El tribunal deberá perfilar las bases de la futura financiación autonómica
Los miembros del Constitucional se saben en parte culpables del retraso en la renovación de los cinco magistrados que deben ser sustituidos: nadie moverá un dedo hasta que la corte, en su actual composición, resuelva el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, es decir, que ponga los cimientos del nuevo Estado de las autonomías. Y eso, que se esperaba para estas Navidades, ya no ocurrirá antes de Semana Santa de 2009.
Actualizado: GuardarLa culpa, la financiación catalana. Según fuentes del Constitucional, los debates sobre las disposiciones del estatuto que fijan cantidades concretas que el Estado se reconoce obligado a entregar a Cataluña como compensación a su histórico déficit de inversiones está encallado, lo que está retrasando la resolución de todo el recurso. Ninguno de los magistrados de la corte ignora que, en el fondo, están discutiendo la futura financiación autonómica, que el Gobierno retrasa a la espera de que escampe la crisis, pero también de que el tribunal perfila las líneas maestras.
El pleno del Constitucional necesita todavía semanas para cerrar los numerosos aspectos del extenso recurso del PP pendientes de respuesta. Según las fuentes citadas, la ponente, Elisa Pérez Veiga, podría empezar a redactar un borrador de sentencia a finales de febrero o en el arranque de marzo.
Ése sería el comienzo del final de un trámite que todavía deberá superar algunos complejos debates plenarios antes de que el tribunal esté en condiciones de notificar una sentencia que, a buen seguro, no será unánime y contará con varios votos particulares. El calendario, para entonces, habrá entrado ya en la primavera.
El Gobierno, mientras tanto, espera y desespera. La financiación catalana, por mandato del estatuto, que es ley orgánica, debía estar cerrada el pasado 8 de agosto. La vicepresidenta De la Vega arrancó a las fuerzas catalanas una tregua que vence a finales de año. El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ya ha insinuado que el acuerdo puede demorarse aún más. «Puede estar el 1 de enero o puede estar, aunque sea un poco después, referenciado al 1 de enero», avanzó. Cuando se conozca la resolución del Constitucional, el Gobierno acelerará los trámites para cerrar con la Generalitat un acuerdo en torno a la aportación del Estado a las cuentas públicas catalanas. Sólo después, maniobrará para acordar con el PP la renovación del Constitucional. Hasta entonces, los magistrados de la corte deberán soportar, estoicos, el chaparrón que les espera cuando la sentencia sobre el Estatut vea la luz.
