CÁDIZ CON FRONTERASEl voto de Sánchez Gordillo

Schengen agoniza: España suspende el tratado por la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona, pero Alemania y Francia pretenden llevar a cabo esa misma medida, hasta que acabe la crisis, que nadie sabe cuándo ocurrirá. O hasta que acaben las elecciones presidenciales francesas. Lo cierto, sin embargo, es que Schengen comienza en Cádiz, la provincia con mayor plusmarca de fronteras de España. La de Gibraltar, por ejemplo, con el Reino Unido, que nunca creyó en Schengen, por otra parte. El foro tripartito se ha ido al garete como la educación pública y la atención sanitaria universal. Y el ministerio español de Asuntos Exteriores acaricia la idea de retomar el supuesto de soberanía compartida con el Peñón, justo cuando el próximo año se cumplirá el tercer centenario del Tratado de Utrecht de 1713, que concedió la soberanía del peñón a Gran Bretaña, tras la Guerra de Sucesión española. Una curiosa forma de celebrarlo.

Mientras ello ocurre, Fabian Picardo, actual ministro principal del Peñón, se muestra dispuesto a retomar la vieja idea de Joe Bossano de alcanzar acuerdos de cooperación con España de los que podría beneficiarse La Línea, una ciudad atenazada por la desesperanza y el paro. Si en su día Joe Bossano brindó inútilmente la posibilidad de que una fábrica danesa se instalara en el término municipal linense, Picardo asegura que cuenta con frecuentes propuestas en esta índole por parte de firmas que pretenden radicarse en el Peñón pero que no cuentan allí con espacio para ubicar sus instalaciones. Que nadie espere milagros: lo más probable es que las autoridades españolas no acepten el regalo, porque podría implicar el reconocimiento de la Roca como emporio financiero, un supuesto que no suele ser del gusto de la diplomacia patria.

Por otra parte, el cierre de las puertas europeas se dirige específicamente contra la inmigración. Si un trabajador extranjero obtiene un visado en un país del territorio Schengen, puede moverse a través del resto de las naciones que tienen suscrito dicho acuerdo sin visas específicas en cada una de esos lugares. Ya ocurrió en Francia cuando la crisis libia empujó a muchos fugitivos del polvorín norteafricano hacia la orilla norte del Mediterráneo. En cualquier caso, supone la reedición de la llamada Europa Fortaleza, un imaginario que se mostró absolutamente inútil a lo largo de las últimas décadas: en la actualidad, se calcula que hay once millones de personas sin papeles en el continente. Sin posibilidad de expulsarles, porque sería tan caro como tan improbable. Y sin ganas de legalizarles, porque hay quien obtiene claros beneficios de un ejército de mano de obra barata, cuya situación irregular perjudica tanto a los propios inmigrantes clandestinos, pues carecen de derechos, como a los Estados donde residen, ya que carecen de deberes, incluidos el pago de impuestos.

So pretexto de acabar con el llamado turismo sanitario, el ministerio Sanidad, Servicios Sociales (sic) e Igualdad, que titula Ana Matos, cierra las puertas a los familiares de los migrantes que no residan en España y recorta las prestaciones a aquellos que carecen de papeles. El cerrojazo a este servicio ha despertado lógicamente la ira de José Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo de Andalucía, que puso nuevamente el dedo en la llaga: «¿Por qué no actúan antes sobre el turismo sanitario de los europeos hacia España, que es el más frecuente y caro?», se preguntó. Nos preguntó. Todos los informes habidos y por haber vienen a demostrar que los inmigrantes -un 11% de la población española- apenas utilizan los servicios de salud, a pesar de las apariencias. Junto con el copago y otras restricciones, estas medidas pueden llevarnos, poco a poco, hacia el sistema sanitario de Estados Unidos, en donde mandan los seguros privados y en donde los que no tienen nada parece que tampoco tienen derecho a tener acceso a los centros de salud. Una medida poco cristiana, por cierto, para un partido político que suele presumir de tales creencias.

La caza del inmigrante no ha acabado. Y si bajo el mandato del PSOE, la policía llevó a cabo formidables redadas, ahora el endurecimiento legal que va a acometer el Gobierno afectará sin duda a ese colectivo. Tampoco escapará a esa mano dura la actual Ley de Extranjería, en cuyo reglamento va a reforzarse la condición penal de los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros en los que va a aumentar considerablemente el imperio del director de turno. Entre otras medidas, seguirá limitándose el acceso a las mismas de las ONGs y se pretende incluir en su protocolo el desnudo integral de los ocupantes del mismo, siempre y cuando así lo determinen sus vigilantes. Hasta ahora, esa práctica tan poco garantista solo era habitual, a criterio también de su director, en el Centro de Internamiento de Algeciras.

Una vuelta de tuerca más tras los recortes sociales y laborales, que achacan a la herencia recibida, o tras los recortes en libertades públicas, como las de manifestación, o la elección no consensuada del presidente de la corporación de RTVE, que no puede apoyarse en herencia alguna. La mayoría absoluta del PP, visto lo visto, va camino de convertirse en mayoría absolutista. A este paso, propios y extraños podríamos preguntarnos si habrá nuevas elecciones dentro de cuatro años.

El voto voto decisivo de Sánchez Gordillo

Ignacio García, el diputado portuense de Izquierda Unida, no pudo ser presidente del Parlamento de Andalucía, cargo que asumió Manuel Gracia, del PSOE. La coalición a la que representa García prefiere tener más presencia en el gobierno de coalición si es que sus bases dan por fin luz verde a semejante decisión política. En cualquier caso, contó con el voto rebelde de Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda y dirigente de la CUT, que se opone a dicho acuerdo y que expresó su disconformidad haciendo uso de su nombre. Los rumores se extienden en cuanto a la composición del futuro gobierno. En cualquier caso, todos los indicios apuntan a que el socialista gaditano Francisco Menacho seguirá siendo consejero de José Antonio Griñán, aunque no necesariamente de Gobernación. La juez Alaya, que investiga el caso de los ERE, sigue haciendo coincidir algunas de sus actuaciones de mayor vistosidad con el calendario político andaluz. Esta vez, la constitución del Parlamento de Andalucía en su novena legislatura vino a coincidir con la comparecencia del jerezano Antonio Fernández, quien fuera consejero de Empleo y a quien terminó acusando por varios delitos. Lo curioso del caso es que Fernández llevaba un año apareciendo como imputado, aunque hasta ahora no ha sabido por qué. Un supuesto que, en tiempo y forma, podría llevarle a alegar indefensión. Y lo mismo algún tribunal puede darle la razón.