Los vigilantes que protegerán a los pesqueros parten en un avión de la Fuerza Aérea desde el aeropuerto de Alicante rumbo a Seychelles. / J. CARLOS SOLER
ESPAÑA

El Gobierno se planta y asegura que los piratas serán juzgados en España

La vicepresidenta primera sostiene que nunca se discutió si debían ser trasladados a Kenia porque la legislación española es muy clara

MADRID Actualizado: Guardar
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No hay vía para que los dos somalíes arrestados por la Armada española sean juzgados en su país de origen. Es la última palabra del Gobierno. Las expectativas despertadas por los secuestradores del 'Alakrana', primero, y por el propio Ejecutivo, después, en torno a una posible extradición de Abdu Willy y Raagegeesey al país africano han quedado mermadas. Si regresan, como exigen los piratas que mantienen retenidos a los 36 tripulantes del atunero vasco desde el pasado 2 de octubre, será después de ser juzgados por la Audiencia Nacional. En todo caso, la última palabra la tienen los jueces. «Lo que hagan -señaló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega- estará bien hecho».

La opción de que el proceso judicial abierto contra los supuestos compinches del rapto se trasladara a Somalia siempre planteó dudas. Es más, en el propio gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero hubo quien lo calificó de «fantasía». El Ejecutivo la lanzó al aire a principios de esta semana, cuando la tensión provocada por el traslado a tierra de tres miembros de la tripulación y la amenaza de los captores de proceder a su ejecución si no se liberaba a los suyos, era máxima. El mensaje, unido a la decisión del presidente del Gobierno de reunirse con los encrespados familiares de los pescadores, rebajó en cierto modo la alarma creada.

Ayer Moncloa dio un paso atrás. La legislación española permite que criminales que hayan atentado contra españoles o intereses nacionales en el extranjero sean juzgados en otro país, pero para eso es necesario que éste sea competente y que haya iniciado un procedimiento para investigar y perseguir los hechos. La capacidad de un Estado fallido como Somalia para hacer semejante cosa es cuestionable. El embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, negocia con el primer ministro del llamado Gobierno de Transición, Abdurashid Sharmarke, pero éste sólo tiene cierta capacidad de control sobre una de las cuatro áreas en las que está dividido el convulso país.

Incluso la vía que fuentes gubernamentales mantienen aún abierta, la de que se firme un convenio internacional con Somalia para que los dos detenidos cumplan condena allí una vez hayan sido juzgados por la Audiencia Nacional, es compleja. Sólo hay que pensar que España congeló sus relaciones diplomáticas con esa nación en 1991, cuando su desmembración hizo imposible encontrar interlocutores fiables. Aún así, las afirmaciones del Gobierno sobre sus movimientos deben pasarse por un tamiz porque parten de la idea de que los piratas somalíes son «muy sofisticados» y conocen de inmediato todo lo que publican los medios españoles.

Fisuras

Esa noción obligó a la vicepresidenta primera a negar ayer sus diferencias con la ministra de Defensa, Carme Chacón, a cuenta de la detención de los dos hombres que huían en un esquife del pesquero y su entrega a la justicia española. 'Motu propio' y antes de que los periodistas la sometieran a la habitual batería de preguntas posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la número dos del Gobierno se lanzó a defender ambas actuaciones y a subrayar que se ha hecho todo lo posible de manera «ordenada y coordinada» para que los marineros secuestrados sean liberados.

«No son buenas las especulaciones ni olvidar quiénes son los responsables del secuestro: los piratas», alegó. El caso es que pese a insistir en que no existen «fisuras», De la Vega fue incapaz de negar la existencia de un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFA) en el que se recomendaba no apresar a los piratas para no complicar la situación de la tripulación. Sólo reiteró que nunca se debatió en la célula de coordinación como, según afirmó, tampoco se discutió sobre si una vez detenidos había que ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional.

La cuestión, adujo, estuvo clara desde el principio porque tanto la legislación internacional como la española apuntaban en esa dirección. Fuentes de su departamento subrayan además que no hay nada que permita pensar que haberlos llevado a Kenia -opción, dicen, de dudosa viabilidad jurídica- hubiera resultado mejor porque lo que los piratas reclaman es que vayan a Somalia. Tampoco está claro, añaden, que la detención fuera tan nociva. «Los alemanes optaron por no detener y tuvieron un secuestro que duró meses»; el del mercante Hansa Stavanger liberado el pasado agosto tras cuatro meses de cautiverio.