Lissavetzky: «El ordenamiento jurídico se está respetando»

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, no ve ilegalidad alguna en el retraso de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF) y considera que los controles sobre las subvenciones destinadas al organismo que encabeza Ángel Villar se han reforzado lo suficiente para corregir las presuntas irregularidades cometidas durante los años 2002 y 2003. Así lo manifestó ayer en su comparecencia en la Comisión de Educación, Política Social y Deporte del Senado, al responder sobre las presuntas faltas cometidas por la FEF en el proceso electoral convocado para el 24 de noviembre. Según la Orden Ministerial aprobada el 8 de diciembre de 2007, las federaciones que no estuvieran presentes en los Juegos de Pekín debían adelantar sus comicios para que se celebraran antes de la cita olímpica. Sin embargo, Ángel Villar se negó a convocar las elecciones en el primer trimestre de 2008 y decidió esperar hasta finales de año, cuando cumple su mandato. El presidente de la FEF se escudó en la normativa de la FIFA que impide la injerencia gubernamental en los procesos electorales. El presidente del organismo internacional, Joseph Blatter, llegó a amenazar con excluir a la selección española y a los clubes españoles de las competiciones internacionales, es decir, de la Eurocopa, de la Champions y de la UEFA. «El ordenamiento jurídico español se está respetando. Nos pidieron el aplazamiento para que las elecciones no afectaran al rendimiento de la selección en el Europeo», aseguró Lissavetzky.

Según el secretario de Estado, se pidió consejo a la Junta de Garantías Electorales, que avaló el aplazamiento de los comicios.

Además, se felicitó por si la medida favoreció la consecución del título continental. «Todo cumple la Ley», insistió. Sobre las imputaciones de varios directivos de la federación por presuntas irregularidades en la gestión económica, Lissavetzsky recordó que los hecho se desarrollaron antes de su nombramiento. Aun así, confirmó que de 2004 a 2007 se mantuvo la congelación de las subvenciones condicionadas a una adecuada justificación: «No se pagó nada a la FEF durante esos años. Por tanto, no creo que haya habido pasividad por parte del Consejo Superior de Deportes».

4,3 millones recuperados

El secretario de Estado recordó que se reforzaron los servicios de control, duplicando los técnicos encargados de inspecciones y que se incoaron tres expedientes de reintegro de ayudas estatales por valor de 4,3 millones de euros, que la federación tuvo que devolver. También informó que las auditorias en el organismo que preside Villar «han pasado de tener una opinión no favorable en 2004 a una favorable en los años siguientes».

Otra de las cuestiones planteadas fue la restitución de las subvenciones otorgadas para la construcción de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. Para Lissavetzky, la sentencia de los tribunales anula la titularidad de la FEF en los terrenos, que pasa a manos del Consistorio, pero no por irregularidades en la construcción relativas al Consejo Superiro de Deportes, sino debido a motivos de carácter urbanísticos que competen al Ayuntamiento de Las Rozas. También debió responder sobre la actuación de la Administración ante la imputación de varios directivos de la FEF por irregularidades económicas. El secretario de Estado declaró que lo primero que hizo cuando llegó al cargo fue solicitar a la Abogacía del Estado que se personara en la causa, como hizo la Fiscalía Anticorrupción, pero argumentó que no tiene facultad para tomar medidas contra los acusados: «La investigación todavía no ha terminado. Las medidas cautelares las toma el juez, no el Consejo Superior de Deportes. No tiene legalidad ni competencia. Si hay fraude fiscal, tendrá que ser, llegado el caso, la Agencia Tributaria la que actúe».