David Navarro (Economía), Manuel González (Personal) y Laura Giménez (Comercio y Consumo). «Los socialistas están jugando con nosotros al desgaste», fue otra de las sentencias que, además, resultó muy aplaudida.

El imprescindible diálogo al que está condenado el equipo de gobierno para aprender a negociar los acuerdos, los nombramientos y la mayor parte de la gestión tiene, por tanto, un obstáculo en su propia casa.

Pregón de las diferencias

Asociado a este conflicto de fondo apareció esta semana la más llamativa manifestación de esta discrepancia entre el gobierno municipal y el partido que lo sustenta. Podemos inició el pasado martes una «campaña informativa» para transmitir a los ciudadanos que se opone, nada menos, a un acuerdo plenario. Los miembros del equipo de gobierno manifestaron en la última sesión su rechazo a la construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de Sevilla.

Sin embargo, la abstención del PSOE sumada a los votos favorables de PP y Ciudadanos hizo que el proyecto saliese adelante. Abochornado por su fracaso negociador y parlamentario, los concejales de Podemos criticaron la postura del PSOE pero de forma moderada. Su partido, en cambio, se lanza a las calles para tratar de tumbar un proyecto respaldado por la legítima mayoría del Pleno, por la mayoría de concejales que representan a la gente, a la ciudadanía.

En este apartado radica el conflicto. Podemos, el partido, habla de la «gente», de «la voluntad ciudadana», como si sólo la formasen sus miembros, simpatizantes y votantes. El equipo de gobierno, en cambio, se ve obligado a negociar cada día con concejales y colectivos que, por más sorprendente que pueda parecerles, representan a una «gente» con idénticos derechos.

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