Una batalla legal que cumple cinco años sin resolverse

La N-340 es paso obligado para todo aquel que quisiera disfrutar de la costa más oriental de la provincia, la que atesora mejor fama por sus playas libres de moles de hormigón y un entorno paisajístico, no exento de amenazas humanas. Por eso, la antigua nacional es una de las vías que año tras año se cobra más víctimas por accidente de tráfico en la provincia. Esa negra estadística disminuyó de forma drástica cuando entró en funcionamiento el desdoble hasta Vejer. Sin embargo, sigue pendiente el tramo que discurre entre Vejer a Algeciras, que no ha reducido su peligrosidad y por donde circula, de forma obligada, el tráfico hacia puntos de gran atractivo turístico como las playas de Barbate, Zahara o los Caños. En ese tramo de unos 100 kilómetros de longitud se produjo hace cinco años un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos rostros muy conocidos: la cantante Ana Torroja y la modelo Esther Arroyo. Un siniestro cuyas consecuencias legales siguen coleando pese al tiempo transcurrido. El pasado 10 de octubre se cumplía un nuevo aniversario y el asunto aún no se ha juzgado ni tiene fecha para la vista oral.

Esos cinco años han desesperado a la modelo gaditana Esther Arroyo que presentó hace unos meses una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por retrasos en el procedimiento. La Fiscalía de Cádiz, cuyo delegado de Seguridad Vial ejerce la acusación pública en el caso, redactó un informe concluyendo que no había irregularidades ni parones injustificados en el proceso, sino que la tramitación había estado cuajada de numerosos recursos e incidentes como el cambio de letrado de la propia Arroyo. En junio se personaba su nuevo abogado, que pedía tiempo para ponerse al día con las actuaciones. Por esas fechas, la defensa del único imputado en la causa -el joven que conducía la furgoneta que chocó contra el vehículo de las artistas- recurría el auto de la jueza de Barbate que cerraba la instrucción y ordenaba abrir juicio oral contra el acusado. Cada recurso se traduce en más tiempo.

No sólo se interesó por un supuesto retraso en esta causa el Defensor del Pueblo Andaluz, fuentes del Ministerio Público confirmaron que también habían informado a la Fiscalía General del Estado sobre la marcha del asunto.

Si bien, el proceso pudo haberse cerrado hace tiempo sin necesidad de que las partes llegaran a juicio, pero las discrepancias entre las aseguradoras a la hora de cifrar las indemnizaciones que debían recibir las víctimas hizo imposible el acuerdo. En este punto, la postura más beligerante la ha mostrado Esther Arroyo, la superviviente que arrastra las secuelas más graves. Su anterior letrado solicitó una cifra millonaria basándose en cómo el accidente había truncado la carrera profesional de la modelo y actriz. El año pasado anunciaba su retirada de la vida pública y en enero le concedían la invalidez permanente.

El fiscal pide cárcel

La Fiscalía ya ha mostrado las cartas que defenderá en el juicio contra Óscar Jiménez Pérez, que tenía 29 años cuando se produjo el accidente. Su acusación se basará en el informe que realizó el equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico. La investigación determinó que el acusado, que conducía una furgoneta de la empresa para la que trabajaba, circulaba a «una velocidad inadecuada» para las condiciones de la vía en ese momento. Ese día hacía viento y llovía. La Fiscalía defenderá que esa causa, unida a una distracción al volante, provocó que se saliera de su carril, invadiera el contrario en la salida de una curva y chocara contra la Chrysler Voyager que conducía Antonio Navajas, marido de Esther Arroyo.

El choque frontal fue tan violento que destrozó los dos vehículos. Al lado de Antonio Navajas viajaba su esposa que sufrió graves heridas, principalmente en una pierna. Detrás iban Ana Torroja y su pareja y dos amigos más. Uno de ellos, Ulises de Assas Rodríguez moría en la sala de operaciones debido al cuadro de traumatismos que presentaba.

El fiscal pedirá para el acusado una pena de tres años y medio de cárcel y cinco de privación del carné de conducir por un delito de homicidio por imprudencia grave y varios más de lesiones. Además, el Ministerio Público solicita cuantiosas indemnizaciones para las víctimas, sobre todo para Arroyo.

Desde la defensa niegan que su cliente circulara con imprudencia. Achacan el siniestro a una fuerte ráfaga de viento que hizo perder el control del vehículo al conductor. Para ello esgrimen el mismo informe de la Guardia Civil en donde no se especifica a qué velocidad iba la furgoneta. Fuentes del caso explicaron que debido al estado del firme por la lluvia fue imposible rescatar huellas de frenado. El análisis de los agentes se basó en el estado previo de los vehículos y en cómo quedaron tras el impacto, junto a testimonios de los supervivientes y otras pruebas rescatadas del escenario.