EN ALMERÍA

Deniegan la nacionalidad a un inmigrante por no saber el nombre de la esposa de Zapatero

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de un vendedor ambulante senegalés emplazando al ministro de Justicia a dar explicaciones

MADRID Actualizado: Guardar
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Lleva una década en España y le han denegado la nacionalidad española. Magou Ndoye, senegalés que vive en Almería y trabaja como vendedor ambulante, cometió el error de no conocer el nombre de la mujer de Zapatero. Sí, han leído bien. Porque esta pregunta, cuya respuesta muchos españoles desconocen, parece que ha sido lo que le ha costado a este inmigrante la nacionalidad española.

Le fue denegada el pasado 28 de enero, tras haberla solicitado cuando el Gobierno estaba ocupado por socialistas, en el Registro Civil de Almería "al no haberse demostrado el grado de integración en la sociedad española". Asegura que le hicieron un cuestionario y que se le denegó la nacionalidad porque no supo contestar cuando le preguntaron el nombre de la esposa de Zapatero, por aquel entonces presidente del Gobierno. Que por cierto se llama Sonsoles Espinosa. Ahora la Audiencia Nacional ha admitido a trámite su recurso.

"Es una barbaridad lo que han hecho con este hombre. Este procedimiento no es habitual. El codigo civil no exige este cuestionario, por lo que estaríamos hablando de que se ha cometido una ilegalidad", ha comentado Marcelo Quilez, su abogado, que ha desvelado que también fue cuestionado por los colores de la bandera española y por el nombre del rey, entre otras cosas. "Para colmo, el cuestionario se lo hizo una funcionaria. Afortunadamente, la Audiencia Nacional nos ha escuchado y ahora tenemos buenas perspectivas", ha añadido Quilez, especializado en defender las causas de los senegaleses en Almería.

Se da la circunstancia que Magou Ndoye sobrevive en la capital almeriense dedicado a la venta ambulante y ha tenido que pagar 568 euros para poder presentar el recurso ante las altas instancias judiciales, restando esta cantidad de los ahorros que tenía para poder enviar a su familia y viajar a Senegal. Según manifiesta su abogado, "afortunadamente, la procuradora de Madrid ha rebajado sus emolumentos y yo no le cobro, pero ha tenido que pagar las tasas judiciales de 400 euros. No sé si ha habido más casos pero está claro que los profesionales de la Justicia estamos indignados por estas tasas que se cobran y que están impidiendo que muchos ciudadanos se decidan a pleitear por falta de recursos. Yo, desde luego, voy a por todas y me satisface plenamente que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite el recurso y haya emplazado al ministro para que se den explicaciones".