Ciudadanos

Asociaciones de discapacitados censuran a la Junta por retirar el bebé a la madre isleña

El comité español de representantes de este colectivo pidió ayer que entreguen de nuevo la niña a los padres y califica la actuación de «discriminatoria»

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Lo ocurrido la semana pasada en la habitación 416 del hospital Puerta del Mar ha traspasado sus muros con tal intensidad que en el día de ayer el Comité Español De Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) envió un comunicado nacional para censurar la actuación de la Junta en la retirada del bebé a una pareja de minusválidos psíquicos sin recursos, y pedir que les sea devuelta la niña. CERMI aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España.

La Delegación provincial de Bienestar Social ya recalcó que el deseo es no romper la unión entre una madre y su hijo, pero que necesitan garantías de que ese menor no va a quedar en desamparo. De ahí que la decisión adoptada sea la de una retirada cautelar de la patria potestad hasta recabar toda la información sobre las posibilidades que tienen Sara y David de sacar a su pequeña hacia delante. Y es que a esta pareja se le han sumado demasiado factores en contra: la falta de medios, vivir en un domicilio sin luz ni agua y una discapacidad intelectual que comparten los dos jóvenes padres. Pese a todo, ambos quieren criar a su hija y en el caso del progenitor, tuvo que ser agarrado por la Policía cuando fueron a llevarse a la pequeña. «Es aberrante y discriminatoria la actuación de los servicios sociales», decía ayer CERMI, quien apeló a un documento, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, para «reclamar el derecho» que tiene este colectivo a ser padres y a no ser discriminados.

Provisión de apoyos

La fórmula que propugna este comité nacional para salvar la difícil situación de Sara y David es «la provisión de servicios de apoyo adecuados. Ésa es la actuación que se hubiera tenido que dar desde la Administración Pública», la cual ya ha advertido que no puede hacerse cargo de la madre porque no está incapacitada judicialmente.

El CERMI concluye su comunicado solicitando el restablecimiento inmediato y adecuado de la situación, devolviendo de inmediato la niña a su madre y fijando los apoyos necesarios para garantizar las condiciones adecuadas y dignas para el bebé y sus padres.

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