El Tribunal Supremo estudia centralizar el 'caso Gürtel' para evitar el enredo judicial

El Tribunal Supremo estudia si debe centralizar el caso Gürtel para acabar con el embrollo judicial que ha supuesto la aparición de nombres de aforados e implicados de nuevas comunidades autónomas y más líneas de investigación que superan, con mucho, las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que por el momento centraliza las diligencias. Los magistrados del alto tribunal, hasta ahora reacios a hacerse cargo del tronco central del sumario, creen que una solución sería que instructores delegados del Supremo sean los que dirijan las investigaciones en las diferentes comunidades, aunque siempre bajo la coordinación de un magistrado desde Madrid.

La situación judicial del caso Gürtel se complica según avanzan las investigaciones y se abren nuevos frentes. La última dificultad procesal ha aparecido en el Supremo. Las pesquisas sobre las supuestas irregularidades cometidas por el ex tesorero del PP, el senador y aforado Luis Bárcenas, han sacado a la luz el nombre de José Manuel Fernández Santiago, Toti, ex consejero de Fomento de Castilla y León, actual presidente de las Cortes de esa comunidad y también aforado. La Brigada Antiblanqueo acusa a Fernández Santiago de haber recibido 39.000 euros de la trama corrupta por la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, en León, por 2,4 millones de euros a la empresa Teconsa, en una operación «fraudulenta» en la que la pieza central habría sido Bárcenas. El caso Toti, por ahora, se mantiene como un «apéndice» de las investigaciones sobre Bárcenas, pero la Fiscalía Anticorrupción ha pedido nuevas diligencias a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sobre otras adjudicaciones sospechosas de obras públicas en Castilla y León. El dilema, según fuentes judiciales, es si el Supremo debe proseguir la investigación de operaciones en esa comunidad en las que ya aparece el nombre de un aforado, pues es competente para ello, o debe dejarlo en manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como en su momento se hizo con los aforados de Madrid y Valencia.

Situación enmarañada

La situación en Madrid está igualmente enmarañada. El magistrado Antonio Pedreira tiene sobre su mesa desde hace un mes informes policiales sobre la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana, una cuestión que supera sus competencias, sobre todo si, de nuevo, aparecen nombres de dirigentes populares en esa región. Algo similar ocurre con las investigaciones sobre pagos al PP en Galicia a través del entonces secretario de Organización en esa comunidad, Pablo Crespo, hombre de confianza del jefe de la red, el empresario Francisco Correa. Esas supuestas irregularidades también son competencia de Pedreira.

Tanto el TSJM como el Supremo mantienen abiertas investigaciones, que a veces se solapan, sobre las redes de blanqueo de capitales en paraísos fiscales. Unos entramados que, según las pesquisas de la unidad de delitos monetarios, podrían compartir imputados en ambos tribunales. Por el momento, y hasta tomar una decisión sobre este embrollo, el instructor del Supremo, Francisco Monterde, ha acordado prorrogar un mes más el secreto del sumario para no desvelar las gestiones que se realizan para tratar de localizar el dinero supuestamente opacado por Bárcenas y otras investigaciones que podrían interferir en el sumario que instruye Pedreira.