Un experto en ETA, desconocido por la opinión pública

El candidato elegido por el Gobierno para presidir el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, es un magistrado de profundas convicciones religiosas especializado en la lucha contra ETA que lleva 28 años destinado en la Audiencia Nacional, los últimos siete como presidente.

A pesar de ser el magistrado más antiguo de este tribunal, el más mediático de los españoles y hábitat natural de los llamados "jueces estrella" -como Baltasar Garzón, Fernando Grande-Marlaska o Javier Gómez Bermúdez-, Dívar ha procurado mantenerse siempre alejado de los focos, lo que le ha permitido seguir siendo desconocido para la opinión pública.

Esa vocación de anonimato, sin embargo, no debe interpretarse como voluntad de permanecer al margen de los problemas: durante la instrucción del sumario por los atentados del 11-M, y cuando más arreciaban los ataques de ciertos medios al juez instructor, Dívar no dudó en dar un paso al frente y salir en su defensa.

Sucedió en marzo de 2006, dos años después de la masacre, cuando la "mochila de Vallecas" acaparaba titulares: Dívar se hizo el encontradizo en una escalera con los periodistas que cubren la información de la Audiencia, dijo que el sumario iba bien y que se concluiría bien y terminó recomendando "a quien esté alterado" que se tomara un tranquilizante. El mensaje fue entendido.

Fama de "duro" con ETA pero con vocación educadora

Su discreción le ha hecho salir también indemne de las polémicas en las que a menudo se ha visto envuelta la Audiencia Nacional -casi siempre alimentadas por los egos de sus ocupantes-, pero no le impide mantener un trato afable con sus compañeros, con los periodistas e incluso con muchos de los imputados a los que toma declaración. Así, más de un joven acusado de cometer actos de violencia callejera se ha ido a casa con una reconvención más paternal que judicial y con algún dinero salido del bolsillo del propio magistrado para el trayecto de vuelta.

A pesar de ello, Dívar tiene fama de ser un "duro" en la lucha contra ETA, que ha vivido en primera persona desde los años ochenta, cuando la Justicia española se enfrentaba a menudo a la incomprensión de sus colegas del otro lado de la frontera: "En la década de los ochenta todavía Francia no había entendido que los detenidos de ETA no eran presos políticos y sentí la soledad, la soledad de que el flagelo terrorista era el gran problema que tenía España, que tenía nuestra sociedad, y que estábamos solos no sólo frente a Francia, sino que también los estábamos en el mundo", decía el año pasado.

En esa entrevista, en la que daba testimonio de lo mucho que ha cambiado la situación desde entonces y admitía que "sin ayuda de Francia, en los últimos años no hubiéramos llegado a las metas que hemos alcanzado hoy en la lucha contra ETA", no ocultaba que, en su opinión, la principal amenaza en la actualidad ya no es ETA, sino el terrorismo islamista.

Su visión religiosa podría abrir debates en el CGPJ

Ahora, este malagueño de casi 67 años -los cumplirá la próxima Nochevieja- abordará estos asuntos desde una nueva óptica, como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Su experiencia en la lucha contra el terrorismo -aparte de su paso por la Audiencia Nacional ha ejercido como magistrado en lugares como Durango (Vizcaya) o San Sebastián- no deja lugar a dudas sobre su postura, pero su catolicismo declarado abre la incógnita de cuál será su posición ante algunos de los debates que deberá abordar el poder judicial.

Así, y si el Gobierno sigue adelante -como ha anunciado- con la reforma de la Ley del Aborto y la regulación del suicidio asistido, el Poder Judicial tendrá que informar obligatoriamente sobre estas dos cuestiones.

Su perfil le asegura el próximo miércoles los votos de los vocales elegidos a propuesta del PP -ya consiguió la unanimidad de este órgano en la votación en la que fue reelegido como presidente de la Audiencia Nacional-, pero también garantiza que, esta vez sin posibilidad de escapatoria, los focos se posen sobre él cada vez que tenga que pronunciarse sobre un tema polémico.