ESPAÑA

El Gobierno promete reformas legales para sacar a ANV de las alcaldías

De la Vega alega que la normativa actual no permite su expulsión El nuevo texto, en todo caso, no estará listo antes de seis meses

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El Gobierno renuncia a intentar la disolución inmediata de los ayuntamientos gobernados por ANV. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, alegó ayer que con la actual legislación, modificada ex profeso en 2002 para hacer frente a este tipo de circunstancias, resulta «prácticamente imposible» sacar a la formación ilegalizada de las corporaciones locales. La única forma de lograrlo, dijo, es una nueva reforma legislativa sobre la que ya están trabajando los servicios jurídicos del Estado y con la que se pretende impedir que miembros de un partido proscrito puedan «gobernar» un municipio.

El Ejecutivo respondió así a la última petición del Partido Popular para que se aplique el artículo 61.2 de la ley de Bases de Régimen Local, que prevé la disolución de corporaciones que desempeñen una gestión «gravemente dañina para los intereses generales», en especial, cuando «den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen». La negativa de los concejales y el alcalde de ANV a condenar el asesinato del empresario Ignacio Uria ha encendido de nuevo un debate que ya se dio tras la muerte de Isaías Carrasco y que los populares agitaron en numerosas ocasiones en la pasada legislatura pero que, según el Gobierno, tiene difícil solución.

Una cosa, según señalan fuentes gubernamentales, es actuar contra ayuntamientos concretos y es posible que se haga sin esperar a la reforma. Pero lo que se descarta es intentar sacar de una sola tacada a ANV de todos los consistorios en los que gobierna. La Abogacía del Estado elaboró el mes pasado un informe en el que concluyó que la exigencia de pruebas de que el apoyo al terrorismo se produce de forma «grave y reiterada» impide una actuación indiscriminada.

En el estudio se señalaba que sería necesario achacar a cada uno de los ayuntamientos actuaciones similares a la constitución de «comisiones de presos y represaliados» en los consistorios de Elorrio (Vizcaya) y Hernani (Guipúzcoa), y el aplauso público de la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, a los etarras que volaron el aparcamiento de la T-4. Sin embargo, fuentes cercanas a la vicepresidenta insisten en que resultaría complicado incluso actuar contra la corporación de Azpeitia porque, al margen de lo que hayan hecho los concejales de la formación ilegalizada, «el ayuntamiento ha condenado el crimen con los votos de PNV, EA y Aralar». «No pueden pagar justos por pecadores», aducen las mismas fuentes.

Viabilidad poco clara

La viabilidad de la reforma que anunció el Ejecutivo, en todo caso, tampoco está clara. Las citadas fuentes insisten en que se trata de un asunto muy «complejo» y en el que hay que actuar con «mucha precisión» para no chocar con los preceptos constitucionales. La vicepresidenta primera adelantó que una vez los servicios jurídicos del Estado den su respuesta, se abrirá un diálogo con todos los grupos para recabar el máximo consenso. No se buscará en ningún caso un procedimiento de urgencia. Y, según las previsiones, el nuevo texto tardará «unos seis meses» en estar listo. Es decir, su tramitación será posterior a la campaña de las elecciones autonómicas del País Vasco. La número dos del gabinete de Zapatero hizo ver, aun así, que la voluntad política del Gobierno no faltará, al asegurar que no seguirá el «juego» de quienes se «parapetan» en sus actas de electos, y justificó sus reparos a la propuesta del PP en la necesidad de ser «muy escrupuloso con el cumplimiento de las leyes». Se da la paradoja de que fue el PSOE, con Álvaro Cuesta a la cabeza, el que, en 2002, propuso la modificación de la ley de Bases de Régimen Local que ahora el Gobierno considera inservible. Esa reforma perseguía el aislamiento de Batasuna, pero nunca se aplicó. La disolución de los ayuntamientos no es la única medida de exclusión de ANV que el Ejecutivo ha desechado. De la Vega descartó privar a los ayuntamientos gobernados por la formación del fondo de 8.000 millones de euros anunciado por Zapatero con el argumento de que su objetivo es ayudar a los ciudadanos y hace mucho tiempo que los vascos «dieron la espalda a la violencia y dijeron no a ETA».