Alumnos del Centro de Formación de Tropa de Camposoto dentro de las instalaciones militares de La Isla. :: LA VOZ.
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La defensa del CEFOT pasa a ser una preocupación provincial

El próximo miércoles se pedirá en Diputación el respaldo de los grupos políticos para hacer fuerza y mantener el Centro de Formación de Tropa

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El impacto económico del Centro de Formación de Tropa de Camposoto (Cefot-2) es aproximadamente de unos siete millones de euros. Gran parte se queda en San Fernando, pero el resto de la provincia no es ajena a esta repercusión y sobre todo los municipios de la Bahía, que también se benefician de la formación de alumnos en este equipamiento militar. Son unos 1.800 al año y cada jura de bandera puede reunir a más de 3.000 personas entre cargos militares, civiles, familiares y amigos. Es decir que los hoteles del entorno también sacan tajada, a lo que hay que añadir el peso turístico que significa tener en San Fernando a personas de toda España, con lo que ello conlleva y arrastra a la hora de conocer los diferentes rincones de Cádiz.

Por lo tanto la defensa del Cefot-2 debería aunar las fuerzas de toda la provincia o al menos así lo entiende el grupo socialista de la Diputación, que llevará al pleno del próximo miércoles una propuesta para conseguir el respaldo del resto de partidos políticos y hacer mayor presión a la hora de evitar el cierre de las instalaciones.

«Los socialistas queremos que la Diputación haga un pronunciamiento firme en defensa de la continuidad del Cefot de San Fernando, una ciudad que depende en gran medida de su vinculación a la Armada y que cuenta con una importante tradición militar», aseguró la secretaria provincial, Irene García. Para la socialista el alcalde de San Fernando, José Loaiza, «ha perdido un tiempo precioso para garantizar que el Cefot de San Fernando no pueda ser objeto de un juego de influencias políticas en el seno de su propio partido, en el que él va a perder siempre y en el que la gran perjudicada va a ser la ciudad de la que es alcalde. De hecho, acabamos de vivir un caso muy parecido en torno al Hospital San Carlos, cuyo cierre fue decidido unilateralmente por el Ministerio de Defensa y solo la voluntad de la Junta de Andalucía ha impedido que la localidad perdiera para siempre un centro hospitalario largamente demandado y que ya forma parte del sistema público del SAS».

Por último, Irene García aludió a la necesidad de «pelear con uñas y dientes, todos unidos como reclaman los propios vecinos y vecinas, para mantener un centro muy importante para San Fernando, para su desarrollo económico y para su propia identidad. Esa debe ser la primera prioridad de su alcalde, junto a reclamar de una vez por todas la cesión de los suelos ociosos que el Ministerio de Defensa mantiene sin uso en la ciudad, para que sean puestos a disposición de la generación de riqueza y de empleo para La Isla y para esta provincia».

Palabras desafortunadas

Aunque para el Partido Popular las declaraciones desafortunadas han sido las del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al cuestionar la necesidad de un Ministerio de Defensa. Para el vicesecretario general del PP isleño y portavoz del grupo, Daniel Nieto, la afirmación del líder socialista constituye por sí sola «un ataque a los intereses de una ciudad» que basa buena parte de su actividad económica en lo militar y que, de hecho, lucha ahora para no perder una nueva instalación militar.

Nieto, en este sentido, explicó que desde el PP se están manteniendo una serie de encuentros y reuniones con diversos colectivos ciudadanos para recabar apoyos y establecer «un frente común» para garantizar la permanencia de estas instalaciones militares en la ciudad.

Así, el vicesecretario del PP utilizó las polémicas declaraciones de Pedro Sánchez para volver a preguntar al PSOE -y a su portavoz y candidata, Patricia Cavada, «si está a favor o en contra del cierre del Cefot-2 o tiene alguna versión intermedia, porque el PSOE de San Fernando ha pasado del militares fuera al militares dentro. En San Fernando, el Ministerio de Defensa es el hospital de San Carlos, es Navantia, que son 1.100 puestos de trabajo y son 4.500 empleos civiles y militares, una de las patas económicas de la ciudad».

Por su parte en Cáceres, donde está el otro centro cuya viabilidad se cuestiona, se ha iniciado una recogida de firmas a través de redes sociales y ya se tendió la mano de la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, para realizar una lucha conjunta entre municipios de cara a defender la supervivencia de ambos centros de formación.