Carme Chacón (c), junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), José Julio Rodríguez, y a De la Vega, en la comisión de seguimiento. / EFE
ESPAÑA

La crisis del 'Alakrana' desata la tensión entre miembros del Gobierno

Las diferencias internas sobre la gestión del secuestro obligan al Ministerio de Defensa a emitir un comunicado conciliador

MADRID Actualizado: Guardar
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La gestión del secuestro del Alakrana se ha convertido en un auténtico problema para el Ejecutivo. Cuarenta y dos días después de que el atunero español fuera apresado por asaltantes somalíes, la crisis no sólo sigue sin resolverse sino que ha empezado a provocar tensiones internas. El Ministerio de Defensa remitió ayer una nota con el siguiente titular: «El Gobierno asumió por unanimidad la decisión de traer a los piratas». Con esta frase se pretendía poner fin a la imagen de división entre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, alimentada en las horas previas.

El arresto de Abdu Willy y Raageesey está en el centro de la polémica. Nadie en el Gobierno niega que la decisión de apresar a estos dos hombres cuando trataban de llegar a tierra en un esquife del propio atunero ha complicado mucho las cosas. No es ya que haya encarecido el precio del rescate -consecuencia que enseguida fue evaluada en el gabinete de crisis- sino que ha terminado por dificultar el desenlace del secuestro y ha puesto al Estado en la tesitura de recurrir a la ingeniería jurídica para satisfacer las demandas de los captores sin incumplir la ley.

Hasta ayer, el evidente desgaste que este asunto ha generado en la imagen del Ejecutivo parecía repartirse a partes iguales entre la ministra de Defensa y la vicepresidenta primera del Gobierno, como coordinadora mayor. Es cierto que algunos grupos parlamentarios -especialmente el PNV, que durante meses reclamó mayor protección del Ejército para los pesqueros que faenan en el Índico- han cargado mucho las tintas con la primera. Pero dos informaciones elaboradas por el diario El Mundo y la cadena Ser, con datos de su departamento situaron a Fernández de la Vega en el centro del disparadero.

En un caso, se absolvía a Chacón de la decisión de traer a los compinches de los piratas a España en lugar de llevarlos a Kenia y, en el otro, se achacaba a Moncloa haber desoído un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que desaconsejaba no ya poner el caso en manos de la Audiencia Nacional, sino la detención misma de los somalíes.

En el Ministerio de Presidencia, del que también es titular Fernández de la Vega, no niegan que dicho informe existiera, pero aseguran que nadie lo puso encima de la mesa en las reuniones del gabinete de crisis, integrado por Chacón; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general José Julio Rodríguez; el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán; el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

Escrito ambiguo

Es un secreto a voces en el PSOE la escasa sintonía que existe entre Chacón y la vicepresidenta primera. Fuentes gubernamentales aseguran que Fernández de la Vega dejó ayer constancia interna de su malestar por las informaciones difundidas. Horas después, Defensa hacía público su comunicado. En el entorno de la número dos del Ejecutivo se esperaba que en él se dejara claro que la decisión de arrestar a Abdu Willy y Raageesey se había tomado de manera colegiada y que la de traerlos a España se tomó porque es lo que «exigía la ley», y por ese mismo motivo se ordenó a la Abogacía del Estado que presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional. El escrito del departamento que dirige Chacón no llegó a tanto. En su titular no afirma que se acordara de modo conjunto que los compinches de los piratas fueran puestos a disposición de la justicia española, sino que esa decisión se «asumió» por unanimidad. Además, el contenido del texto no hace luego referencia alguna a este asunto. Se limita a hablar de la otra decisión: la de la detención. Ésta se atribuye al JEMAD «a la luz de los diversos informes que tenía en su haber» y conforme a las normas de la operación Atalanta.

Para más inri, la nota de Defensa apela al artículo 12 del acuerdo firmado por la Unión Europea para combatir la piratería, en el que se dice expresamente que los detenidos pueden ser entregados «a las autoridades competentes del Estado que abandera el buque que los ha tomado cautivos o de un tercer Estado participante en la operación», pero abre la posibilidad de que ese Estado no pueda o «no quiera» ejercer su jurisdicción y los entregue a otro Estado miembro o a un tercer Estado que sí esté dispuesto a hacerlo. Es decir, siembra dudas sobre la versión dada por el equipo de la vicepresidenta de que no había más opción que la de entregar a los detenidos a la Audiencia Nacional. El intento de José Luis Rodríguez Zapatero de poner orden el lunes, desde Polonia, en el enredo abierto en torno a la crisis del Alakrana se ha demostrado pues fallido.

Carnes abiertas

El ex ministro de Defensa Federico Trillo se comprometió a hacer un sacrificio «por vivísimo sentido de la responsabilidad» y garantizó que guardará silencio ante la gestión del Gobierno en el secuestro del Alakrana. «Se me abren las carnes», dijo, por tener que callar cuando los socialistas, cuando estaban en la oposición, arremetieron contra el Gobierno del PP en los casos del Yak-42 o los atentados del 11-M.

Trillo señaló que si son las familias de los marineros las que piden silencio «no será el PP» el que lo rompa y «estropee» la negociación. Denunció, no obstante, que el Gobierno ha impuesto el mutismo sólo cuando ha estado «entre el ridículo y la tragedia», y después de que pasaran días y días de «inactividad» desde el secuestro.

El dirigente del PP lamentó en Onda Cero tener que callarse «muchas cosas» sobre el atunero, pero se comprometió a «felicitar al Gobierno y a las familias» de los secuestrados si se logra, «Dios quiera», un desenlace satisfactorio.