Imagen captada en 2008, cuando se estaba equipando el nuevo juzgado de Violencia sobre la Mujer. :: O. C.
CÁDIZ

Una atención desigual para las víctimas de violencia de género

Cádiz dispone de un juzgado exclusivo con poca carga de trabajo

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Cuatro años después de que entrara en funcionamiento el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz sigue sin resolverse un claro ejemplo de reparto desigual de trabajo que a la postre redunda en la atención que reciben las víctimas en cuanto a la correcta tramitación de sus denuncias. Mientras los casos que nacen en la capital gaditana llegan a un órgano con competencias exclusivas en esta materia; los que surgen en el resto de ciudades de la Bahía recalan en juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que aunque están especializados en estos asuntos, también se encargan de procedimientos de otras jurisdicciones. Estos órganos mixtos suelen presentar un alto nivel de congestión, que supone una importante traba para la eficacia judicial. Una simple cuestión geográfica está generando una atención desigual simplemente por un reparto poco acertado de los recursos judiciales disponibles.

En la última memoria del TSJA, que desde su edición de ayer está desgranando LA VOZ, vuelve a insistir en la solución que debería acordarse para evitar esas diferencias. «Dada la escasa entrada de asuntos que han tenido algunos órganos de esta clase, se estima conveniente que los juzgados de Violencia sobre la Mujer tengan un ámbito competencial que comprenda varios partidos judiciales. De esta manera, se potenciaría una mayor especialización y se liberaría a buena parte de esa carga competencial a los juzgados mixtos que ahora asumen el conocimiento de estos asuntos». Es la llamada comarcalización, que supondría que el juzgado de Cádiz asumiera casos de El Puerto, San Fernando, Chiclana y Puerto Real.

Ésa fue la condición que en su día puso la Consejería de Justicia, cuando su titular era María José López, para apostar por esta inversión en lugar de reforzar otras jurisdicciones que planteaban serios problemas de carga de trabajo como los Contenciosos-Administrativos. En enero de 2007, López anunciaba que la capital sería sede del tercer juzgado de Violencia contra la Mujer de la provincia, después de las aperturas en Algeciras y Jerez, pero que debía nacer con competencias para toda la Bahía ya que la actividad que generaba la capital no justificaba que se realizara una inversión de ese calibre.

Distribución racional

Una vez más, el juego político se impuso a la lógica y al uso racional de los recursos. Las palabras de la exconsejera fueron respondidas desde la oposición de entonces -PP e IU- reclamando que la ciudad tuviera un juzgado exclusivo que según las estadísticas judiciales no era prioritario. La entonces delegada provincial de Justicia, Gema Araujo, sacaba a la luz los 141 expedientes que había generado Cádiz el año anterior y que estaban muy lejos de alcanzar los mínimos exigidos que por esas fechas, el Consejo General del Poder Judicial estableció en 700 asuntos al año.

Pero la presión política ganó la partida y a finales de 2008 se abrió un juzgado que durante las tres primeras semanas de vida ingresó tan sólo 10 asuntos. La consejera de Justicia que cortó la cinta, Evangelina Naranjo, aseguró que en el Congreso se estaba tramitando una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para incluir la comarcalización de los juzgados. Un proyecto que se ha quedado en el cajón y del que se desconoce si se retomará por el actual Gobierno del PP.

Los otros dos juzgados de Violencia sobre la Mujer que hay en la provincia siguen manteniendo un nivel de actividad más alto que el de la capital, como recoge la citada memoria del TSJA. El pasado año, la sede de Algeciras ingresó 1.227 asuntos, el de Jerez 1.287 frente a los 779 casos que tramitó el juzgado de Cádiz, que además nació con una plantilla de funcionarios más grande de la que necesitaría por la previsible carga de trabajo, convirtiéndose en un destino deseado por los funcionarios frente a otros órganos atascados.

Pese a las cifras que arrojan los juzgados de Algeciras y Jerez, tampoco alcanzan el nivel de ingreso de asuntos que el CGPJ redefinió para estos órganos como carga óptima de trabajo y que estableció recientemente en una horquilla entre 1.470 y 1.762 asuntos por año.