Alertan del peligro de expolio en el edificio Valcárcel

El edificio Valcárcel sigue siendo un expediente sin resolver para la ciudad de Cádiz. Parecía que una vez que los gaditanos asumieron que era materialmente imposible que estuviese listo para cualquier uso durante la celebración del Bicentenario y que los colectivos que ocuparon los locales para realizar actividades culturales fuesen desalojados, se había acabado el problema. Pero lo que se esconde debajo de la alfombra siempre acaba saliendo. Ahora la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones se cae a pedazos y unos 200 alumnos esperan su reubicación en un centro apropiado. Y tres organizaciones: la CGT, Ecologistas en Acción y la asociación La Fábrika quienes han avisado a la Consejería de Cultura que el histórico edificio gaditano y Bien de Interés Cultural (BIC) para más señas, está siendo expoliado. Se basan para afirmarlo en un «informe técnico colegiado», que dicen haber presentado contra la empresa Zaragoza Urbana S.A., propietaria del edificio Valcárcel, hasta que no se resuelva la suspensión del contrato con la Diputación Provincial de Cádiz.

Los tres colectivos alertan de que las «irregularidades» del contrato firmado entre Zaragoza Urbana y la Diputación han ocasionado movimientos «especulativos» que ponen «en alto riesgo» la conservación del edificio «una joya del Neoclásico». Según estas organizaciones el Valcárcel está expuesto a «graves» sustracciones de material estructural del siglo XVIII, por lo que solicitan que se abra una investigación sobre el estado del inmueble. El edificio, catalogado como BIC en 1965, «está bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía». Además, detallan que según un informe técnico de seguridad y habitabilidad, elaborado por el arquitecto técnico Vicente Gómez-Zarzuela, con fecha de 11 de agosto de 2011, se afirma que ha podido haber un expolio de material por parte de la empresa propietaria, al haber sustituido vigas de madera de su forjado de calidad muy superior a las que se colocaron posteriormente, así como la sustitución de ventanas de madera y sus rejas por otras de aluminio. Y recuerdan que el pasado octubre, el Ayuntamiento acordaba la incoación de un expediente sancionador a la empresa Zaragoza Urbana «por incumplir el deber de conservación del inmueble»; así como que las aulas pertenecientes a la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones fueron clausuradas este mismo mes debido al mal estado de las mismas, por indicación de Zaragoza Urbana, que alertó de la inseguridad de los talleres de cocina. Los colectivos aseguran que todos estos hechos se producen «en un contexto de indefinición» sobre las intenciones de Zaragoza Urbana con respecto al edificio, y de «ocultamiento y oscuridad» con respecto al contrato de compraventa realizado entre la empresa y la Diputación, así como las actuaciones realizadas en el edificio y «a las causas que están provocando el retraso de su devolución a su anterior propietario, la Diputación, ante la renuncia pública de la empresa a su proyecto de hotel de lujo».