El Congreso argentino aprueba el proyecto de Ley que permitirá expropiar Aerolíneas a Marsans

La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado el proyecto de ley que permitirá la expropiación de Aerolíneas Argentinas y sus filiales al grupo español Marsans. Tras el sí al proyecto obtenido por 152 votos a favor, con 84 en contra y una abstención, en un debate que ha durado seis horas y media, el texto ahora tendrá que se debatido en el Senado.

El proyecto que se ha aprobado en la Cámara Baja propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación". Una declaración que también alcanza al resto de las compañías controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa). Aunque no se expropiarán las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5%) y de los casi 9.000 trabajadores de la firma a través del Programa de Propiedad Participada (0,59%).

Las principales fuerzas de la oposición han defendido en el debate su postura, a favor de la "recuperación" de la empresa, pero no de que la compañía sea expropiada en su conjunto. Pretendían que se expropiaran sólo los activos utilizables para que el Estado no tuviera que hacerse cargo de la pesada de deuda de Aerolíneas, cercana a los mil millones de dólares. "Estamos asumiendo una deuda fenomenal que el pueblo argentino no contrajo y que es por lo menos fruto de un manejo brutal empresarial y de la incapacidad brutal de control a la empresa", ha dicho el diputado Jorge Sarghini, del peronismo disidente.

Finalmente, el oficialismo ha introducido en el proyecto original un artículo que aclara que el Estado sólo se hará cargo de las "deudas legítimas", que deberán ser identificadas y diferenciadas de las "ilegítimas" generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.

Aerolíneas seguirá volando

Una vez que esta iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino ejercerá, por medio de un organismo, "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", señala el proyecto, que señala también que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas.

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

Según esta norma, una vez declarada la utilidad pública de un bien, quien lo expropia -en este caso el Estado nacional- "podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación". Precisamente, fue esta institución pública la que ya valuó Aerolíneas Argentinas y determinó que la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que el Estado no debería pagar nada o un "valor simbólico" de un peso. Una cantidad que no comparte Marsans, dueño del 94,41% de Aerolíneas, que asegura que la compañía vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

En caso de que no haya acuerdo "respecto del valor de los bienes", la cuestión debe resolverse mediante un juicio sumario. En este caso, el proyecto que debate la Cámara de Diputados recoge que será la Procuración del Tesoro la que promoverá "el juicio de expropiación respectivo". Ante la negativa de Marsans de vender la compañía al Estado por un "valor simbólico", la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recomendó hace dos semanas debatir esta ley de expropiación.