Causa imposible
Como era de esperar, la extravagante iniciativa procesal del juez Garzón sobre los crímenes del franquismo ha concluido de forma abrupta. Las 'dudas' que manifestaba entonces sobre la defunción de los responsables de la sublevación de 1936 han quedado rápidamente disipadas, lo que ha provocado el derrumbe del castillo de naipes construido en el auto dictado en octubre. En él, Garzón se arrogó la competencia sobre aquellos crímenes mediante una argucia jurídica de escaso recorrido. La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para juzgar los delitos contra los altos organismos de la Nación (artículo 65); por tanto, bastaba con calificar así la sublevación de 1936 y considerar derivados de la misma todos los delitos de desaparición de personas cometidos con posterioridad para atribuirse la competencia sobre todo ello.
Actualizado: GuardarAl margen de que la calificación jurídico-penal otorgada a la sublevación era manifiestamente inadecuada, pues sólo puede calificarse como 'rebelión militar' (para la que no sería competente la Audiencia Nacional), la «constatación» de que los autores de la misma ya han fallecido obligaba a cerrar la causa penal, como resuelve el auto dictado ayer. Por lo demás, éste incluye alusiones a delitos nuevos, como el de sustracción de menores, en lo que parece más una denuncia que el contenido de un auto judicial.
Conviene recordar, en medio de tanta polémica, que la jurisdicción penal investiga hechos para castigar a personas con el fin de restaurar la justicia (penal) y que no es el medio para denunciar hechos ni promover cambios legislativos. Es verdad que, como dice Garzón, «no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política». Como tampoco lo es -cabe añadir- ejercer como juez de instrucción que como precursor de iniciativas legales, para las que ya existe un Parlamento con mandato soberano, encargado de aprobar la Ley de Memoria Histórica tras una ardua y fructífera negociación que mejoró sustancialmente el proyecto presentado por el Gobierno.
