'caso edu'

La investigación revela adjudicaciones «a dedo» de los cursos de formación

Habla de un entramado para violar la Ley de Contratos Públicos, favorecido por la falta de control de la Junta y el tráfico de influencias

PABLO D. ALMOGUERA
MÁLAGA.Actualizado:

La investigación sobre el presunto fraude de los cursos de formación para desempleados dependientes de la junta de Andalucía ha elevado el grado de responsabilidad de la Administración autonómica. Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso este periódico, habla sin tapujos de adjudicaciones a dedo y una violación sistemática de la ley de contratos públicos. Revelaciones que se suman a las denuncias de falta de control y laxitud por parte del Ejecutivo andaluz que han recalcado los responsables policiales y que enmarcan dentro de un entramado con connotaciones políticas e intenciones electoralistas.

Las nuevas conclusiones de los investigadores se sitúan dentro del llamado «caso Edu» que indaga en las irregularidades producidas en Málaga -en cada provincia andaluza se ha abierto una investigación independiente- y profundiza en una trama que deja en mal lugar la labor fiscalizadora de la Junta de Andalucía.

Al margen de los presuntos ilícitos cometidos por los empresarios del sector de la formación investigados, el documento policial -de 140 páginas- dedica un apartado a analizar el papel de la Administración autonómica y donde se hace hincapié en supuestos comportamientos sospechosos.

Los agentes señalan que para el acceso a las ayudas investigadas -correspondientes a la Resolución de diciembre de 2010 de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) - se utilizó la fórmula de «concurrencia competitiva», o lo que es lo mismo: adjudicaciones «a dedo». Un mecanismo con el que se obviaban los requisitos legales exigidos previamente para la concesión de dichas subvenciones.

Esta práctica, aseguran en su informe, no era «excepcional o puntual» y, a modo de ejemplo, destacan que un «pequeño sondeo» en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) revela cuatro resoluciones diferentes por las que se conceden seis millones de euros sólo en la provincia malagueña durante 2010.

Los responsables del caso ponen de relieve, entre las numerosas situaciones surrealistas que documentan, que algunas sociedades beneficiarias de las ayudas se constituyen unos meses antes de publicarse la resolución, cuando tener un bagaje contrastado era uno de los requisitos fundamentales para obtener la subvención. Algo detectado con las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, detenido en la 'operación Óscar', una pieza separada del caso que se sigue en la vecina Málaga.

«Algunas no se dan de alta en la Seguridad Social hasta pasadas unas semanas de la concesión del dinero, por lo que la solvencia y experiencia en la formación difícilmente puede ser acreditada si no se produce una alteración en los documentos o declaraciones», precisan los policías, que recuerdan que, «incluso en una ocasión, a fecha de las presentación de las solicitud y de la concesión de la misma, la empresa figuraba en las bases de la Tesorería General como deudora», afirma el informe policial.

Falsedad en la adjudicación

Las pesquisas de los expertos de la UDEF van mucho más allá y no dudan a la hora de hablar de «falsedad en la adjudicación de contratos», para seguidamente recordar que en aquellos concursos en los que el trabajo supera los 12.000 euros de dinero público deben concurrir al menos tres presupuestos.

Durante la investigación se ha comprobado que esta premisa no solo no se cumplía, si no que en los casos en los que se presentaban tres sociedades, «las otras dos ofertas o presupuestos eran realizados por personas o empresas del entorno -o muy próximas- a la que se le concede la subvención».

Los agentes resaltan que se han llegado a simular contratos de alquiler entre los propios representantes de la compañía que finalmente recibe la ayuda para poder facturar dicho gasto.

«De igual modo, se han detectado en esta investigación graves irregularidades en contratos de prestación de servicio, subcontrataciones y vinculaciones reguladas expresamente por la legislación», por lo que los agentes consideran «inexplicable» que ninguno de los técnicos o superiores haya «detectado, paralizado o exigido responsabilidades».

Trato de favor

Es en este punto cuando afirman sin tapujos de la posible existencia de «algún tipo de tráfico de influencias con algún cargo de la Junta de Andalucía por parte de alguno de los empresarios beneficiarios» y recuerda las informaciones recabadas en diligencias anteriores sobre el responsable de Asociación Axárquica de Formación y Empleo, P.A.V. Este empresario, arrestado en la primera fase de la investigación, «manifestaba que tenía una gran amistad con el responsable de adjudicar los cursos de formación» en la Administración regional. Las sociedades de esta persona, y las de su entorno familiar, recibieron en el periodo 2009-2012 más de 500.000 euros en ayudas de este tipo.

Todo este cúmulo de presuntas irregularidades hay que contextualizarlo con las conclusiones anteriores de los responsables del caso en las que dibujan una «red clientelar» con presuntas intenciones políticas.

Dentro del «caso Edu», cuya primera fase se ha saldado con 42 detenidos, en su totalidad vinculados a las empresas de formación, se investigan los delitos de fraude en la obtención de las subvenciones, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, contra la Seguridad Social, la Hacienda Pública y «posiblemente» cohecho y malversación de caudales públicos.