ESPAÑA

Julián Muñoz obtiene el tercer grado y podrá salir pronto de la cárcel

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha aprobado conceder a Julián Muñoz el tercer grado penitenciario, por lo que el ex alcalde de Marbella podría abandonar la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) a lo largo de esta semana. La decisión se produce dos meses después de que la Junta de Tratamiento del penal diese el visto bueno a la nueva clasificación de Muñoz, que permanece encarcelado desde 2006 y que en la actualidad cumple condena por tres causas urbanísticas.

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La decisión de Instituciones Penitenciarias fue comunicada oficialmente a la prisión durante la mañana del pasado viernes, aunque todavía tendrá que remitir por correo ordinario el expediente del interno y la notificación formal. Una vez llegue esta comunicación, la prisión de deberá determinar si Muñoz disfruta del tercer grado portando una pulsera que le permita estar localizado permanentemente -y permaneciendo en su casa antes de las 23.00 horas- o bien, como es habitual en este tipo de casos, si duerme en su domicilio todos los fines de semana y sólo acude al centro penitenciario las noches del domingo a jueves.

Muñoz ingresó en prisión en julio de 2006 a consecuencia de la segunda fase de la 'operación Malaya' contra la corrupción urbanística y municipal en Marbella, proceso por el que quedó en libertad tras el pago de una fianza.

Tres condenas

En la actualidad, el ex alcalde permanece ingresado en la cárcel en cumplimiento de tres condenas de un año cada una por delitos urbanísticos, por lo que ya habría cumplido las dos terceras partes de la pena, requisito exigible para poder acceder al tercer grado penitenciario que ahora le ha sido concedido.

Precisamente su buen comportamiento en prisión y la buena actitud demostrada durante los distintos permisos que le han sido concedidos en este tiempo favorecieron que la dirección de la cárcel le propusiera para el tercer grado. No obstante, Julián Muñoz todavía tiene pendientes diversos procedimientos judiciales, parte de los cuales han sido agrupados en un bloque al considerarse delito continuado y, gracias a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, sólo tendrá que cumplir por ellos un máximo de tres años, el triple de la pena solicitada para dicho delito, según establece el código penal.