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Miles de disidentes son 'reeducados' en cárceles clandestinas abiertas en Pekín

PEKÍN Actualizado: Guardar
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Pensiones de mala muerte, locales cochambrosos y hasta fábricas abandonadas. En China, cualquier lugar es bueno para confinar a disidentes y peticionarios, los agraviados por las corruptas autoridades locales que, siguiendo una antigua costumbre imperial, acuden a Pekín en busca de justicia y amparo por parte del Gobierno central. A todos ellos les esperan las cárceles negras al margen de la ley, pero consentidas por la Policía. La ONG Human Rigths Watch (HRW) aportó ayer la última prueba de estos vergonzosos calabozos.

Su informe recoge los testimonios de 38 personas que acudieron a Pekín en busca de justicia y fueron detenidos por la Policía o por matones cerca de la Oficina de Quejas al Gobierno. Una vez interceptados fueron recluidos en hostales baratos, sótanos de tiendas, casas aisladas, almacenes de cantinas o incluso sedes de distintos gobiernos locales en la capital. Secuestrados y, en ocasiones incomunicados, allí permanecieron desde varios días hasta un par de meses, cuando son devueltos a sus lugares de origen.

Hacinados en condiciones infrahumanas, durmiendo en destartaladas camas de hierro y comiendo sólo un poco de arroz con verdura y bollos, los detenidos deben compartir retretes y son objeto de palizas. Sin ir más lejos, el guardia de uno de estos centros acaba de ser juzgado por violar a una estudiante de 21 años de Anhui que llegó a Pekín para ser readmitida en su universidad. Este caso ha eludido la censura del régimen y ha arrojado luz sobre las cárceles negras, cuya existencia niega el Gobierno.

HRW asegura que unas 10.000 personas pasan cada año por esos centros de detención, que funcionan desde hace seis años. Las cárceles negras estarían gestionadas por las representaciones de los gobiernos locales en Pekín, que pagarían a sus responsables entre 15 y 30 euros por preso.