Los 'tories' se lanzan a la lucha contra el fraude social

El líder conservador británico, David Cameron, inauguró ayer la última conferencia de su partido antes de las elecciones que se celebrarán en la primera mitad de 2010 con la presentación de una propuesta de reforma del sistema de Seguridad Social que reduzca drásticamente el número de receptores del subsidio de invalidez.

Esa proposición, que pretende reducir el coste de cerca de 15.000 millones anuales de euros al presupuesto público, es una política popular, porque la percepción cotidiana entre los británicos es que hay receptores del subsidio que no están incapacitados para el trabajo o que los hacen ilegalmente mientras cobran la subvención pública. Es una reforma que han querido impulsar sucesivos gobiernos desde los años ochenta.

El autor del informe en el que se basa la política de los conservadores es David Freud y elaboró una propuesta similar para el Gobierno laborista en 2007. Insatisfecho con la respuesta del Ejecutivo de Gordon Brown, Freud, banquero de profesión, cruzó la frontera partidista y se convirtió en asesor de Cameron.

Unos 2,5 millones de personas reciben ahora el subsidio. Cuando se introdujo, en 1971, fue solicitado por 750.000 personas. Freud cree que ése es más o menos el número de solicitantes legítimo. A los pocos años se había doblado. Y la persistencia de los receptores a lo largo del tiempo más las nuevas solicitudes ha llevado a las cifras actuales, que disfrazan el tamaño real del desempleo en Reino Unido.

Según Freud, sólo una tercera parte de los receptores está realmente incapacitada para el trabajo, pero el sistema de solicitud pasa por la certificación del médico de cabecera, que recibe una responsabilidad personal y quizás legal que se considera como la raíz del problema en la extensión de las cifras de receptores.

Lo chocante del anuncio de Cameron es que el Gobierno laborista también está intentando implementar una política de reducción del subsidio de incapacidad. Mientras que Brown quiere hacerlo mediante la introducción de nuevas evaluaciones, los conservadores han ideado otro sistema.

Mayor coste

En un primer paso, supondrá más coste para la maltrecha Hacienda pública. Unos 650 millones de euros se gastarán en la contratación de empresas privadas que evaluarán cada caso individual. Si la invalidez no se demuestra, el receptor será transferido al subsidio de desempleo, de 97 euros por semana a 70. Los conservadores creen que medio millón de personas serían en principio afectadas.

En otra iniciativa anunciada ayer, un Gobierno conservador introduciría reducciones en los impuestos de las nuevas empresas creadas durante su mandato en cuanto contraten a diez personas. Aunque el líder ofrecerá su gran discurso a la conferencia el próximo jueves, ayer dictó el tono de la asamblea del partido, que aspira a presentar como dispuesto para hacerse cargo del Gobierno.

«Esta semana miraremos a los ojos de la población británica -dijo Cameron- para decirle que conocemos la hondura de nuestros problemas y que sabemos lo difícil que serán algunas soluciones. Pero estamos unidos y dispuestos a llevar a este país a través de tiempos duros hacia días mejores».